La legisladora presentó un proyecto que propone garantizar un 75% del servicio educativo durante las medidas de fuerza y crear un registro público sobre los días efectivos de clase. Cuestionó al Gobierno provincial por permitir que el conflicto docente escalara hasta la tercera semana de paro por tiempo indeterminado y reclamó mayor transparencia sobre las jornadas perdidas y su recuperación. También apuntó contra la falta de inversión en infraestructura escolar y anticipó una nueva citación al ministro jefe de Gabinete, Jorge Canals.
Río Grande. -La legisladora fueguina Natalia Gracianía cuestionó la manera en que el Gobierno provincial abordó el conflicto docente y sostuvo que la situación actual podría haberse evitado mediante un diálogo anticipado. Sus declaraciones se produjeron en el marco de la tercera semana de paro por tiempo indeterminado y luego de que el Ejecutivo anunciara nuevas propuestas para intentar destrabar la discusión salarial.
En diálogo con Radio Provincia, Gracianía sostuvo que “la verdad es que a mí me sorprende esta modalidad que tiene el gobierno de dejar que todos los conflictos, este es uno de tantos, llegue a un punto límite en el cual volver atrás o lograr una solución es muy difícil. La verdad es que entiendo que es una manera de gestionar o de no gestionar los conflictos, porque esta situación podría haberse evitado, podría haberse encontrado canales de diálogo mucho antes”.
En ese sentido, cuestionó que “me sorprende también, lo escuchaba atentamente, esto de todo el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Educación recién ahora, cuando estamos iniciando la tercera semana de paro por tiempo indeterminado, que no fue una sorpresa el paro porque el sindicato lo anunció con suficiente antelación, sin embargo, el gobierno dejó que pasara el tiempo, dejó que llegara el paro por tiempo indeterminado y no accionó hasta que ya teníamos el agua al cuello”.
Derecho a huelga y derecho a aprender
Uno de los principales ejes planteados por la legisladora fue la necesidad de equilibrar el derecho constitucional a huelga con el derecho de los estudiantes a recibir educación. En ese marco, remarcó que “por un lado tiene el derecho a huelga, que también es un derecho constitucional y que lo respetamos de parte de los docentes, pero también está el derecho que no está garantizado absolutamente en Tierra del Fuego desde hace mucho tiempo ya, que es el derecho a aprender, a educarse que tienen nuestros niños y nuestros jóvenes”.
Para Gracianía, la situación dejó expuestas falencias en la gestión educativa provincial y una falta de respuestas frente a un conflicto que, según planteó, afecta directamente a las familias y estudiantes.
“Esto no es en contra de nadie, sino que es a favor justamente de quienes no tienen una voz que los represente, que debería ser el Ministerio de Educación, que debería ser quien pone un equilibrio en los reclamos y quien debería encontrar una solución rápida”, explicó.
La legisladora también cuestionó la falta de información oficial sobre la cantidad de días efectivos de clase durante 2025 y los días perdidos por distintas modalidades de protesta. Según relató, desde la Legislatura habían solicitado esos datos al Ministerio de Educación, pero la información no fue remitida de manera completa.
“¿Qué cantidad de días de clase efectivamente brindados hubieron en 2025? ¿Qué cantidad de días perdidos por distintas medidas de fuerza? Hablemos de paros, de desobligaciones, hablemos de asambleas, hablemos de interrupciones, de distintas modalidades que hay para protestar”, planteó.
En la misma línea, continuó que “este proyecto busca garantizar lo que no está garantizado lamentablemente por las autoridades actuales del gobierno de la provincia de Tierra del Fuego que es el derecho constitucional de todos los estudiantes fueguinos a poder educarse, a poder aprender. No está siendo garantizado”.
Críticas al Gobierno provincial
Gracianía atribuyó al Estado provincial la responsabilidad central sobre el funcionamiento del sistema educativo fueguino y rechazó que “la educación es una de las áreas indelegables del Estado provincial y es una materia delegada a las provincias. Entonces el principal responsable de que la educación funcione en Tierra del Fuego no es el gobierno nacional, no es el presidente Javier Miley, es el gobierno provincial a través de su Ministerio de Educación”.
En la misma línea, sostuvo que “se puede tirar las responsabilidades políticas o económicas o cualquier tipo de responsabilidad, se puede tirar hacia otro lado, pero todos sabemos que los responsables de llevar adelante la educación en Tierra del Fuego son quienes conducen actualmente el Ministerio de Educación y que su autoridad política o el máximo responsable es el gobernador de la provincia, Gustavo Melella”.
También volvió a cuestionar la decisión de permitir que los conflictos lleguen a instancias extremas. “Y en cuanto a los desmanejos que hay respecto de los conflictos, es una decisión política también de dejar que los conflictos escalen, de que vayan hasta el límite a ver de qué manera vemos si logramos estirar en el tiempo decisiones que se tienen que tomar rápido”, sostuvo.
Y advirtió sobre las consecuencias que esta situación puede generar en las nuevas generaciones: “Pero acá no podemos especular con el presente y el futuro de nuestros hijos, con el presente y el futuro de los niños y los adolescentes”.
Un proyecto para garantizar el 75% del servicio educativo
La legisladora explicó que el proyecto presentado en la Legislatura busca establecer mecanismos de continuidad educativa durante las medidas de fuerza. La propuesta contempla que, ante una protesta que altere el normal desarrollo de las clases, se garantice un porcentaje mínimo de actividad en cada establecimiento.
“Necesitamos poner un equilibrio en esta situación donde los estudiantes, las familias están viendo conculcados sus derechos y nadie de las autoridades que actualmente tienen la obligación de garantizarlo lo están haciendo. Nos vemos en la obligación de presentar algún tipo de alternativa para generar una legislación que obligue a las partes a por lo menos durante las jornadas de protesta, porque esto no anula de ninguna manera el derecho constitucional que tienen de huelga y de protesta los sindicatos, los docentes”, explicó.
En concreto, planteó que “lo que obliga es que tanto los sindicatos como el Ministerio de Educación, los dos estén justamente involucrados en un plan de continuidad educativa que implique que por establecimiento y por turno, cada vez que haya una medida de fuerza de las características que sea, o una medida de protesta, alguna situación que de alguna manera altere el normal funcionamiento de las clases en Tierra del Fuego, tengan que garantizar un 75% del servicio educativo en cada establecimiento y por cada turno”, detalló.
La iniciativa también contempla la creación de un registro público para transparentar la información relacionada con las jornadas escolares. “Esta propuesta se puede debatir, tiene distintas aristas, también incluye este registro público de acceso público y gratuito para que el Ministerio de Educación tenga la obligatoriedad de informar la cantidad de días efectivamente que ha habido clases normales, la cantidad de días con medidas de fuerza y la manera en la cual se han recuperado o se van a recuperar”, detalló.
Según Gracianía, el objetivo es que “los padres, las familias tienen derecho a saber cuáles son, además de cuáles fueron los motivos, si fueron medidas de fuerza, medidas de protesta, interrupciones por cuestiones edilicias, todo tiene que estar explicitado, todo tiene que ser transparente, porque estamos hablando de decisiones que tienen que ver con la cosa pública, con todo lo que el Estado tiene la obligación de informar y el Estado tiene la obligación de hacerse cargo”.
Infraestructura escolar: “Está colapsada en muchos establecimientos”
Otro de los puntos señalados por la legisladora fue el estado de los edificios escolares. Gracianía sostuvo que “y esto se da también por una decisión política de no invertir en infraestructura. Cuando había para invertir, no lo hicieron. Y ahora lo que están haciendo sistemáticamente es parchar todos los arreglos que se tienen que hacer. No llegan a tiempo con los arreglos. Y la verdad es que la infraestructura está colapsada en muchos de los establecimientos educativos”, expresó.
En ese sentido, consideró que “no se ha invertido lo suficiente. Cuando había para invertir, decidieron invertirlo en otro lado. Y cuando uno ve cómo se reparte el dinero que hay, el dinero público, en distintas prioridades, uno se da cuenta que realmente la educación no es una prioridad”.
Para la legisladora, el debate sobre la educación como derecho o servicio debe estar acompañado por políticas que permitan garantizar efectivamente el dictado de clases y dijo que “tenemos que garantizar que haya clases en el marco de la situación que vivimos en Tierra del Fuego”, sostuvo.
“Necesitamos buscar consensos”
Frente a la proximidad del calendario electoral, Gracianía consideró que “es cierto que ya estamos en un escenario cercano a lo que son las elecciones del año que viene, pero eso no tiene que ser un motivo para el cual la gestión y el debate de los temas importantes de la provincia se trabe en un punto en el cual no podamos avanzar”.
En ese sentido, insistió en la necesidad de construir acuerdos legislativos: “Necesitamos generar los consensos necesarios sobre temas que no pueden esperar más. Este es un tema que no puede esperar más. Tenemos que lograr sentarnos a debatir cómo lo solucionamos. Nosotros proponemos una solución que creemos que es viable”.
La legisladora sostuvo que “lo haremos a través de una ley que obligue a este gobierno o a cualquier otro como política de Estado a poner en prioridad la educación”.
“Porque la educación es la que nos va a asegurar tener ciudadanos libres que después puedan tomar sus propias decisiones, estén preparados para la vida y que tengan un futuro con las mismas oportunidades y eso lo tenemos que garantizar. Nuestra Constitución nos obliga a hacer eso”, manifestó.
Nueva citación al ministro Jorge Canals
Gracianía también confirmó que desde la Legislatura volverán a citar al ministro jefe de Gabinete, Jorge Canals, para que brinde explicaciones sobre distintos temas, entre ellos la situación del Servicio Penitenciario.
“Tenemos que volver a citarlo. Estoy en estos días volviendo a hablar con todos los legisladores que integran la comisión para ponernos de acuerdo en una fecha, dadas las próximas comisiones que hay de las otras cuestiones de las comisiones permanentes, para poder establecer una citación”, indicó.
Además, mencionó el reclamo de policías retirados territoriales y sus familiares por el retraso en el pago de haberes jubilatorios complementarios. “El viernes estuve con los policías retirados territoriales y sus familiares, quienes han manifestado su inmensa preocupación, porque van ya más de un año sin cobrar sus haberes jubilatorios complementarios, y la verdad es que están desesperados por una respuesta concreta”, señaló.
Finalmente, recordó que “el ministro Canals se comprometió públicamente en la comisión a enviar un proyecto de ley que aún no ha ingresado, y también a trabajar en un paliativo que él mismo se comprometió, y todavía esa información o esos anuncios no se realizaron”.
“Entonces entendemos que se han sumado muchos temas sobre los cuales tienen que dar una respuesta clara, y próximamente vamos a anunciar la próxima citación del ministro”, concluyó.
