Poca fiabilidad y descrédito fueron los términos utilizados por el Dr. Raúl Aciar al momento de referirse a la Justicia fueguina, e instó a poner un remedio porque la situación “perjudica a todos los ciudadanos”. Coincidió en que está en un estado terminal, como opinan otros letrados, y lo atribuyó en gran parte a la intromisión del poder político. Consideró fundamental el rol que no está cumpliendo el Consejo de la Magistratura para designar jueces probos y expulsar a quienes no lo son. También cuestionó la demora de los procesos, que no tienen justificación, porque tienen presupuesto, personal y elementos para trabajar, pero hay causas que demoran hasta siete años. Aseguró que hay jueces cuya labor no trasciende a los medios, porque tienen sus juzgados en orden y resuelven sin dilaciones.
Río Grande. – El Dr. Raúl Aciar analizó la situación del Poder Judicial de la provincia y coincidió con su par Francisco Giménez en que se encuentra en un “estado terminal”, instando a resolver de alguna manera a situación porque los perjudicados son todos los ciudadanos.
“Entiendo que la Justicia está en este momento en una actitud de total carencia de vistas para el lado de la sociedad. La sociedad espera una actitud de la Justicia, que es la resolución de los conflictos que se someten a su decisión. La Justicia es un servicio a la ciudadanía y esto hoy está en crisis con todos los acontecimientos que están ocurriendo”, dijo en el programa ‘Buscando el Equilibrio’ por Radio Provincia.
“La información que debe brindarse al público se reserva o no se quiere decir, y eso es parte de la crisis judicial. Este es un fenómeno que tiene que ver con la república y afortunadamente existe un sector de periodismo independiente que pone en conocimiento de la ciudadanía todo aquello que el poder no quiere que se sepa”, expresó.
Ante la sucesión de recusaciones por la demora en definir la constitucionalidad de la ley que declaró la necesidad de la reforma constitucional, consideró que “no hay excusa para semejante tardanza en resolver” y advirtió que “en todos los juzgados hay cuestiones que están con atraso, pero no es justificación porque las leyes de procedimiento establecen plazos y esos plazos se van prorrogando. Hay causas que demoran cuatro o cinco años y no hay justificación”, señaló.
Puntualmente sobre la reforma constitucional, no ve motivos para que no se resuelva. “En el Superior Tribunal hay un tiempo de tramitación y debería resolverse, guste o no guste. Creo entender que esto tiene razones políticas y este es otro motivo de la crisis terminal en que se dice que está el Poder Judicial, por haber permitido la injerencia política que genera este tipo de situaciones”, sostuvo.
“El Poder Judicial suele declamar su independencia, pero en estos casos se ve que no es así. Es muy difícil explicar lo que no tiene explicación, no importa si la causa es del señor gobernador o de un ciudadano de a pie, pero que tenga siete años de tramitación no es razonable”, manifestó.
Presupuesto de sobra
El abogado descartó que los problemas de la Justicia tengan un origen presupuestario, porque los ingresos prácticamente equivalen a un presupuesto municipal. “Hay que eficientizar el gasto que hace la Justicia, porque hay algunas cosas que no están en su lugar. Con el presupuesto que tiene el Poder Judicial actualmente es posible realizar la tarea que le es encomendada, sin retrasos. No hay falta de personal ni falta de materiales y hay jueces que tienen el juzgado al día. Lamentablemente no son los jueces que son noticia, porque hacen lo que tienen que hacer, pero si esto es así, quiere decir que todos los jueces estarían en condiciones de tener el juzgado al día”, observó.
“Hay otra variable muy interesante y es que hoy existen elementos informáticos que agilizan mucho la tarea del Poder Judicial. Por ejemplo, en la provincia de Río Negro han implementado un sistema de inteligencia artificial básicamente para las ejecuciones fiscales del Estado. Esto lleva mucho tiempo en cada uno de los juzgados. Las ejecuciones fiscales son el cobro de los impuestos al contribuyente que no paga y hay miles de ejecuciones en cada juzgado. Eso se puede resolver informáticamente con un grado de excelencia, porque son procesos muy sencillos y es un número muy grande. Implementar la inteligencia artificial tiene un costo muy barato y es un recurso que podría utilizarse y traería como consecuencia un gasto menor”, aseveró.
No más jueces de por vida
El Dr. Aciar puso en valor la propuesta del Dr. Luis Augsburger como convencional constituyente, que no daba lugar a los cargos vitalicios en la Justicia. “En la Constitución primigenia de la provincia hubo un convencional que planteó la reelección de los jueces y la elección popular de los jueces, que periódicamente deberían rendir examen. Fue el Dr. Luis Augsburger y esto hoy toma vigencia, vista la poca fiabilidad y el descrédito que existe respecto del Poder Judicial. Esto hay que arreglarlo de alguna manera porque nos afecta a todos, no es poca cosa”, enfatizó.
“En realidad la Constitución es un reparto de poder, justamente en la búsqueda de un equilibrio y que no exista uno que tenga más poder que el otro. Acá lo que hay que hacer es modificar el Consejo de la Magistratura, porque es el que designa y expulsa a los jueces, y eso no funciona. Está sumamente politizado y es el origen de todas estas crisis y escándalos que tenemos últimamente. Si se hicieran selecciones útiles para otorgar los cargos de los jueces, en atención a sus antecedentes, conocimiento, idoneidad, a la cuestión moral, la radicación de la persona, sería distinto y lamentablemente esto no funciona. Se designa a los jueces por cuestiones políticas y no se expulsa a jueces que han tenido muchos motivos para ser expulsados”, cuestionó.
Recordó el paso de De Gamas Soler porque “hasta el 2023 tuvimos un juez imputado en la causa de la AMIA y nadie dijo nada. El Consejo de la Magistratura tampoco hizo nada y lo sabía todo el mundo. Si el Consejo de la Magistratura funcionara de una forma más eficiente y más útil para la sociedad, esos fenómenos no ocurrirían. Lamentablemente seremos mala noticia justamente por estas cuestiones de naturaleza judicial”, manifestó.
La causa de Leonelli
Con respecto a la causa que tiene como imputado al Dr. Andrés Leonelli, dijo que “opino lo que opina todo el mundo, que esto es un escándalo, que no tiene razonabilidad, no tiene explicación y sencillamente es una gran negligencia, una gran falla, y en esto hay una cierta intencionalidad y una búsqueda de cuestiones que no son legítimas. Es muy raro que en una causa se pierda ese tipo de material y el tiempo que tardó esta encomienda desde que salió de Río Grande hasta que llegó a Ushuaia, porque normalmente llega en 24 ó 48 horas. Por trascendidos entiendo que pasaron 11 días y eso no es normal”.
“Con esto se ha hecho una causa para investigar por qué ese sobre llegó abierto y con faltante de material presuntamente y no hay explicación. Esto por supuesto perjudica al proceso y hay una intención totalmente ilegítima”, reiteró.
“La causa que se abrió ahora para investigar por qué hubo un faltante es muy difícil que llegue a buen puerto, porque lo perdido, perdido está y no creo que aparezca. Se podrá encontrar algún responsable, se hará un sumario o algo formal, y todo esto desvía el objeto que hay que investigar. También eso es parte de la intencionalidad”, afirmó.
“Me pregunto cuánto falta para que este escándalo judicial acceda a las noticias nacionales. Ayer me contaban que hay un abogado de Córdoba que tiene un portal que ya ha puesto en su plataforma el caso de Tierra del Fuego. Somos la mala noticia en todos lados y esto es lo que habría que modificar desde el origen”, instó.
Corrupción de funcionarios
A propósito del patrimonio superior a los 8.000 millones de pesos que declaró Máximo Kirchner, se le preguntó sobre la responsabilidad patrimonial de los funcionarios que cometen errores que han derivado en juicios millonarios contra la provincia. “Eso existe formalmente, nunca se puso en práctica y tampoco hubo intenciones de hacerlo. Todo eso es corrupción. El poder corrupto no quiere que esto comience a funcionar, como debería ocurrir en democracia, porque hay muchos que podrían perder su poder y su dinero. Esto no se cumple y debería cumplirse”, indicó.
“Esto se puede llegar a solucionar aprendiendo a votar, que no es nada fácil. Es la única forma de generar un cambio estructural. Yo creo que estamos en un fin de ciclo, en un cambio de era. Esto lleva tiempo y mucho compromiso, porque no es casualidad que se hayan llevado dinero del Estado a las arcas de las cuentas propias de los funcionarios”, dijo.
“Hubo situaciones en las que se supo que el Estado a propósito cometía errores que le costaban mucha plata para favorecer a aquel al que se le creaba un derecho para reclamarle al Estado. Esto debe solucionarse votando distinto, no eligiendo a quienes en campaña prometen cosas y hacen lo contrario después. Hay que saber a quién se vota”, remarcó.
Tiempo de cambio
El abogado tuvo fe en que se vienen cambios para el país y la provincia, aunque van a llevar tiempo. “Este es un fenómeno que va a cambiar y creo que está cambiando, por eso digo que estamos en un fin de ciclo. Como todo cambio genera fricciones y no es tarea fácil. Está claro que el gobierno nacional está generando un cambio en la macroeconomía y lo han conseguido, pero hay mucha macro y poca micro. La tarea que falta es lo que tiene que ver con el bolsillo del ciudadano común. La conexión entre el gobierno nacional y la ciudadanía en ese sentido todavía es precaria”, calificó.
A propósito de la demanda de la gente, como son las fuentes laborales, opinó sobre el RIGI y la no adhesión de la provincia. “Me parece un error muy grande que no haya adherido la provincia porque es una oportunidad y una posibilidad de un gran crecimiento, con un flujo económico mayor al que tiene Tierra del Fuego. Las inversiones externas mediante este régimen van a venir siempre y cuando los Estados provinciales y el Estado nacional demuestren cierta seriedad. Nadie invierte mucha plata en gente que no da garantías. El gobierno nacional está mostrando una cara distinta, pero esto se ve en el tiempo”, expresó.
Avaló asimismo medidas como la disolución de Vialidad Nacional y otros entes. “Esto es parte del cambio. Achicar un Estado elefantiásico como el que nos dejaron las administraciones anteriores no es tarea fácil, porque a la vez que el Estado achica el empleo público, tiene que proveer al sector privado para generar nuevas fuentes de trabajo. Esto también se está produciendo, pero en un volumen que todavía no es significativo”, consideró.
“Sin duda hay empresas y organismos del Estado nacional sobredimensionados y esto es parte de la herencia que nos dejaron. Achicar y eficientizar el Estado suena muy lindo, pero en la práctica no es sencillo”, concedió.
Situación carcelaria
Finalmente, como abogado penalista se refirió a la situación carcelaria. “Estamos muy justos con la posibilidad de alojamientos carcelarios y esto tiene que resolverse. En los países desarrollados es al revés y están cerrando cárceles, porque han incrementado los niveles de educación. Cuantas más escuelas y educación hay, son menos los ciudadanos encarcelados y hay que apuntar a eso. En la coyuntura hay que prever un incremento de la capacidad carcelaria, porque no hay que esperar a que esto se desborde para tomar una decisión”, concluyó.
