“Los docentes tienen salarios de pobreza, las escuelas siguen sin calefacción y pretenden limitar el derecho a huelga”

El secretario general de AMET, Juan Carrizo, cuestionó con dureza las políticas del Gobierno nacional por el desfinanciamiento educativo y responsabilizó también a la gestión provincial por la falta de respuestas a los reclamos del sector. Afirmó que los salarios docentes perdieron entre un 170 y un 180% frente a la inflación acumulada de los últimos cuatro años, denunció que numerosos establecimientos continúan con graves problemas edilicios pese a la extensión del receso invernal y rechazó la intención de declarar a la educación como servicio esencial al considerar que busca restringir el derecho constitucional a la huelga. Además, reveló que ni el gobernador Gustavo Melella ni el ministro de Educación reciben al gremio y sostuvo que AMET permanece excluida de toda instancia de diálogo institucional.

Río Grande.- El secretario general de AMET Tierra del Fuego, Juan Carrizo, realizó un duro diagnóstico sobre la situación que atraviesa el sistema educativo provincial y nacional, al sostener que la crisis que hoy viven las escuelas es consecuencia de una combinación entre los fuertes recortes impulsados por el Gobierno nacional y una deficiente administración de los recursos por parte del Gobierno provincial.

En declaraciones a FM Del Pueblo, el dirigente sindical explicó que el relevamiento realizado por AMET durante el paro docente convocado el lunes, en adhesión a la medida nacional resuelta por el Congreso de Secretarios Generales del gremio, arrojó una adhesión cercana al 70%.

Carrizo aclaró que la participación de AMET se limitó exclusivamente a esa jornada porque la organización decidió diferenciar los motivos de su protesta de otras medidas gremiales desarrolladas durante la semana.

“Nuestro enfoque estaba más puesto en las medidas nacionales que se vienen tomando para el sector educativo. La eliminación del FONID, los recortes de los artículos de las leyes de educación vinculados al financiamiento y lo que salió en el presupuesto de este año han impactado directamente en la educación. Eso forma parte del problema que hoy tenemos en infraestructura y salarios, sumado también a una mala gestión provincial.»

 

El reclamo por el FONID y el retiro del financiamiento nacional

 

Carrizo recordó que el Fondo Nacional de Incentivo Docente nació como un “mecanismo financiado mediante un impuesto específico y remarcó que esos recursos nunca debieron recaer sobre las provincias”.

Explicó que “Tierra del Fuego absorbió con fondos propios el monto que anteriormente enviaba Nación, aunque insistió en que el verdadero problema es la decisión del Gobierno nacional de retirar ese financiamiento”.

“El Gobierno provincial absorbió esos fondos, pero lo que estamos reclamando es que esos recursos no eran de la provincia. El día de hoy la Nación no renovó ese decreto y retiró esos fondos destinados para los docentes”.

Asimismo, recordó que históricamente el “FONID siempre fue un concepto no remunerativo, era un ítem que no impactaba ni en los jubilados ni en el aguinaldo. La discusión era justamente incorporarlo al salario en blanco de los trabajadores”.

Actualmente, indicó, ese concepto pasó a denominarse “FOID y es administrado directamente por el Ejecutivo provincial”.

 

“La educación esencial busca limitar el derecho a huelga”

 

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue el rechazo absoluto de AMET a la declaración de la educación como servicio esencial, para lo cual, Carrizo sostuvo que “esa iniciativa contradice acuerdos internacionales firmados por la Argentina y que incluso se encuentra judicializada”.

“La declaración de la educación como servicio esencial va en contra de muchos dictámenes, acuerdos internacionales e incluso disposiciones de la OIT, donde se establecen claramente cuáles son las actividades esenciales y la educación no forma parte de ellas”.

Para el dirigente sindical, detrás de esa iniciativa existe un único objetivo que “es limitar el derecho a huelga de los docentes”.

En ese sentido defendió la legitimidad de las medidas de fuerza y aseguró que existen fundamentos suficientes para realizarlas frente al deterioro salarial y laboral que atraviesa el sector.

 

“El salario docente quedó entre un 170 y un 180 por ciento debajo de la inflación”

 

Carrizo describió un panorama extremadamente crítico para los trabajadores de la educación, que según los cálculos realizados por AMET, aseguró que el “salario docente perdió una parte sustancial de su poder adquisitivo durante los últimos cuatro años, hoy el salario, de acuerdo a nuestros cálculos, está por lo menos entre un 170 y un 180 por ciento por debajo de la inflación acumulada de los últimos cuatro años”.

A esa pérdida salarial sumó el deterioro de las condiciones laborales al sostener que “las condiciones laborales siguen siendo pésimas, hay escuelas que hoy siguen sin calefacción, escuelas donde se sigue entrando el agua, y estoy hablando de hoy, después del receso y después de todos los trabajos que supuestamente se hicieron”.

Carrizo cuestionó que el debate político se concentre exclusivamente en “limitar las medidas de fuerza y no en resolver los problemas estructurales, primero deberíamos trabajar sobre el resarcimiento que necesita realmente el docente para salir de abajo de la línea de pobreza y tener las escuelas en condiciones”.

En este marco, aseveró que “la educación se vuelve esencial cuando el docente está de paro. Ahora, cuando las escuelas no funcionan y los docentes cobran mal, ahí deja de ser esencial”.

 

Críticas al Gobierno nacional y también a la gestión provincial

 

El dirigente sindical sostuvo que la crisis educativa tiene responsabilidades compartidas.

Por un lado, cuestionó el retiro del Estado nacional del financiamiento educativo y la eliminación de la paritaria nacional docente.

“Ellos quieren correrse totalmente de la administración de la educación y derivarla a las provincias. Pero cuando quieren fiscalizar quién hizo paro y quién no, ahí sí quieren intervenir. Es totalmente contradictorio”.

No obstante, aclaró que “la Provincia tampoco puede desligarse de sus responsabilidades, yo no quito la responsabilidad del Gobierno provincial. Antes de los recortes nacionales también veníamos con problemas”.

Incluso aseguró que “la situación que tenemos hoy en día yo no la he visto nunca. Las escuelas están en un estado que realmente preocupa”.

 

Escuelas sin calefacción y edificios que funcionan a medias

 

Carrizo brindó varios ejemplos concretos para ilustrar el deterioro edilicio y al respecto dijo que “uno de ellos corresponde al Colegio Olga B. de Arko, hoy tenemos un colegio técnico donde de los seis módulos de caldera funciona uno y medio. Hay zonas muy frías donde no se puede estar y no quieren suspender las clases porque quieren dar la imagen de que la escuela ya está funcionando”.

También mencionó la situación del Colegio Ernesto Sábato de Ushuaia, para lo cual, sostuvo que “funciona solamente la mitad del edificio. Los chicos no tienen gimnasio porque está clausurado por falta de calefacción. No tienen lugar para cocinar porque reciben viandas y tienen que organizar recreos en los pasillos, prácticamente como en la época de la pandemia”.

El secretario general insistió en que “existen establecimientos que presentan un nivel de deterioro muy grave, yo nunca dije que el cien por ciento de las escuelas estén destruidas, pero sí hay instituciones que están muy complicadas y son justamente las que permanentemente estamos reclamando”.

 

“Hubo una mala planificación durante el receso”

 

Carrizo también cuestionó la manera en que el Ministerio de Educación administró las tareas de mantenimiento durante el receso invernal.

Afirmó que “recorrió personalmente distintos establecimientos esperando encontrar obras en ejecución, durante la primera semana prácticamente no se hizo nada. En la segunda semana recién comenzaron algunos trabajos con los recursos que había”.

Asimismo, cuestionó la decisión oficial de extender las vacaciones para todos los establecimientos al considerar que “para nosotros no fue una extensión del receso invernal; fue una suspensión de actividades por cinco días debido al estado edilicio”.

Y agregó que la decisión fue “equivocada, no todas las escuelas estaban en la misma situación. Entonces, ¿por qué obligar a todas a extender el receso si algunas estaban en condiciones?”.

 

También cuestionó la administración provincial

 

Consultado sobre las declaraciones del diputado Miguel Rodríguez, Carrizo respondió que “además de los recortes nacionales también existe una deficiente utilización de los recursos provinciales, yo creo que de los fondos que tiene la provincia hay una mala administración”.

Como ejemplo mencionó la “Agencia de Innovación, se lleva bastantes recursos y la producción que tiene en función de esos fondos es mínima, esos recursos podrían destinarse a otras necesidades”.

También criticó el crecimiento de la estructura administrativa del Ministerio de Educación al sostener que “creció enormemente con la excusa de optimizar procesos, pero eso no ocurrió”.

En ese sentido señaló que “todavía existen importantes demoras administrativas, los docentes seguimos teniendo atrasos de entre 90 y 120 días para cobrar las altas y también para que se den de baja las horas cuando corresponde”.

 

Los programas nacionales eliminados

 

Carrizo insistió en que las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional “impactan directamente sobre la calidad educativa” y recordó que “fueron eliminados trece programas nacionales”.

Como ejemplo citó el programa “FinEsTec, destinado a estudiantes de escuelas técnicas que finalizaron la cursada pero aún adeudaban materias, todo eso se eliminó. La provincia intentó generar otro programa, pero todavía está en una etapa muy inicial”.

Para el dirigente sindical, la responsabilidad del oficialismo nacional es “ineludible, no puede correrse La Libertad Avanza de lo que ya hizo. Ellos eliminaron los artículos que garantizaban el financiamiento educativo y eso tiene un impacto directo”.

 

“El paro es el último recurso”

 

Carrizo defendió la utilización de las medidas de fuerza aunque reconoció el desgaste que generan.

“Siempre tratamos de llevar adelante una lucha desde el diálogo con nuestro empleador, que es el Gobierno provincial”.

Sin embargo, sostuvo que “cuando las negociaciones fracasan no quedan alternativas, el último recurso que tiene un trabajador es dejar de trabajar y decir que hoy no va a hacerlo porque las condiciones no son las que corresponden. Eso está garantizado por la Constitución Nacional”.

Reconoció además que “la reiteración de los conflictos fue quitándole eficacia al paro, lo único que ha hecho es generar malestar y eso es algo que nosotros también queremos cambiar”.

En ese sentido planteó que el reclamo debe ser compartido con las “familias, la lucha para que el docente tenga un salario digno y las escuelas estén en condiciones tiene que ser también de las familias que ven todos los días que hay problemas de calefacción, problemas eléctricos o presencia de roedores”.

 

Sin diálogo con el Gobierno provincial

 

Sobre el final de la entrevista, Carrizo reveló que AMET permanece completamente excluida de las instancias de diálogo político con el Ejecutivo fueguino.

“Hemos pedido audiencia en forma reiterada tanto al ministro como al gobernador, pero entendemos que hay una decisión política de no recibir a otra organización sindical docente”.

Afirmó que “esa decisión no impide que el Gobierno pueda escuchar otras problemáticas que hoy no llegan a la mesa paritaria, eso no implica que el gobernador no pueda tener diálogo y construir una agenda de trabajo con otras organizaciones que representan a muchos docentes”.

Incluso confirmó que desde “el inicio de la gestión de Gustavo Melella nunca fueron recibidos oficialmente, como organización sindical no hemos tenido ninguna reunión con el gobernador desde que comenzó su gestión”.

Respecto del ministro de Educación, recordó que “las reuniones fueron escasas y que finalmente dejaron de existir, cuando asumió López Silva nos recibió una o dos veces. Después él mismo me dijo que había tomado la decisión de no recibirnos más”.

Carrizo aseguró que la relación institucional llegó a un “punto de quiebre, ni siquiera me responde. Hasta me tiene bloqueado de WhatsApp. Ya rayamos cuestiones casi infantiles.»

De esa manera, el titular de AMET volvió a reclamar una convocatoria al diálogo, insistiendo en que la crisis educativa requiere respuestas urgentes tanto del Gobierno nacional como del Ejecutivo provincial para garantizar salarios dignos, escuelas en condiciones y un sistema educativo que funcione con normalidad.