La ministra de Salud, Judit Di Giglio, advirtió que la pérdida de empleo y de cobertura privada provocó un crecimiento histórico de la demanda sobre el sistema sanitario provincial. En junio, unas 72.000 personas figuraban sin obra social ni prepaga y 31.000 de ellas utilizaron al menos una vez el sistema público, unos 20.000 pacientes más que el promedio habitual. La funcionaria también explicó el rol de los centros de salud frente a la presión sobre las guardias y defendió la fiscalización de medicamentos como una tarea técnica regida por legislación nacional.
Río Grande.- La pérdida de puestos de trabajo, la caída de las coberturas privadas y la creciente dificultad para sostener una obra social o una prepaga están teniendo un impacto directo sobre el sistema público de salud de Tierra del Fuego. Así lo explicó la ministra de Salud provincial, Judit Di Giglio, quien advirtió que la cantidad de personas que dependen exclusivamente de la atención estatal alcanzó niveles inéditos y que, detrás de esas cifras, aparece también el deterioro de las condiciones laborales y económicas de una parte importante de la población.
En diálogo con FM del Pueblo, la ministra precisó que “durante junio el padrón de personas con cobertura exclusiva del Estado llegó a 72.000, mientras que en julio descendió a 68.000, configurando un promedio cercano a las 70.000 personas durante los últimos meses”.
“Es un récord histórico, pero no para festejar”, resumió Di Giglio al dimensionar el dato y explicar que se trata de personas que no cuentan con una obra social o una prepaga y que tampoco poseen ingresos que les permitan acceder a otra cobertura.
Para integrar ese padrón, explicó, la persona debe contar con una “certificación negativa de ANSES que acredite que no posee ingresos o una cobertura vinculada a un empleo”.
Sin embargo, se trata de un registro dinámico porque “puede modificarse mes a mes debido a trabajadores temporarios, personas que ingresan a un empleo, se incorporan al monotributo o vuelven a contar con una obra social”.
31.000 personas utilizaron el sistema público en junio
Más allá de la cantidad de personas registradas, Di Giglio puso el foco en otro indicador que permite medir el impacto concreto sobre el sistema sanitario al sostener que “durante junio, alrededor de 31.000 personas tuvieron al menos una consulta en el sistema público, sobre un universo aproximado de 70.000 personas sin cobertura”.
“Nosotros veníamos con un promedio de 10.000 a 15.000 personas con una consulta efectiva básica”, explicó la ministra, es decir, el sistema pasó a “registrar aproximadamente 20.000 usuarios más que el promedio habitual”.
La consulta puede responder a distintas necesidades como una “vacunación, un control de salud, una consulta por una enfermedad o cualquier otro contacto efectivo con el sistema sanitario”, dijo, pero sostuvo que lo significativo, según remarcó la funcionaria, es que “no se trata simplemente de un aumento general de consultas, sino de 20.000 personas adicionales sin cobertura que ingresaron al sistema público”.
“Quizás antes tenían una cobertura y es un aumento como usted dice”, señaló Di Giglio, al vincular este fenómeno con el deterioro de la situación económica.
El ejemplo que planteó resulta ilustrativo, dado que “una persona que anteriormente podía pagar una consulta médica particular o mantener una prepaga hoy debe recurrir al hospital público porque dejó de contar con esa posibilidad”.
El fenómeno, por lo tanto, no solamente se expresa en la “cantidad de pacientes sino también en la pérdida de ingresos y en la modificación de los patrones de utilización del sistema sanitario”.
Guardias saturadas y centros de salud con un rol clave
La ministra también aportó datos concretos sobre la actividad del Hospital Regional Río Grande, donde manifestó que “en una jornada de julio, la guardia de adultos registró 148 consultas, mientras que la guardia pediátrica atendió 89 niños y la guardia odontológica recibió otras 48 personas”.
A esas cifras se suma la actividad de los “centros de salud, que muchas veces constituye la primera puerta de acceso al sistema y que cumple funciones que exceden ampliamente la atención de una enfermedad puntual”.
En Río Grande existen “siete centros de salud provinciales y cuatro municipales, con atención de lunes a viernes de 8 a 20 y apertura de algunos establecimientos durante los sábados, allí funciona además la modalidad de demanda espontánea”.
Di Giglio insistió en la importancia de que la “población utilicé estos espacios para las prestaciones que corresponden al primer nivel de atención”.
“Los centros de salud tienen, por supuesto, médicos generalistas”, señaló, y explicó que “allí se realizan controles de salud, tareas de prevención y atención de pacientes que concurren espontáneamente por alguna enfermedad”.
El trabajo comprende además el seguimiento de enfermedades crónicas como “diabetes, hipertensión y obesidad, la renovación de recetas y controles periódicos”.
También incluye atención vinculada con la “salud sexual y reproductiva, colocación de implantes subdérmicos, entrega de métodos anticonceptivos y determinadas prestaciones de rehabilitación”.
Otro de los ejes es el control del niño sano, donde manifestó que “durante los primeros años de vida se realizan controles periódicos, inicialmente mensuales, que luego se van espaciando a medida que el niño crece, también existen prestaciones odontológicas en varios de estos establecimientos”.
“Es un trabajo en equipo”, destacó la ministra, al diferenciar esa tarea cotidiana de la función específica de las guardias hospitalarias.
“La guardia está destinada, sobre todo, a la emergencia o a la urgencia”
Di Giglio remarcó que el aumento de la demanda vuelve todavía más importante ordenar la utilización de los distintos niveles de atención y en este marco dijo que “la guardia está destinada, sobre todo, a la emergencia o a la urgencia”, sostuvo.
Como ejemplo mencionó el caso de un niño que “presenta una laringitis durante la noche y necesita atención inmediata”, pero también recordó que la “guardia hospitalaria funciona como centro de derivación de politraumas y recibe las situaciones de mayor complejidad que llegan mediante ambulancias”.
La creciente demanda, sin embargo, genera momentos de mayor presión sobre los profesionales y sobre la disponibilidad de camas.
Al respecto, la ministra reconoció que es difícil hablar de un funcionamiento “con tranquilidad, porque la situación varía considerablemente de acuerdo con cada jornada”.
“Hay días que las camas de terapia intensiva o de pediatría, por ejemplo, en estos días estábamos con poca disponibilidad”, explicó.
También puede ocurrir que “la disponibilidad de camas de clínica médica sea limitada y sea necesario derivar pacientes”.
En las guardias, la presencia de casos complejos también puede “generar mayores tiempos de espera, por ahí quedan casos muy complejos, como puede ser un politraumatismo y se le da pelea a lo que es verdaderamente urgente”, señaló.
Frente a este escenario, sostuvo que “el Ministerio procura reforzar la cantidad de médicos disponibles en las guardias”.
A la vez, Di Giglio destacó la actividad quirúrgica del hospital y su rol en áreas críticas como neonatología, internación pediátrica y terapia intensiva infantil, servicios que concentran buena parte de la atención de alta complejidad de la ciudad.
Más demanda, menos recursos nacionales
La presión sobre el sistema sanitario provincial se produce, además, en un contexto que la ministra describió como de menor disponibilidad de recursos provenientes del Estado nacional.
Di Giglio sostuvo que “la provincia está realizando un esfuerzo presupuestario para sostener las prestaciones y que el Ministerio de Salud utiliza recursos y financiamiento provenientes de otras áreas del Estado provincial para garantizar la continuidad de determinadas actividades”.
“Nosotros, el Ministerio de Salud utiliza presupuesto y financiamiento de otros ministerios que dejaron quizás de hacer sus actividades para poder seguir dando respuesta”, explicó.
La combinación de mayor demanda, pérdida de cobertura privada y restricciones presupuestarias configura así un escenario de creciente exigencia para el sistema público.
La fiscalización de medicamentos: “Es una decisión netamente técnica”
Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la polémica generada a partir de una iniciativa anunciada por la concejal Guadalupe Zamora junto con una fundación para la recolección de medicamentos y las posteriores objeciones vinculadas con la intervención del Gobierno provincial.
Di Giglio aclaró que “no tuvo intervención directa en esa determinación” y explicó que el “Ministerio de Salud cuenta con distintas áreas y direcciones que tienen responsabilidades específicas”.
En ese marco, mencionó particularmente a la Dirección de Fiscalización Sanitaria, cuyas actuaciones se encuentran sujetas a normas y leyes nacionales.
“No es algo en que tenga poder de decisión o intervención un funcionario político o que pueda tomar la decisión”, afirmó. Y agregó: “Es una decisión netamente técnica, que toman las áreas todos los días y que forman parte de su trabajo cotidiano”.
La ministra explicó que “la fiscalización sanitaria interviene, entre otras situaciones, en la habilitación o clausura de farmacias, consultorios médicos y distintos establecimientos vinculados con la atención de la salud. También participa en procedimientos relacionados con medicamentos”.
Según remarcó, se trata de actividades que “se desarrollan bajo normativa nacional, legislación específica y resoluciones propias de las autoridades técnicas correspondientes”.
En el caso de los medicamentos, Di Giglio subrayó además la necesidad de “garantizar su trazabilidad y las condiciones adecuadas de conservación”.
Señaló que “determinadas drogas requieren prescripción médica y que existen fármacos, como determinados antibióticos, que deben ser indicados bajo condiciones específicas y con receta”.
“Es un tema netamente farmacéutico”, sostuvo, al insistir en que las decisiones sobre este tipo de procedimientos exceden las facultades de un ministro y responden a regulaciones nacionales.
De esta manera, la ministra buscó separar las decisiones de fiscalización sanitaria de cualquier definición política y remarcar que se trata de procedimientos técnicos vinculados al cumplimiento de la legislación vigente.
