El constitucionalista Eduardo Barcesat cuestionó duramente el proceso licitatorio de la denominada Hidrovía Paraná-Paraguay, denunció la existencia de informes ambientales inexistentes y documentación presuntamente falsa presentada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, y reclamó la suspensión inmediata del proceso. Además, advirtió sobre la pérdida de control argentino sobre puertos y recursos estratégicos, cuestionó la intervención sobre el puerto de Ushuaia y criticó con dureza al Gobierno fueguino por no avanzar en acciones concretas para proteger la soberanía provincial frente a la Nación, los acuerdos internacionales y la presencia extranjera en el Atlántico Sur.
Río Grande. – El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat lanzó una fuerte advertencia sobre el proceso licitatorio de la llamada Hidrovía Paraná-Paraguay y denunció una serie de presuntas irregularidades que, según sostuvo, comprometen no sólo la legalidad administrativa de la concesión, sino también el control soberano argentino sobre recursos estratégicos y vías navegables fundamentales para el país.
En declaraciones a FM del Pueblo, Barcesat confirmó que junto al ex diputado Jorge Taiana y otras personalidades presentaron un proyecto de resolución para reclamar la suspensión del proceso licitatorio impulsado por el Gobierno nacional.
“Hay cuatro denuncias referidas al tema de la hidrovía del río Paraná, mal llamado hidrovía o vía navegable troncal, que están radicadas ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas”, explicó.
El constitucionalista recordó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) ya había intervenido en procesos anteriores vinculados a la licitación de la vía navegable y que, incluso, logró paralizar procedimientos anteriores por falta de estudios ambientales obligatorios.
“La PIA ya tuvo conocimiento e intervención en anteriores licitaciones que fueron paralizadas porque no tenían el informe medioambiental requerido para toda obra pública. Y más cuando se trata de un río, humedales y todo el ecosistema vinculado”, remarcó.
Barcesat sostuvo que uno de los puntos más graves detectados en la actual licitación es la inexistencia de estudios ambientales serios y la aparición de documentación presuntamente falsa atribuida a organismos internacionales.
“No se hizo ningún estudio ambiental. Y las irregularidades aparecieron cuando se atribuyó que había un informe de la UNCTAD diciendo que estaba todo bien y que empresas belgas podían realizar estas obras sin inconvenientes”, denunció.
Según detalló, el supuesto informe presentado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación incluía además recomendaciones para que una tercera empresa ejecutara las obras, lo que —a su criterio— buscaba desviar futuras responsabilidades legales.
“Todo daño ambiental o daño a terceros recaería sobre una entidad que todavía ni siquiera fue creada y que tendría que responder por daños ambientales o afectaciones a personas y bienes”, explicó.
El abogado aseguró que, frente a estas “rarezas”, la PIA solicitó a Naciones Unidas verificar la autenticidad del material presentado.
“La PIA pidió a la Organización de Naciones Unidas que ratifique si ese informe realmente pertenece a técnicos propios de la UNCTAD o si es falso”, señaló.
En ese contexto, reveló que hasta el momento sólo se remitió un resumen ejecutivo de dos páginas que no coincide con el extenso documento de 112 páginas utilizado por el organismo nacional para avanzar con la licitación.
“Lo único que se consiguió hasta ahora es un resumen ejecutivo de dos páginas que nada tiene que ver con el informe de 112 páginas que presentó la Agencia Nacional de Puertos y Navegación”, sostuvo.
Además, denunció inconsistencias en las firmas y acreditaciones técnicas del supuesto informe.
“Encontramos que las firmas fueron prácticamente fotocopiadas, en el informe aparecen firmas sin aclaración y sin ningún currículum que diga quiénes son esos expertos que hacen recomendaciones tan audaces”, afirmó.
Barcesat remarcó que “el documento ni siquiera aborda uno de los aspectos centrales del proyecto, el impacto ambiental derivado del dragado.
“No dicen absolutamente nada sobre dónde va a ir a parar el lodo removido del fondo del río, eso puede afectar humedales, tomas de agua, cloacas y generar enormes problemas para las poblaciones ribereñas”, alertó.
El constitucionalista consideró que las irregularidades detectadas podrían configurar directamente un fraude administrativo.
“Hay tantas irregularidades y rarezas que ya directamente uno podría hablar de fraude”, disparó.
En ese sentido, sostuvo que la PIA tiene facultades suficientes para actuar nuevamente y avanzar con medidas que paralicen el proceso licitatorio.
“Queremos creer que la PIA va a honrar su prestigio profesional disponiendo lo que corresponda respecto de este proceso licitatorio actual”, expresó.
Durante la entrevista, Barcesat también advirtió que el proyecto impulsado por el Gobierno nacional afectaría directamente al Canal Magdalena y profundizaría la dependencia logística argentina respecto de Uruguay.
“El proyecto que intenta aprobar la administración de puertos significaría llenar de lodo al Canal Magdalena, que debería ser la salida argentina por puertos argentinos de lo que produce la Argentina”, afirmó.
Y agregó: “Tal como está planteado el pliego, las embarcaciones tendrían que desviarse por el canal Punta Indio hacia el puerto de Montevideo. Eso implica perder el control sobre qué carga se lleva, cuánto se lleva y qué sale del país”.
Para Barcesat, detrás de la discusión técnica existe una estrategia geopolítica mucho más profunda vinculada al control del Atlántico Sur y al desarrollo de los puertos argentinos.
“Todo esto forma parte de una estrategia geopolítica para favorecer el desarrollo de nuestro litoral atlántico y recuperar la actividad de los puertos argentinos”, sostuvo.
En ese marco, vinculó directamente la situación de la Hidrovía con el escenario que atraviesa Tierra del Fuego y lanzó fuertes críticas hacia el Gobierno provincial por la falta de acciones concretas en defensa de la soberanía.
“Hay una actitud en la actual gobernación de la que soy profundamente crítico”, afirmó.
Barcesat recordó que “mantuvo reuniones con el gobernador Gustavo Melella desde su etapa como intendente de Río Grande y aseguró que impulsó distintas iniciativas que nunca avanzaron”.
“Propusimos denunciar los acuerdos Madrid I, Madrid II, Foradori-Duncan y ahora Mondino-Lammy, porque nunca fueron puestos a consideración del Congreso Nacional. Pero hasta ahora no se hizo nada”, cuestionó.
Asimismo, sostuvo que también promovió una ley provincial para proteger los recursos naturales y estratégicos fueguinos ante el endeudamiento nacional.
“Propusimos una ley declarativa para establecer que las riquezas y recursos naturales de Tierra del Fuego no pueden quedar indirectamente en garantía del repago de la deuda externa”, indicó.
Sin embargo, lamentó que la provincia no haya avanzado en ninguna de esas iniciativas.
“Tierra del Fuego tendría que ser la más interesada en proteger sus recursos y su soberanía, pero no ha hecho nada”, disparó.
El constitucionalista también cuestionó la intervención sobre el puerto de Ushuaia y sostuvo que existieron errores jurídicos por parte del Ejecutivo provincial.
“No entiendo por qué la provincia presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad ante un juzgado de primera instancia cuando ese tipo de conflictos entre Nación y provincia son competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema”, señaló.
Además, vinculó la situación fueguina con otros temas sensibles, como la instalación del radar en Tolhuin y los proyectos de presencia militar extranjera en el sur argentino.
“Lo del puerto, lo del radar en Tolhuin y las previsiones de una futura base militar de Estados Unidos complementada con presencia de la OTAN forman parte de un mismo problema”, advirtió.
Y concluyó con una fuerte definición sobre el escenario actual señalando que “si descuidamos así nuestra soberanía territorial y nuestras riquezas y recursos naturales, estamos fritos”.
