El director de Análisis Criminal de la Policía de Tierra del Fuego, comisario Jonathan López, sostuvo en una entrevista en TVP Noticias que gran parte de la actividad delictiva de Río Grande se concentra en un grupo reducido de personas que reinciden de manera permanente, y planteó la necesidad de avanzar en la discusión de un régimen de reiterancia.
Río Grande.- Según explicó López, la labor de investigación identificó a 12 personas que aparecen vinculadas de forma recurrente a hechos delictivos en distintos puntos de la ciudad. El funcionario describió casos de un mismo sospechoso relacionado con un ilícito en el centro y, apenas tres o cuatro horas después, con otro episodio en Margen Sur o Chacra XIII.
«La labor policial tiene que estar destinada en 12 personas», afirmó López
A partir de ese diagnóstico, el comisario consideró necesario debatir mecanismos procesales que permitan contemplar la reiteración de conductas delictivas por parte de un mismo grupo de personas.
De acuerdo con los datos que aportó López, entre enero y agosto de 2026 se registraron 817 delitos en Río Grande, una baja frente a los 874 hechos relevados en el mismo período de 2025.
Respecto a los sectores con mayor cantidad de hechos de inseguridad, el comisario mencionó especialmente la jurisdicción de la Comisaría Primera (centro de la ciudad), Margen Sur y el área de la Comisaría Tercera. En cuanto a los momentos de mayor incidencia, señaló que los días con más episodios fueron los lunes, sábados, jueves y domingos, y que las franjas horarias con mayor cantidad de hechos fueron la mañana, la tarde y la madrugada.
Cómo viene la tendencia en los últimos años
La comparación con años anteriores muestra una tendencia despareja. Según los informes del Instituto Provincial de Análisis e Investigación, Estadística y Censos (IPIEC), en base a datos del Ministerio de Seguridad de la Nación, en 2022 se registraron 11.068 hechos delictivos denunciados en toda la provincia (una tasa de 608,2 cada 10.000 habitantes), mientras que en 2023 la cifra bajó a 10.698 hechos (574,3 cada 10.000 habitantes). Ese mismo informe ubicó a Río Grande con una tasa de 724,5 hechos cada 10.000 habitantes, muy por encima de la de Ushuaia, que fue de 389,5.
En materia de robos específicamente, las estadísticas del Ministerio de Seguridad de la Nación marcaron un leve repunte a nivel provincial: de 492 casos en 2023 a 512 en 2024 (269 cada 100.000 habitantes), aunque ese número siguió siendo el más bajo de todo el país. Ya en 2025, el informe de gestión provincial contabilizó 5.575 sumarios judiciales en total, con predominio de delitos contra la propiedad.
En ese contexto, el dato que aportó López sobre una baja de 874 a 817 delitos en Río Grande entre enero y agosto (de 2025 a 2026) se da en un cuadro general que, según las distintas mediciones oficiales, viene mostrando oscilaciones año a año más que una tendencia sostenida en una sola dirección.
Un debate que excede a Río Grande
La discusión sobre la «reiterancia delictiva» que propone abrir la Policía fueguina no es un debate nuevo ni local: en los últimos años se convirtió en una de las reformas más discutidas del sistema penal argentino, tanto a nivel nacional como en distintas provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, donde la Legislatura porteña ya aprobó una ley en ese sentido.
Especialistas en derecho penal, defensorías públicas y organismos de derechos humanos vienen advirtiendo que este tipo de figuras permite ordenar la prisión preventiva de personas que todavía no tienen una condena firme, sobre la base de causas penales abiertas o sospechas de reiteración, lo que —sostienen— tensiona el principio de inocencia. El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura cuestionó en particular que, en algunos proyectos, alcance con que una persona esté imputada en una causa para que se le aplique la prisión preventiva.
Desde ese sector también se plantea un riesgo adicional: que individualizar públicamente a un grupo acotado de personas como «los responsables» de buena parte de los delitos de una ciudad —antes de que existan sentencias firmes en su contra— puede derivar en una estigmatización que los señale y los excluya, más allá de lo que efectivamente se les logre probar en cada causa judicial.
