El legislador del MPF Pablo Villegas se refirió la integración orgánica del partido provincial al frente que lidera el intendente Martín Pérez y, si bien marcó coincidencias en la visión de la gestión provincial, priorizó los “objetivos estratégicos”, que tienen la mirada puesta en el 2027. Defendamos Tierra del Fuego se medirá en octubre con sus adversarios como objetivo de corto plazo, pero a mediano plazo disputará los Ejecutivos y los cuerpos colegiados de la provincia. Además, adelantó la impugnación del dictamen sobre las salmoneras, que calificó de “ilegal”, de acuerdo a las normas que regulan los procedimientos legislativos. La presidente debió conducir el debate e instar a la votación y, al no estar presente se la debió apartar del cargo o bien fijar otra reunión, previa notificación formal a los miembros de la comisión. Nada de esto ocurrió y el instrumento viciado de ilegalidad dejaría abierta la judicialización a los ambientalistas.
Río Grande. – El legislador Pablo Villegas dio cuenta de los objetivos estratégicos que llevaron al MPF a integrar orgánicamente el frente Defendamos Tierra del Fuego, que lidera el intendente Martín Pérez. Aseguró que octubre es un primer paso, pero la mirada está puesta en el 2027.
“El órgano máximo partidario es la convención, que le otorgó mandato al legislador Löffler para que decida si íbamos a integrar un frente en este proceso electoral o íbamos a ir solos. Se tomó la decisión de integrar un frente y uno está a las resultas de esa decisión, porque en términos orgánicos el MPF se ha expresado en este sentido”, dijo por Radio Provincia.
“Nosotros tenemos objetivos estratégicos, como cualquier otra organización política, no solamente relacionados con esta elección intermedia. Queremos utilizar de la mejor manera posible este proceso electoral para posicionarnos para el 2027, con una propuesta concreta a nivel provincial y municipal. Esa es la mirada estratégica y una de las razones de participar en este armado electoral”, explicó.
“Como organización política tenemos objetivos, que tienen que ver con estas elecciones intermedias, pero principalmente tienen que ver con el 2027 y estamos adoptando decisiones en ese sentido”, ratificó.
Respecto de los candidatos dijo que “de mi parte me encantaría que un hombre del MPF integre la lista, pero esa es una negociación que está llevando el legislador Löffler. El objetivo nuestro es tener candidatos para los Ejecutivos y para los cuerpos legislativos en el 2027. Este es un armado de carácter embrionario en términos electorales, que tiene objetivos a corto y mediano plazo”, definió.
Consultado sobre qué une a fuerzas políticas tan dispares entre sí. “Hay compatibilidades de miradas políticas con respecto a la provincia, con el trabajo conjunto en el Concejo Deliberante de Río Grande y la intendencia. Los concejales del MPF están acompañando un modelo de gestión municipal y hay una mirada en común a nivel provincial y municipal”, afirmó.
Un dictamen “ilegal”
Por otra parte, calificó de “ilegal” el dictamen que habilita a la explotación a escala de la salmonicultura, suscripto por cuatro legisladores en ausencia de la presidente de la comisión Laura Colazo, que derivó en su renuncia.
“Yo voy a ser conteste con lo que expresó la presidente de la comisión 3, la legisladora Laura Colazo. Nosotros tuvimos una reunión conjunta con la comisión 1, con un plazo de notificación menor a cuatro horas. Participaron distintos actores sociales, referentes ambientalistas, el presidente de la Cámara de Comercio, un productor, el contador Gallardo. En un momento se pasó a un cuarto intermedio, después de un debate con funcionarios del gobierno provincial, porque estuvo la Ministra de Producción y el Subsecretario de Pesca. Durante el cuarto intermedio se retiraron los invitados y quedamos un grupo de cinco o seis legisladores. Después de escuchar que querían sacar un dictamen, yo le pregunté a la legisladora Laura Colazo cuál era su posición y me manifestó que no estaba de acuerdo con que se emitiera dictamen. Sugirió la constitución de un plenario de los 15 legisladores en el transcurso de esta semana”, relató.
“Yo me retiré y me puse en contacto con la presidente de la comisión, que también se había ido sin que saliera el dictamen. Más tarde me entero de que cuatro legisladores se habían quedado y procedieron a dictaminar, por lo cual la legisladora Colazo dejó en claro que se hizo en su ausencia y sin su consentimiento”, dijo.
Consultado acerca de si se puede dictaminar en ausencia del presidente de la comisión, lo negó salvo ciertas condiciones previstas en las normas. “Yo sostengo que no y por eso he dicho públicamente que el proceso de formación de esta ley que pretende llevar a sesión el Ejecutivo se encuentra viciado de ilegalidad, porque se han soslayado arbitrariamente las funciones que todos los legisladores ponemos en cabeza de los presidentes de las comisiones. Al igual que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, tenemos ciertas reglas de juego establecidas por la Constitución de la provincia, el reglamento interno y el reglamento de comisiones. Allí dice cómo debemos actuar para lograr la sanción de una ley. El presidente de la comisión es el encargado de convocar a reunión y definir el temario, dirigir el debate y solicitar la votación para sacar dictamen. Eso se ha dejado de lado”, sentenció.
“Lo que tendrían que haber hecho era, o bien remover de la presidencia a la legisladora Colazo, notificar a los demás integrantes de la comisión 3 y definir una nueva fecha de convocatoria a comisión; o bien, frente a la ausencia de la presidente, el vicepresidente podría hacer una convocatoria, pero con las formalidades del caso, notificando a los demás integrantes de la comisión. Nada de eso se hizo, ni se le retiró el carácter de presidente a la legisladora Laura Colazo, ni se notificó al resto de los legisladores de una nueva reunión de comisión. Por eso digo que se rompieron las reglas parlamentarias que están definidas por el marco legal vigente. El proceso está viciado de ilegalidad”, remarcó.
Así las cosas, la ilegalidad de este instrumento dejaría abierta la puerta no sólo a la impugnación prevista por el legislador Villegas, sino a acciones administrativas y/o judiciales de parte de los ambientalistas que se oponen a este desarrollo.
El legislador tomó postura frente a este tipo de explotación intensiva y aseguró que sigue “parado en el mismo lugar desde hace tiempo. Fue el bloque del MPF el que presentó dos proyectos de ley para que se sancione la 1355; en consecuencia, no estoy de acuerdo con lo que promueve el gobernador, que es derogar la ley. Por otro lado, yo no estoy en contra de la promoción de la acuicultura como actividad productiva, pero una cosa es la acuicultura sostenible, como la cría de mejillones en el Canal Beagle o como el cultivo de peces a través de un sistema RAS, como existe en la zona de Almanza. Esto es en tierra, con piletones donde hay un tratamiento del agua que se utiliza”, diferenció.
“Yo he acompañado a la ley de fomento a la acuicultura, que otorga beneficios fiscales en un 70% para el primer año, un 50% y un 30% de reducción de ingresos brutos en los años siguientes. Pero uno está en contra de la cría de salmones al estilo chileno, con grandes granjas en cualquier zona marítima o lago de Tierra del Fuego. Todos sabemos que generan un impacto ambiental irreversible, con fuentes de trabajo limitadas, y la riqueza beneficia al dueño de la empresa, no genera un derrame como la actividad turística u otro tipo de emprendimiento, como podría ser la pesca artesanal. Sigo pensando lo mismo que hace años, y no voy a borrar con el codo lo que escribí con la mano”, concluyó.
