La intervención del gobierno nacional en el puerto de Ushuaia desató un profundo conflicto sociolaboral, que mantiene en vilo a más de un centenar de familias estatales. Los trabajadores denunciaron un incremento del 1.400 por ciento en las nuevas contrataciones de limpieza y mantenimiento, al mismo tiempo que alertaron sobre la falta de estudios de impacto ambiental en las obras proyectadas. En medio de un complejo escenario judicial que involucra a la Procuración de la Nación y a los tribunales federales locales, los afectados apuntaron contra la discriminación gremial y calificaron el desembarco federal como “una verdadera usurpación del patrimonio provincial”. Ushuaia – Valeria Barria y Gastón Castillo, trabajadores del puerto, en declaraciones a FM “Del Pueblo” analizaron el duro
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