La arquitecta Laura Montes, presidente del IPVyH, dio a conocer las obras en marcha, con las limitaciones actuales por la veda invernal, y en total hay 500 viviendas en ejecución. Dio cuenta de los condicionamientos que existen por la deuda que mantiene el FONAVI, por un total de mil millones de pesos, por lo cual “el comportamiento del goteo no se ve reflejado lo que estaba proyectado”, dijo. La opción del fideicomiso también fue descartada porque el gobierno nacional no cumplió con su parte en la experiencia con las viviendas de ATE. Además está la incertidumbre de lo que pueda pasar con el próximo gobierno. El presupuesto presenta déficit en función de un recupero que supera el 90%, pero con montos mínimos que no llegan a cubrir los sueldos.
Río Grande.- La presidente del IPVyH, Laura Montes, dialogó con Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 sobre las obras en marcha, y afirmó que “tenemos aproximadamente 500 viviendas en ejecución. Hoy están suspendidas o con un plan de trabajo bastante planchado por la veda, y porque el invierno es bastante crudo. Esto resiente los trabajos y esperamos que se revierta a fines de septiembre o principios de octubre. Si todo sale bien esperamos que las obras empiecen, que se puedan comprar materiales y equipamiento, que todo se normalice, para que los proveedores puedan entregar algunos elementos que hoy ni siquiera están a la venta”, dijo.
“Algunas viviendas están bastante avanzadas, algunos contratistas han tenido la previsión de tener sus compras, por lo cual pensamos que podemos estar finalizando algunas obras de vivienda y en general las obras continúan”, señaló.
Respecto de la deuda que mantiene el gobierno nacional, hay pocas expectativas de recibir esos fondos. “Esa situación va a quedar ahí, estamos con muchísimo retraso con el goteo de FONAVI. En concepto de FONAVI estamos atrasados en cerca de mil millones. Lo que el mismo Estado dijo que iba a estar previsto para este año, en el comportamiento del goteo no se ve reflejado según que estaba proyectado. Nosotros tenemos asistencia financiera del gobierno provincial para nuestro funcionamiento”, expresó.
“Tenemos todas las licitaciones que han salido y estamos enviando a nación. Hemos licitado cerca de 2.200 viviendas, todas las licitaciones han sido exitosas y hemos tenido ofertas de empresas. Toda esa documentación se está mandando con normalidad a nación para obtener el recurso financiero. Ahora la pelota la tiene nación”, indicó.
Consultada sobre el tipo de viviendas en construcción, detalló que “para Río Grande y Ushuaia tenemos viviendas colectivas en PH, y para Tolhuin tenemos viviendas individuales por lote. La entrega de viviendas depende de que se pueda concretar la finalización. Siempre en las elecciones se disparan los precios, se produce una detención en la venta de hierro, cemento, en los artículos importados como las aberturas de PVC. Hay una retención de proveedores mayoristas pero hay viviendas en Chacra XIII que están en el último proceso de ejecución y podrían llegar a terminarse a fin de año. En Río Grande tenemos 54 viviendas en Chacra XIII, 84 viviendas en Chacra IX y 120 viviendas en el barrio CGT. Faltan los materiales de gas y eso puede tener alguna demora”, advirtió.
“Nosotros entregamos viviendas entre 60 y 65 metros cuadrados de dos dormitorios. También nos manejamos con la ley de UVIs, y está cerca de 350 mil pesos el metro cuadrado para toda la provincia. Como mínimo una vivienda está en 21 millones o 24 millones de pesos porque se le agregan los espacios comunes, el terreno, y no es solamente la vivienda”, explicó.
Disponibilidad de tierras
Puntualmente sobre la situación de Ushuaia, donde desde varios sectores se reclama la ampliación del ejido, dijo que “tenemos la factibilidad de seguir construyendo a corto y mediano plazo. Tenemos tierras todavía en la zona del Pipo y en algunos otros sectores puntuales de la ciudad. Por supuesto estamos con un horizonte que hay que resolver, y tienen que intervenir varios actores para decidir cuál va a ser el ejido de Ushuaia, porque es una ciudad geográficamente diferente del resto. Para un contratista es más barato construir en Río Grande que en Ushuaia, donde se puede encontrar roca, turba, y hay que hacer mucho movimiento de suelo. En Ushuaia tenemos un precio de vivienda y un precio de obra complementaria, que supera el 30% mientras que en Río Grande ronda el 10%. El IPV o la provincia aportan el dinero para obras complementarias como el movimiento de suelo, y siempre el valor es más alto en Ushuaia”.
En cuanto a la posibilidad de constituir fideicomisos para la construcción de viviendas, mencionó que “hemos evaluado esa posibilidad y tenemos como ejemplo las 120 viviendas de ATE. Ahí se hizo un fideicomiso con nación, con el Banco Tierra del Fuego, el IPV como constructor y el municipio que puso las tierras que le había cedido a ATE. En nuestro caso no funcionó y estamos trabajando todas las partes para disolver ese fideicomiso, porque la parte de nación la terminó poniendo el IPV con fondos propios. Estamos trabajando para que se pueda regularizar y los adjudicatarios de esas viviendas puedan empezar a pagar su cuota”.
“Estas tienen que ser operatorias especiales, porque el IPV tiene un perfil netamente social. Debería ser un programa específico donde pueda haber una especie de ahorro previo, y manejarse como se maneja un fideicomiso que trabaja en pozo. No sabemos quién va a ser el próximo gobierno nacional y si vamos a seguir teniendo un Estado que apoye este tipo de emprendimientos que tenemos, que haya planes federales para que todo el mundo pueda acceder a su vivienda. Desde el año ’78 venimos urbanizando y así lo ha hecho la mitad de la Argentina”, sostuvo.
Valor de la cuota
Con respecto al valor de la cuota, indicó que “no se debe perder la mirada social, hoy la cuota equivale a la mitad de un alquiler, la gran diferencia es que antes se acomodaba la cuota cada dos años y no acompañaba la inflación. Hoy se ha ido todo tan por las nubes que hemos tenido que modificar ese recupero, porque una vivienda que se entregó en 2017 paga seis mil pesos, con lo cual no se genera una amortización para seguir haciendo viviendas. Los contratos que ya están firmados no se pueden tocar, pero en adelante habrá otro tipo de amortización, más ajustada a la realidad del país. Conservamos nuestro perfil social pero la cuota se va a ir actualizando”, adelantó.
“Tenemos una mora muy chica, casi el 90% de la gente cumple con su cuota, pero nominalmente no refleja grandes ingresos al IPV. Tengo 8 mil adjudicatarios y un ingreso mensual de menos de 40 millones, que no alcanza para pagar los sueldos”, planteó.
Oficina en Margen Sur
Por otra parte se refirió a la oficina que funciona en margen sur. “Se puede recepcionar documentación para que la gente no tenga que acercarse hasta el edificio central. Se encuentra ubicada detrás de la sucursal del Banco Tierra del Fuego. Es un contenedor, una oficina muy chica donde también se pueden evacuar dudas. Estamos con el programa de cancelación anticipada que también incluye los lotes de margen sur, que se están vendiendo a 1.100 pesos por metro cuadrado. Ya estamos advirtiendo a la gente que el próximo año el que no se haya acercado a regularizar su situación ya va a tener un aumento de ese costo, porque con 250 mil pesos hoy se compra un lote, y eso no nos permite seguir invirtiendo en la gente que está esperando una solución. Eso es por regularización dominial y son lotes que ya están ocupados. Los barrios están casi todos consolidados, tienen sus redes, su mensura, estamos entregando tenencias precarias pero hay mucha gente que todavía no se acerca a regularizar”, dijo.
Históricamente “el IPV ha entregado 25 mil soluciones habitacionales desde su creación, que incluye viviendas, créditos y entrega de tierras. También el IPV en su momento hacía equipamiento comunitario, como gimnasios o escuelas. Hoy solamente estamos con viviendas y algunas redes, pero en su momento era la urbanización completa. Estamos resistiendo, achicando los gastos en todas las áreas y esperamos que la situación mejore. No depende de nosotros sino de nación, nosotros dependemos del impuesto a los combustibles que está frenado hace un año y medio, y confiamos en que esto en algún momento se va a normalizar”, deseó.
Escaleras de emergencia
En cuanto a las escaleras de emergencia en los edificios de Río Grande que quedaron sin terminar, informó que “estamos empezando a finalizarlas. Están trabajando algunas empresas en Chacra IV, en el macizo que está enfrente de Obras Públicas y la idea es terminar esas escaleras. En su momento fue una decisión política pero si me preguntan hoy, la verdad no es una prioridad para el IPV, porque tenemos tanta demanda habitacional que vamos viendo dónde ponemos nuestros recursos. Las escaleras se van a terminar, vamos a ir por macizo y son más o menos 160 escaleras, de las cuales llevamos terminadas un poco menos de la mitad. Es una obra que ha sido bastante problemática porque hay tantas opiniones como vecinos que viven en cada macizo. A algunos les molestan, a otros no. Esto también tiene que ver con la educación que cada uno que vive en propiedad horizontal debe tener. La mayoría de los incendios se ha provocado por negligencia en el uso. El más peligroso de todos que tuvo una víctima fatal fue en San Martín y había una moto con combustible. Estas escaleras son del año 2017 y hoy para terminarlas necesitamos algo más de 400 millones. Eso lo paga el Estado provincial, no tiene recupero”, aclaró.
Finalmente estimó que entre hoy y mañana tendrían definido el presupuesto 2024. “Tenemos reunión con la gente de Economía porque tenemos que ver nuestro presupuesto. Nosotros dependemos de aportes del Estado provincial, por lo cual todavía no está cerrado. Tenemos cierto déficit y siempre contamos con el apoyo del gobernador, tenemos buen diálogo con el Ministerio de Economía, con lo cual confiamos en que nuestro presupuesto pueda sanearse correctamente”, concluyó.
