Un grupo de padres, madres y abuelas paternas se concentró este lunes frente al Juzgado de Familia de Río Grande, a cargo de la Dra. Marina Montero, para visibilizar su situación y exigir respuestas urgentes en las causas por régimen de visitas y revinculación con niños, niñas y adolescentes de sus familias. Los manifestantes denuncian que llevan meses sin poder mantener contacto regular con ellos.
Río Grande. – Entre los presentes estuvieron Carlos Alderete, Silvana Napoleone —abuela paterna, quien reclamó por su nieta— y Sabrina Rolando. El pedido central del grupo es que la justicia acelere los tiempos de los expedientes, para resguardar lo que consideran el derecho de los menores a sostener el vínculo con sus afectos.
Personal policial intervino en el lugar para hacer cumplir las normas internas que prohíben manifestaciones dentro del edificio judicial. Según el protocolo vigente, la concentración debió trasladarse y permanecer en la vía pública, mientras que los efectivos registraron la identidad de quienes ingresaron al hall a presentar el reclamo. La aplicación de estas medidas generó momentos de malestar entre los familiares presentes.
No es la primera vez que este tipo de reclamos llega a la puerta del Juzgado de Familia y Minoridad N°2. En mayo de este año, un grupo de padres, madres, tías y abuelas ya se había manifestado frente al mismo tribunal por al menos cinco casos de revinculación pendientes, algunos con hasta ocho meses sin novedades sobre los chicos, y llegaron a pedir la renuncia de la jueza Montero. Semanas después, una nueva protesta volvió a reunir a familias con el mismo reclamo, en medio de un operativo policial reforzado y de denuncias sobre la falta de controles y evaluaciones previas en los expedientes.
Los reclamos de revinculación, sin embargo, no dependen de una resolución inmediata: al tratarse de causas donde hay menores de edad involucrados, los pedidos son sometidos a un proceso de análisis por parte de equipos interdisciplinarios, tanto del propio juzgado como de áreas de Gobierno vinculadas a la niñez y la familia. Según explican desde el ámbito judicial, ese resguardo responde al interés superior del niño, principio que exige evaluar cada situación antes de habilitar o restablecer un contacto.
En ese marco, cuando la jueza considera que existe un incumplimiento o un riesgo para los chicos, puede aplicar sanciones —como multas— o disponer restricciones que los propios familiares denominan «bozal legal», medidas que desde el juzgado se justifican en la necesidad de evitar que se vulnere el derecho superior de las infancias.
