El ex juez electoral de Tierra del Fuego, Isidoro Aramburu, defendió con firmeza la decisión de la jueza electoral Mariel Zanini de dar intervención previa al Ministerio Público Fiscal antes de avanzar con el cronograma electoral para convencionales constituyentes y aseguró que la provincia atraviesa “un claro choque de poderes” entre el Ejecutivo y la Legislatura. Advirtió que la Justicia Electoral no puede abstraerse del conflicto político generado por la derogación de la ley de necesidad de reforma constitucional, sostuvo que el Superior Tribunal es el órgano competente para resolver el enfrentamiento institucional y cuestionó duramente el clima de confrontación que atraviesa la política fueguina. “A la sociedad castigada por la crisis social y económica hay que llevarle tranquilidad, no generarle más zozobra”, alertó.
Río Grande.- En medio de la creciente tensión institucional por la reforma constitucional en Tierra del Fuego, el ex juez electoral de la provincia, Isidoro Aramburu, salió públicamente a respaldar la actuación de la jueza electoral Mariel Zanini y sostuvo que la decisión de solicitar intervención del Ministerio Público Fiscal antes de continuar con el proceso electoral convocado para agosto responde a la gravedad del conflicto político y jurídico que enfrenta hoy a los poderes del Estado provincial.
En una extensa entrevista concedida a Radio Provincia, Aramburu describió el escenario actual como un “choque de poderes” entre el Ejecutivo provincial y la Legislatura, a partir de la derogación de la ley 1529 de necesidad de reforma constitucional y el posterior veto del Poder Ejecutivo.
“Estamos frente a un choque de poderes, el Poder Ejecutivo, por un lado, insiste con realizar la reforma de la Constitución provincial de Tierra del Fuego, y la Legislatura, en su nueva conformación, ha emitido una ley que derogó la ley 1529 de necesidad de la reforma”, explicó.
El ex magistrado señaló que “el conflicto institucional se profundizó aún más con el reciente veto del Ejecutivo a la norma sancionada por la Legislatura y advirtió que ahora se abre un abanico de posibles escenarios políticos y jurídicos”.
“La Legislatura provincial puede insistir con las dos terceras partes, puede archivar el veto porque considera que esa ley no puede ser vetada, o puede rechazarla y judicializar, hay muchas posibles especulaciones que podamos hacer quienes estamos mirando de cerca este contexto”, analizó.
Según Aramburu, la alternativa “más normal y económica en cuanto a los tiempos podría ser la insistencia legislativa para rechazar el veto del Ejecutivo”, aunque aclaró que “existe una fuerte discusión doctrinaria respecto de la posibilidad misma de vetar este tipo de leyes vinculadas al poder constituyente”.
“Hay una corriente doctrinaria muy importante, y si uno analiza el texto de la Constitución provincial parecería ser así, que este tipo de leyes no pueden ser vetadas”, afirmó.
Y desarrolló que “vos fijate que en el capítulo del poder constituyente de la Constitución provincial, una vez que la Legislatura establece la ley de necesidad de la reforma, la envía al Poder Ejecutivo para que, sin más trámite, la promulgue, es decir, no da la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda vetarla”.
En ese contexto, el ex juez electoral consideró absolutamente razonable y prudente la “decisión adoptada por la jueza electoral Mariel Zanini de correr vista al Ministerio Público Fiscal antes de avanzar con el proceso electoral”.
“Ese escenario controvertido, de claro choque de poderes, es el que fundamenta muy seriamente la actitud de la Justicia Electoral de correr, con carácter previo a todo, traslado al equipo fiscal”, sostuvo.
Aramburu explicó que “el Ministerio Público Fiscal, como órgano autónomo e independiente, debe intervenir precisamente para analizar la legalidad de los actos de gobierno y evaluar las implicancias institucionales del conflicto”.
Consultado sobre qué ocurriría si la Legislatura insiste con la derogación de la ley, el ex magistrado fue categórico al resaltar que “en caso de insistencia, inmediatamente la nueva ley cobra plena vigencia y eficacia, y queda desterrada, por ahora, toda posibilidad de la reforma constitucional”.
Sin embargo, aclaró que “igualmente podría existir una posterior judicialización, aunque dejó en claro que, a su entender, se trata de un conflicto eminentemente político y no judicial”.
“La posibilidad de judicialización siempre está, es un derecho de todo ciudadano y de todo poder, pero en un contexto como el que estamos describiendo, claramente estaríamos frente a una cuestión política no justiciable”, afirmó.
A lo largo de la entrevista, Aramburu insistió varias veces en que la Justicia Electoral no puede actuar ignorando el contexto político e institucional que atraviesa actualmente la provincia.
“Vos no podés abstraerte de la realidad política que está suscitándose en este momento en Tierra del Fuego”, remarcó.
Y agregó que “nadie puede esconder la cabeza abajo de la tierra y decir ‘yo no me enteré del conflicto de poder que hay, no me enteré de la ley nueva, no me enteré de la nueva conformación de la Legislatura que no quiere reformar la Constitución porque hoy constata una situación de crisis económica y social muy severa’”.
Para el ex juez electoral, justamente por ese escenario de incertidumbre política y jurídica, el Poder Judicial debe actuar con extrema cautela.
“Frente a ese choque de poderes, el Poder Judicial Electoral tiene que ser muy cauteloso, muy prudente, porque finalmente estamos ante una situación que claramente no es competencia del juzgado electoral”, explicó.
En ese sentido recordó que “el artículo 157 de la Constitución provincial establece que, ante conflictos entre poderes del Estado provincial, la competencia originaria corresponde al Superior Tribunal de Justicia”.
“Es importante esta vista al fiscal para que se expida sobre la legalidad, sobre la competencia y sobre los derechos legítimos de la ciudadanía, porque es una cuestión de orden público”, indicó.
Aramburu también respondió a las críticas lanzadas desde sectores políticos que acusan a la Justicia de actuar con lentitud o de interferir políticamente en el proceso institucional.
“No, por todo lo que te acabo de decir, en absoluto”, respondió cuando le preguntaron si consideraba que la Justicia fueguina estaba jugando políticamente.
Por el contrario, sostuvo que “la incertidumbre actual no fue generada por la Justicia Electoral sino por los propios poderes políticos”.
“La Justicia estaba presta a iniciar el proceso electoral cuando vino la ley de la reforma, entonces frente a este nuevo escenario político de incertidumbre legal, no provocada por la Justicia Electoral, como dice erróneamente el jefe de Gabinete, sino porque los poderes políticos han generado incertidumbre, estamos en una especie de limbo jurídico donde tenemos que dejar pasar el tiempo para ver qué queda firme”, afirmó.
No obstante, el ex magistrado también reconoció las críticas que pesan sobre el funcionamiento judicial y admitió que la Justicia atraviesa una fuerte crisis de credibilidad.
“La Justicia provincial y nacional está muy bastardeada porque demoran, demoran, demoran, y causas que tienen intereses seguros van rápido y otras demoran años y años”, reconoció.
Aunque aclaró que no pretendía hacer “una defensa corporativa”, sostuvo que hablaba desde la experiencia acumulada durante más de cuatro décadas dentro del sistema judicial.
“Trabajé 45 años, he visto de todo, he andado por todo tipo de juzgados, he sido defensor oficial, he estado en la instrucción penal federal, conozco los avatares y conozco las instituciones”, relató.
En la parte final de la entrevista, Aramburu hizo un fuerte llamado a la responsabilidad política y a la moderación institucional, y advirtió que el clima de confrontación actual sólo profundiza la angustia social que atraviesa la provincia.
“Se sale con altura moral y ética, con profesionalismo, con cautela y con prudencia, y comprendiendo que cuando uno ejerce un cargo público no tiene impunidad, no puede hacer lo que quiere”, sostuvo.
“Lejos de tener privilegios, tiene más obligaciones para con la comunidad”, agregó.
El ex juez electoral también cuestionó el tono de algunas declaraciones públicas recientes de dirigentes políticos y funcionarios.
“Hay que tener mesura para ser funcionario público, porque a la sociedad castigada por la crisis social, económica y política hay que llevarle tranquilidad, no generarle más zozobra de la que ya tiene”, afirmó.
Y cerró con una reflexión crítica sobre el deterioro político e institucional del país al manifestar que “lo que exigimos los ciudadanos es que tengan serenidad, cautela y que le transmitan calma a la ciudadanía, dejemos que transcurran los plazos procesales y echemos luz, y no más conflicto, a una sociedad que ya viene cargada con mucha angustia por las penosas situaciones en que la partidocracia argentina la ha sumido”, concluyó.
