El vicepresidente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), Miguel Ramírez, expresó su preocupación por la operación en el Puerto de Ushuaia de un buque petrolero vinculado a Gran Bretaña y confirmó que el organismo realizó un reclamo formal ante el Estado nacional para obtener explicaciones sobre lo sucedido. El funcionario vinculó el episodio con otras decisiones nacionales relacionadas con tierras y recursos fueguinos y lanzó una dura definición: “Estamos viendo una política nacional entreguista sobre lo que son los derechos soberanos”.
Ushuaia.- La operación de un buque petrolero vinculado a Gran Bretaña en el Puerto de Ushuaia continúa generando cuestionamientos en Tierra del Fuego y sumó este martes una fuerte reacción desde la propia Dirección Provincial de Puertos.
El vicepresidente del organismo, Miguel Ramírez, manifestó su preocupación por lo ocurrido y confirmó que se efectuaron presentaciones para que el Gobierno Nacional brinde información y explicaciones sobre una situación que, según señaló, produjo un profundo malestar.
“Preocupados estamos todos”, afirmó Ramírez, antes de avanzar con una de sus definiciones más contundentes: “Estamos viendo una política nacional entreguista sobre lo que son los derechos soberanos”.
Para el funcionario, el episodio no debe analizarse de manera aislada, sino en el contexto de una serie de decisiones adoptadas por el Ejecutivo nacional que, a su criterio, afectan los intereses estratégicos de Tierra del Fuego.
“Fue contradictorio hablar de un puerto estratégico”
Ramírez puso especialmente el foco en la contradicción que observa entre los argumentos utilizados alrededor del Puerto de Ushuaia y lo sucedido con la embarcación.
“Fue contradictorio hablar de un puerto estratégico, intervenir, y después venir y rifar la soberanía”, cuestionó.
La referencia adquiere especial relevancia por el carácter estratégico que posee la terminal portuaria fueguina, tanto por su ubicación geográfica como por su vinculación con el Atlántico Sur y la actividad antártica.
En ese contexto, la presencia de una embarcación relacionada con intereses británicos provocó una reacción que excedió el funcionamiento estrictamente comercial del puerto y trasladó la discusión nuevamente al terreno de la soberanía.
Reclamo formal ante el Estado nacional
El vicepresidente de la DPP confirmó que el organismo provincial no limitó su reacción a las manifestaciones públicas y avanzó con un requerimiento institucional.
“Se ha hecho el reclamo correspondiente”, aseguró.
Según explicó, se solicitó formalmente al Estado Nacional un informe acerca de lo ocurrido, con el objetivo de determinar las circunstancias que posibilitaron la operación del buque y obtener precisiones sobre las decisiones adoptadas en torno a su presencia en Ushuaia.
Ramírez describió un escenario de “desconcierto y un malestar muy importante” y consideró necesario que las autoridades nacionales brinden respuestas.
Una cuestión que excede al buque
Para el funcionario, lo sucedido en el puerto constituye parte de una discusión mucho más amplia.
Ramírez relacionó el episodio con otras políticas nacionales que, según su interpretación, comprometen recursos, tierras e intereses estratégicos de la provincia.
“Se está entregando, prácticamente la provincia, se están entregando las regalías, se están entregando los recursos”, cuestionó.
De esta manera, ubicó la controversia portuaria dentro de un escenario en el que entiende que Tierra del Fuego debe mantener una posición particularmente firme por su condición geopolítica.
La provincia no solamente comprende la Isla Grande y sus espacios marítimos circundantes, sino que la cuestión de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes atraviesa históricamente buena parte de su agenda institucional.
Por eso, cualquier episodio vinculado con intereses británicos adquiere en territorio fueguino una sensibilidad política especial.
Las 38 hectáreas de la Armada
Ramírez incorporó al cuestionamiento otro asunto que generó controversia durante los últimos días: la decisión nacional de avanzar con la venta de aproximadamente 38 hectáreas pertenecientes a la Armada Argentina en Ushuaia.
El vicepresidente de Puertos cuestionó que terrenos de esas características sean puestos a la venta en lugar de analizar alternativas que permitan utilizarlos para atender necesidades de la provincia y de sus habitantes.
Para el funcionario, tanto la cuestión de las tierras como lo ocurrido en el puerto forman parte de una misma orientación política.
“Estamos siendo rifados y entregados soberanamente”, afirmó.
La expresión sintetizó la dureza de su cuestionamiento hacia el Gobierno Nacional y su interpretación acerca del impacto que determinadas decisiones pueden tener sobre Tierra del Fuego.
Puerto, Atlántico Sur y soberanía
La controversia vuelve a poner en primer plano la importancia que tiene Ushuaia dentro del esquema logístico y geopolítico del extremo austral.
Su puerto representa una infraestructura central para el movimiento marítimo de la provincia y constituye, además, una de las principales puertas de entrada hacia la Antártida.
Esa ubicación convierte a cualquier discusión vinculada con su funcionamiento en un asunto que puede superar rápidamente los límites administrativos o comerciales.
En Tierra del Fuego, además, la cuestión Malvinas forma parte de la vida institucional, política e histórica de la provincia. Por esa razón, la vinculación de una embarcación con Gran Bretaña necesariamente abre interrogantes y genera reclamos de explicaciones por parte de distintos sectores.
En el caso de Ramírez, su planteo apunta directamente a la responsabilidad del Estado Nacional y a la necesidad de conocer qué ocurrió y bajo qué condiciones se desarrolló la operación cuestionada.
Una discusión que suma voces en Tierra del Fuego
Las declaraciones del vicepresidente de la Dirección Provincial de Puertos se incorporan así a una discusión que comienza a adquirir una dimensión política mayor.
El interrogante ya no pasa únicamente por la presencia de un buque determinado, sino por la política que el Estado argentino adopta respecto de instalaciones y territorios considerados estratégicos en el extremo sur del país.
Para Ramírez, existe una contradicción evidente entre destacar la importancia estratégica del Puerto de Ushuaia y permitir posteriormente situaciones que, desde su perspectiva, resultan incompatibles con la defensa de los intereses soberanos.
De allí que reclame información oficial y una explicación de las autoridades nacionales.
“Una muestra más”
Hacia el final de sus declaraciones, Ramírez insistió en vincular el episodio con una sucesión de decisiones que observa con preocupación.
Para el vicepresidente de la DPP, la presencia del buque constituye “una muestra más” de lo que definió como una política de “entrega y usurpación del puerto a terceros”.
Son expresiones de fuerte contenido político que reflejan el nivel alcanzado por la controversia y anticipan que el tema difícilmente quede limitado al episodio portuario.
El reclamo formal ya fue realizado y ahora la Dirección Provincial de Puertos espera respuestas del Estado nacional.
Mientras tanto, Ramírez dejó planteada una discusión que en Tierra del Fuego posee una profundidad histórica particular: qué decisiones pueden adoptarse sobre recursos, tierras e infraestructura estratégica sin comprometer una política de defensa de la soberanía argentina en el Atlántico Sur.
Y su posición quedó resumida en una frase tan contundente como crítica: “Estamos viendo una política nacional entreguista sobre lo que son los derechos soberanos”.
Sobre el buque
El buque que originó la controversia es el VS PROMISE (IMO 9351438), un petrolero de aproximadamente 229 metros de eslora, construido en 2007 y destinado al transporte de crudo. Antes de su ingreso al Puerto de Ushuaia, la embarcación había operado en la zona de Río Cullen, al norte de Tierra del Fuego, donde se encuentra la terminal utilizada para operaciones hidrocarburíferas. Posteriormente recaló en la capital fueguina, circunstancia que abrió cuestionamientos políticos y pedidos de explicaciones respecto de las autorizaciones otorgadas y su vinculación con intereses británicos.
La controversia también reavivó el debate en torno a la aplicación de la Ley Provincial 852, conocida como Ley Gaucho Rivero, que establece restricciones para determinadas embarcaciones relacionadas con intereses británicos vinculados con la explotación de recursos naturales en el área de Malvinas. Mientras desde sectores fueguinos se reclamaron explicaciones sobre el ingreso y operación del petrolero, desde el Gobierno Nacional se sostuvo que la actuación del VS PROMISE no vulneró esa normativa. El episodio trascendió además el ámbito provincial y motivó pedidos de información sobre las circunstancias de su ingreso, permanencia y operación en aguas e instalaciones de Tierra del Fuego.
