Con el secreto de sumario ya levantado, la investigación por la golpiza del 9 de mayo en el Pabellón B avanza tras el rechazo de la recusación contra la jueza Cataldo. El intento de tomar declaración a las tres víctimas quedó suspendido en junio por recomendación de un perito, y el director general del Servicio Penitenciario, Ariel Ciares, resiste en su cargo pese a los pedidos de renuncia.
Río Grande. – La causa que investiga los abusos y lesiones sufridos por internos de la Unidad de Detención N°1 de Río Grande entra en una nueva etapa. La jueza Cecilia Cataldo, ratificada al frente del expediente tras el rechazo de una recusación en su contra, levantó el secreto de sumario que pesaba sobre la causa. Ahora la investigación queda a la espera de nuevas medidas de prueba solicitadas por el fiscal Mayor Martín Bramati. Entre ellas, la más relevante: que finalmente puedan tomarse las declaraciones testimoniales de las víctimas, un paso que en este tipo de causas por abusos dentro del sistema penitenciario suele ser determinante para sostener las imputaciones, y que en un intento anterior debió suspenderse.
La golpiza que originó la causa
El hecho que dio origen al expediente ocurrió el 9 de mayo de 2026, cuando internos del Pabellón B de la Unidad de Detención N°1 sufrieron una golpiza. Las víctimas fueron identificadas como Gastón Iván Burgoa Albarracín (37), su hijo Alexis Maximiliano Burgoa Zapata (18) y Pedro de Jesús Flores (18), quienes permanecen alojados en una dependencia del Servicio Penitenciario en Ushuaia por razones de seguridad. La causa investiga a diez internos del Pabellón B como autores de la golpiza y los vejámenes, además de al personal penitenciario de la guardia de ese turno, bajo la hipótesis de una asociación ilícita entre las partes imputadas. La jueza Cataldo dispuso en ese momento el secreto de sumario, ahora ya levantado.
Ocho integrantes del Servicio Penitenciario fueron apartados preventivamente de sus cargos al quedar imputados en la causa.
Rechazaron la recusación contra la jueza Cataldo
Las defensas de dos de los diez internos imputados, Enoc Perpetto Silva y Maximiliano Perpetto San Justo, —a cargo de los abogados Francisco Ibarra y Maximiliano Palladino— recusaron a la jueza Cataldo. El planteo se basó en que la magistrada había mantenido entrevistas reservadas con las tres víctimas, junto a un equipo pericial interdisciplinario, para evaluar si estaban en condiciones de prestar declaración testimonial, sin la participación de las defensas. Para los abogados, esa actuación vulneró el derecho de defensa y afectó la garantía de imparcialidad.
La Sala Penal de la Cámara de Apelaciones, con los jueces Federico Vilella y Julián de Martino, rechazó el planteo el 3 de julio y ratificó a Cataldo al frente de la investigación. Los camaristas entendieron que esas entrevistas tuvieron como fin informar a las víctimas sobre el alcance de las declaraciones y pericias ordenadas, que quedaron documentadas en actas incorporadas al expediente, y que no implicaron un adelanto de opinión sobre los hechos ni sobre la responsabilidad de los imputados.
Tras el rechazo, queda pendiente que la propia jueza Cataldo resuelva la otra recusación en danza: la que el defensor oficial Marcelo Scola planteó contra el fiscal Bramati en representación de los penitenciarios imputados.
El intento fallido de tomar declaración a las víctimas
A fines de junio se intentó, por fin, tomar declaración testimonial a los tres internos agredidos. La audiencia se preparó en el juzgado de Ushuaia, ciudad en la que están alojados por seguridad, con intervención de un equipo pericial del Poder Judicial. El fiscal Bramati ya había pedido suspenderla por falta de garantías de seguridad, pedido que fue desestimado, pero un psicólogo del cuerpo de peritos terminó desaconsejando avanzar por el temor y el riesgo de revictimización de las víctimas —cuyos familiares sí habían declarado la semana previa—. La audiencia quedó suspendida sin nueva fecha, y es hoy una de las medidas de prueba pendientes en la causa.
Pase a disponibilidad y presunta presión política
A mediados de junio se confirmó el pase a disponibilidad de los penitenciarios involucrados. En ese marco, el jefe de Gabinete, Jorge Canals, y el titular de la Secretaría de Seguridad, Gonzalo Valenzuela, se reunieron con la jueza Cataldo y además acudieron a Tribunales para hacer cumplir las medidas judiciales dispuestas al inicio de la causa.
En ese mismo período, el exdirector del Servicio Penitenciario, Claudio Canovas, pidió públicamente en Radio Provincia la renuncia de Ariel Ciares. Cuestionó que, con todo lo que estaba pasando, Ciares siguiera a cargo del servicio, y sostuvo que la decisión de removerlo debía tomarla el Ministro de Seguridad, el Jefe de Gabinete o el propio Gobernador. El pedido no prosperó: Ciares continúa en su cargo. Como antecedente, ya había sido notificado de derechos y garantías por una denuncia de una enfermera del Servicio Penitenciario vinculada a irregularidades en el manejo de una caja chica.
Se suma un segundo fiscal
Como hecho inédito en la causa, se decidió sumar al fiscal Ariel Pinno como fiscal coadyuvante, de menor jerarquía que Bramati y se desconoce con certeza cual sería su función.
La libertad de las víctimas, por otra causa
El 8 de julio, la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones —integrada por los jueces Federico Vilella y Jorge Jofré— hizo lugar a una apelación del defensor oficial Eduardo Tepedino y revocó el procesamiento por «robo agravado» que pesaba sobre Burgoa Albarracín, Burgoa Zapata y Flores. Los tres quedaron procesados solo por lesiones leves, y por eso recuperaron la libertad, con reglas de conducta, prohibición de acercamiento a la víctima de aquel hecho y tobillera electrónica con GPS.
Cabe aclarar esa excarcelación no tiene relación con la causa de los vejámenes en la Unidad de Detención, sino con una causa previa y distinta —una agresión ocurrida el 2 de mayo en la Margen Sur contra Jhonatan Ezequiel Levil Lillo, por la que los tres estaban detenidos—. La causa por la golpiza del 9 de mayo en el Pabellón B sigue investigándose en paralelo, sin vínculo procesal con esta excarcelación.
Otras irregularidades en la cárcel
A la par de esta causa, se registraron fugas de presos tanto en la unidad de Ushuaia como en la de Río Grande; en ambos casos los internos regresaron por voluntad propia. Ariel Ciares, por su parte, continúa como director general del Servicio Penitenciario pese al pedido público de renuncia y a los antecedentes de irregularidades mencionados.
