El politólogo riograndense Nicolás Andrada advirtió que la modificación del régimen de Zona Fría que debe tratar el Senado tendría un impacto directo sobre Tierra del Fuego, que, según sus cálculos, la factura de gas por redes aumentaría inicialmente alrededor de un 20% al dejar de subsidiarse el transporte y la distribución, mientras que el gas envasado podría sufrir un impacto aún mayor. Alertó además que la reforma otorgaría al Gobierno nacional facultades para modificar posteriormente la bonificación y el recargo que financia el sistema. Sostuvo que el mayor costo energético alcanzaría a hogares, comercios e industrias y, según su análisis, terminaría trasladándose a precios, menor actividad, desempleo, informalidad y migración.
Río Grande.- La eventual modificación del régimen de Zona Fría podría tener consecuencias que excedan ampliamente el aumento de una factura de gas en Tierra del Fuego. El politólogo riograndense Nicolás Andrada advirtió que el cambio proyectado alteraría la estructura de subsidios, incrementaría el costo energético de hogares y sectores productivos y podría terminar repercutiendo sobre precios, actividad económica, empleo y permanencia de familias en la provincia.
En diálogo con FM La Isla, Andrada cuestionó además la concepción federal de la iniciativa y sostuvo que se trata de una política definida desde el centro del país sin contemplar las particularidades climáticas de la Patagonia.
“Esta es una medida que no hubiesen tomado los habitantes de la Patagonia”, afirmó, al recordar que las temperaturas bajo cero obligan a mantener la calefacción funcionando durante gran parte del año.
Según su análisis, la reducción de los subsidios forma parte de una estrategia nacional destinada a liberar recursos para atender compromisos financieros.
“Creo que todas estas medidas están apuntadas a poder hacer caja para pagar la deuda”, sostuvo, vinculando esa política con la intención del Gobierno nacional de mantener controladas variables financieras como el riesgo país y el tipo de cambio.
Qué cambia con Zona Fría
Andrada explicó que actualmente aproximadamente el 68% de una factura de gas fueguina corresponde al precio del gas en boca de pozo, mientras otro 21% está relacionado con transporte y distribución. Ambos componentes representan cerca del 89% de la factura sobre la cual opera el beneficio de Zona Fría.
El esquema vigente establece una bonificación del 50% sobre esos conceptos. Con la modificación analizada, el descuento dejaría de alcanzar al transporte y la distribución y quedaría aplicado esencialmente al precio del gas.
“Lo único que se va a subsidiar es el costo de extraer el gas”, sintetizó.
De acuerdo con sus cálculos, ese cambio provocaría un incremento inicial cercano al 20% en las facturas por redes. Pero Andrada advirtió que el aspecto central de la reforma está en que el porcentaje de bonificación dejaría de quedar fijado de la misma manera y el Ejecutivo nacional tendría mayores facultades para reglamentarlo, además de establecer topes de consumo.
“Le va a permitir al Gobierno nacional poder alterar los porcentajes”, señaló.
A eso se agrega el recargo utilizado para financiar el fondo fiduciario de Zona Fría, actualmente ubicado en el 7,5% sobre el precio del gas, que según explicó podría ser modificado hasta alcanzar el 11,25%, aunque aclaró que también existiría la posibilidad de reducirlo.
El impacto podría ser todavía más sensible para las familias que no cuentan con conexión a la red y dependen de garrafas. Durante la entrevista se planteó una suba que podría ubicarse alrededor del 40% para el gas envasado, ante lo cual Andrada advirtió: “Claramente, lo que es el precio de la garrafa va a sufrir una gran inflación. Eso no hay duda”.
La preocupación se concentra particularmente en barrios populares y sectores en desarrollo, donde numerosas familias todavía no disponen de infraestructura de gas natural.
Una mirada “centralista” sobre la Patagonia
Andrada vinculó la reforma con una discusión más amplia sobre federalismo y sostuvo que “las decisiones energéticas nacionales no contemplan adecuadamente las diferencias territoriales”.
“Son medidas que vienen tomadas directamente desde Buenos Aires, con una mirada muy centralista de lo que es el país, sin tener en cuenta los distintos climas que hay en Argentina”, cuestionó.
Para el politólogo, no puede analizarse el consumo energético fueguino bajo los mismos parámetros que el de regiones donde las condiciones climáticas permiten reducir considerablemente la utilización de calefacción.
En Tierra del Fuego, remarcó, calefaccionar una vivienda durante prácticamente las 24 horas constituye una necesidad durante buena parte del año.
Por eso consideró que “cualquier reducción de los beneficios tiene un impacto proporcionalmente mayor sobre los hogares patagónicos”.
La discusión por el gas en boca de pozo
Otro de los puntos abordados fue la determinación del precio del gas en boca de pozo, el componente de mayor peso dentro de la factura.
Andrada coincidió en que “no existe una fórmula matemática única que permita determinar de manera sencilla ese valor”.
“En Argentina se sabe que no surge de una fórmula matemática, sino que se da a través de una combinación entre el precio de mercado, negociaciones directas y regulaciones estatales”, explicó.
A su entender, esa falta de una fórmula precisa también abre una discusión respecto de la rentabilidad de las empresas energéticas.
“Al no tener un cálculo matemático preciso que pueda establecer cuánto sale y, en base a eso, poder establecer un precio de venta razonable, es en donde se elige a través de estas negociaciones y las regulaciones”, sostuvo.
El impacto no terminaría en los hogares
Andrada advirtió que el efecto de la reforma no se limitaría a los usuarios residenciales. Un mayor costo energético también impactaría sobre pequeños comercios, establecimientos de servicios e industrias locales.
“Se va a ver afectada la totalidad de la población: los residentes, los pequeños comerciantes, las industrias locales, ya que la calefacción acá se usa las 24 horas”, afirmó.
Desde allí trazó una cadena de consecuencias que, según su análisis, podría profundizar las dificultades que atraviesa la economía provincial.
El primer traslado sería hacia los precios: los comercios y sectores productivos que enfrenten mayores costos energéticos intentarían incorporarlos al valor final de sus productos o servicios.
“Ese aumento se va a traducir en precios, ese aumento de precio se va a traducir en una caída de la actividad económica y después esa caída de la actividad económica se va a traducir en un mayor desempleo”, advirtió.
Consultado específicamente sobre la posibilidad de que también aumente la informalidad laboral, respondió afirmativamente.
“Empieza con una suba del gas y termina con gente yéndose de la provincia”
El último eslabón señalado por Andrada fue el impacto demográfico que podría generar un nuevo encarecimiento del costo de vida fueguino.
El politólogo vinculó la combinación entre mayores gastos domésticos, caída de la actividad y dificultades laborales con el fenómeno de personas que deciden abandonar Río Grande y Tierra del Fuego.
“Esto empieza con una suba de gas y termina con gente yéndose de la provincia, de eso no hay duda”, afirmó.
Desde su perspectiva, por lo tanto, el debate sobre Zona Fría no debería quedar reducido a cuánto aumentará una boleta. Lo que está en discusión es un beneficio creado para compensar las condiciones climáticas particulares de regiones donde la energía destinada a calefacción constituye una necesidad básica.
Andrada planteó que el efecto económico se extendería desde las familias hacia comercios e industrias y, posteriormente, podría alcanzar precios, consumo y empleo. Por eso advirtió que modificar el régimen no solamente alteraría el costo de calefaccionarse, sino que podría agregar una nueva presión sobre una economía fueguina que ya enfrenta dificultades de actividad y empleo.
