La Dra. María del Carmen Battaini, presidente del Superior Tribunal de Justicia, informó sobre el trabajo que se viene realizando para estar al día con los avances tecnológicos y poder brindar un mejor servicio de justicia. “Tratamos de generar un servicio cada vez más cercano y eficaz, y personalmente creo que el servicio de justicia tiene que lograr una interconexión con la comunidad”, dijo. Además, dio detalles de la capacitación permanente a magistrados y personal en distintas temáticas, entre ellas la perspectiva de género. Respecto de los cargos por cubrir, planteó restricciones presupuestarias, pero se está avanzando con los concursos pertinentes para poner en marcha el juzgado 3 de familia de la zona norte y el juzgado civil. Sobre el presupuesto 2025, que asciende a 91 mil millones, de los cuales el 86% se destina a salarios, explicó que “el presupuesto se elabora en función de las necesidades para cubrir el servicio, no es solamente para pagar haberes, si bien la mayor parte de nuestra tarea es humana y tenemos 905 empleados”. Respecto de la vinculación del poder político con la justicia, aseguró que no es así, manifestando que “en lo que a mí respecta, la política no influye”. Además, desmitificó la creencia de que los jueces viajan a costa de los impuestos que pagan los vecinos, señalando que “todos los viajes al exterior desde que estoy en Tierra del Fuego me los he pagado yo, ya sea que vaya a la ONU por el tema Malvinas, a la Corte Interamericana, al Tribunal de Casación Italiano, al Supremo Español, adonde sea. Todo lo que sea al exterior me lo pago de mi bolsillo”.
Río Grande.- La Dra. María del Carmen Battaini, presidente del Superior Tribunal de Justicia, dialogó con el programa ‘Buscando el Equilibrio’ Radio Provincia sobre los avances tecnológicos que se están implementando, para brindar un mejor servicio de justicia, además se refirió a las capacitaciones y al diálogo permanente con los gremios que reclaman una mejora salarial.
“Estamos trabajando con todos los avances tecnológicos, especialmente Kayen, que es nuestro sistema. Se han mejorado muchas situaciones que preocupaban a abogados, magistrados e incluso empleados. Trabajamos en una mesa de interacción y se están logrando importantes avances. Los abogados pueden incorporar sus presentaciones 23 horas al día los cinco días de la semana. También interactuamos con las provincias argentinas, que agiliza mucho las tramitaciones”, dijo.
“Se está trabajando con sistemas de digitalización, obviamente hay que seguir evolucionando, aunque estamos limitados por la cuestión presupuestaria. Todas las innovaciones tecnológicas suponen sumas bastante cuantiosas, pero nos estamos poniendo a la altura de las circunstancias”, aseguró.
Consultada sobre el presupuesto 2025, que asciende a 91 mil millones, de los cuales el 86% se destina a salarios, explicó que “el presupuesto se elabora en función de las necesidades para cubrir el servicio, no es solamente para pagar haberes, si bien la mayor parte de nuestra tarea es humana y tenemos 905 empleados. Nosotros estamos funcionando las 24 horas los 7 días de la semana. Algunos ven que a las 2 de la tarde se cierra la cortina y no es así, aparte de todos los insumos que se necesitan para funcionar. Si tenemos que hacer un estudio de ADN en una causa penal, esa muestra tiene que ir con custodia y acá no tenemos cómo hacerlo. El laboratorio más cercano es Río Gallegos, pero nos sale más caro que mandarlo a Buenos Aires. A veces es necesario traer un testigo de otra jurisdicción y así hay infinidad de temas que van sumando. Tenemos gastos en alquileres, en luz, en gas, en todo lo que significan los servicios, y estamos 7×24”, subrayó.
“Tratamos de generar un servicio cada vez más cercano y eficaz. Personalmente creo que el servicio de justicia tiene que lograr una interconexión con la comunidad, entendiendo los contextos y las diferentes perspectivas. Si hablamos del sistema penal, el sistema acusatorio está en casi todas las provincias, y es un sistema donde se le da participación a la víctima en un proceso del que antes estaba excluido. Esto tiene al acercamiento y a la visualización de lo que hace la justicia”, destacó.
“Tenemos estándares de derechos humanos, estándares interamericanos de derechos humanos, que se aplican en esas perspectivas. Hay muchas líneas de acción en las que se está trabajando y siempre cada cambio es resistido, pero se pueden ir logrando con la participación conjunta de todas las personas de incumbencia”, sostuvo.
“Hace más de 20 años comenzamos con un acercamiento a la gente, con nuevos paradigmas. Estos últimos años se detuvo un poco esa dinámica y la estamos retomando, con trabajo en redes, acercándonos a los barrios más necesitados, haciendo convenios con las municipalidades para tener espacios de asesoramiento. Es importante el trabajo en redes, porque solos no podemos dar respuesta si no tenemos una conexión con el resto de los poderes. Estamos nuevamente poniendo fuerza en lo que es política institucional del Poder Judicial, que es el acceso a la justicia”, expresó.
“También se necesita gente capacitada y conformar equipos para brindar esa cercanía, que es necesaria. En Río Grande teníamos un programa de acercamiento a las escuelas, que era muy importante para ellos y para nosotros, porque nos permite conocer qué piensan nuestros jóvenes y orientarlos en una perspectiva de comunidad, de vivir en sociedad y podíamos aportar capacitaciones en los temas que a los jóvenes les preocupan”, mencionó.
“La política no influye”
Consultada sobre la vinculación del poder político con la justicia, aseguró que no es así, a propósito de la demora en la sentencia vinculada con la reforma de la Constitución. “En lo que a mí respecta, la política no influye. Hay circunstancias propias de una causa o de un expediente. No voy a hablar puntualmente de ninguna porque estamos interviniendo en ellas y los conceptos de los tiempos no son todos iguales. Existe un código de procedimiento que establece plazos, pero ese plazo se demora porque hay peticiones que hacen las partes que alargan el proceso. A veces estamos por llamar a sentencia a una causa y se presenta una nulidad o se hace una presentación de algún hecho que se incorporó recientemente que tiene que ser atendido. Esto no se resuelve inmediatamente y, por el principio de legítima defensa, hay que darles traslado a todos los intervinientes. Si es el caso, hay que darle traslado al defensor pupilar o al fiscal. Cuando uno saca la cuenta, parece muchísimo”, planteó.
“Hay otros casos que se resuelven rápidamente, como una exclusión del hogar o una medida cautelar, porque son medidas cautelares preventivas que no necesitan de pruebas suficientes. Se suspende y por ahí cuando llega la decisión final, esa medida cautelar cae. Hay procesos que son rapidísimos como un ejecutivo, y así otros tantos. Depende del proceso, de la complejidad, de las causas y hay muchos factores”, señaló.
Con respecto a las denuncias públicas de Elvia Agüero, sobre sobreprecios en la compra de medicamentos de OSEF, se le preguntó por qué no hubo investigación de oficio como ocurría en otros casos. “A lo mejor lo están haciendo y no tienen por qué decirnos, hasta que no salga el hecho o hagan un requerimiento ante el juez. Yo no puedo dar una respuesta porque no sé si se está haciendo o no. A lo mejor están preparando pruebas y están investigando, pero es reservado. Sería una buena pregunta para hacer al jefe de fiscales”, manifestó.
Capacitación permanente
En materia de capacitación, dijo que “siempre es poca. Es muy buena, se hace muchísimo, tenemos diplomaturas, el Dr. Sagastume está a cargo de la escuela judicial y se hace todo tipo de capacitación. Pertenecemos también al instituto de capacitación de la junta federal y se capacita mucho en tecnologías. Además, se hacen capacitaciones virtuales y estamos capacitando en leyes obligatorias, Lucio, Micaela, Olimpia, y tenemos todos los módulos colgados en la página. También se capacita en género, en diferentes perspectivas de niñez y adolescencia. En este momento se está capacitando, en conexión con el foro penal juvenil, en todo lo que tiene que ver con niños y niñas en conflicto con la ley penal”, detalló.
“Las capacitaciones están, solamente hay que sumarse. Desde el instituto de la junta se están buscando nuevas modalidades de interacción para tener la certeza de que la capacitación virtual es efectiva”, apuntó.
Concursos pendientes
Por otra parte, se le preguntó sobre las designaciones pendientes. “En el juzgado 3 de familia, que es una necesidad del distrito norte, se están tomando los concursos para ver si medianamente podemos ponerlo en funcionamiento antes de fin de año. No es fácil por un tema presupuestario, ya tenemos el lugar para ponerlo en marcha, pero nos faltan los concursos fundamentalmente, que se están llevando a cabo. Después está el juzgado civil, nos han hecho presentaciones el defensor general y el procurador general para reestructurar y ampliar fiscalías y defensorías, en los dos distritos madres y también en Tolhuin, donde hay un juzgado multifueros y requiere de mayor presencia”, informó.
“Necesitamos ampliar para prestar un mejor servicio, pero todo depende del presupuesto. Cuando se abre el concurso para jueces, que lo hace el Consejo de la Magistratura, vienen postulantes de todo el país. Cuando se hacen concursos para secretarios o prosecretarios, se pueden presentar también de todo el país, no solamente de Tierra del Fuego”, aclaró.
Integración por género
Con respecto a la participación de la mujer en la justicia fueguina, indicó que “tenemos una Corte con dos mujeres y siempre se necesita nuestra mirada. Nuestra provincia tiene un capital importante de mujeres y es muy bueno por esto de las diferentes miradas. Seguimos avanzando en capacitar a las mujeres porque, por más que el género acompañe, juzgar con perspectiva no es tan común. En la provincia de Tierra del Fuego no estamos tan mal pero podríamos estar mejor. En el resto de las provincias en casi todas las Cortes ya hay mujeres. En los juzgados de primera instancia y cámaras se van incorporando, siempre cuesta más en los cargos más importantes. Ya se va astillando el techo de cristal, todavía no se rompió pero se va pudiendo visualizar un poco más. Diferente es en los Consejos de la Magistratura, nosotros tenemos tres de siete, pero hay otros Consejos de la Magistratura donde todavía las mujeres no han llegado a la paridad”, dijo.
“Antes, a pesar de haber mujeres, seguían fallando sin perspectiva de género. A veces no pasa tanto por el género, porque me tocó presentar un caso de una mujer condenada por homicidio por una corte de mujeres, y el órgano revisor, conformado por hombres, la absolvió por legítima defensa”, citó como ejemplo.
Presupuesto 2026
En base a la ejecución de este año, se está elaborando el presupuesto 2026. “Estamos trabajando sobre el tema, tratando de acotarnos lo más que podemos, porque tenemos que cumplir con las funciones. Todavía no tenemos el número definitivo y lo estamos trabajando. Esta semana seguramente lo vamos a tener. Si queremos juicios por jurados, vamos a necesitar presupuesto, pero vamos por el buen camino. Todavía nos falta capacitar y madurar un poco para poner en marcha el sistema dentro de la justicia penal. Si nos comparamos con muchas provincias argentinas, Tierra del Fuego está muy bien. No tenemos la tecnología que tiene Mendoza o Chaco, que tienen avances muy importantes. Hay provincias que han avanzado muchísimo en tecnología y por lo general son sistemas propios y colaborativos. También hay provincias donde los poderes ejecutivos cubren la parte dura, lo que significa computadoras, software, todo lo más caro lo pagan los poderes administradores de las provincias y eso es un alivio muy grande para el poder judicial. Los que no tenemos esa suerte tenemos que manejarnos con lo que podemos, pero vamos avanzando”, aseguró.
También se la consultó sobre las obras edilicias, particularmente el muro del edificio del Superior Tribunal de Justicia. Dijo que “se estuvo trabajando todo el año con la parte de infraestructura con la empresa constructora, para buscar una solución. De hecho, tiene una solución transitoria como para que resista. La solución definitiva calculo que va a empezar a construirse cuando termine la veda. Hay una preocupación de todos, no solamente de los vecinos”.
Reclamos salariales
Luego del paro de judiciales en reclamo de recomposición salarial, se ha logrado restablecer el diálogo. “Estamos trabajando en conjunto con los gremios. Se viene trabajando muy bien porque ambos gremios comprenden que lo nuestro no es solamente salarios sino trabajar hacia adelante. Ellos obviamente tienen que defender su situación, uno los comprende y trata de hacer lo más posible para que los sueldos por lo menos sigan a la inflación. Es difícil, pero se intenta”, afirmó.
“El diálogo con los trabajadores es constante, nos reunimos todas las semanas, yo viajo mucho a Río Grande y, si no nos reunimos físicamente lo hacemos virtualmente. Siempre estamos en contacto telefónico para poder avanzar en soluciones. Tenemos muy buenos empleados que dan una respuesta eficiente y eficaz y se ponen la camiseta para llevar adelante el poder judicial. El 99% de nuestra gente es lo más valioso que tiene el poder judicial”, valoró.
Viajes y viáticos
La Dra. Battaini desmitificó la creencia de que los jueces viajan a costa de los impuestos que pagan los vecinos. “Todos los viajes al exterior desde que estoy en Tierra del Fuego me los he pagado yo, ya sea que vaya a la ONU por el tema Malvinas, a la Corte Interamericana, al Tribunal de Casación Italiano, al Supremo Español, adonde sea. Todo lo que sea al exterior me lo pago de mi bolsillo. No hay gastos solamente en viajes, sino en hotel y en pagar el curso, pero uno lo hace con mucha satisfacción de representar a la provincia y traer algo a la provincia para ponerlo en marcha”, indicó.
Escándalos judiciales
Finalmente, se le preguntó por los escándalos judiciales que pusieron en la mira a magistrados de la provincia, ante el silencio de la Corte. “La característica del juez tiene que ser la prudencia. Hasta que no se investigue, uno no puede condenar antes de que el proceso se lleve a cabo. El resto de las personas puede hablar, pero los jueces tenemos que mantener la prudencia. Una de las obligaciones que tenemos los que estamos en la justicia es mantener la paz social y mal lo podemos cumplir si, ante un hecho común, no esperamos el proceso. Cada uno sabe lo que hace y está sujeto a las mismas condiciones que todos los ciudadanos”, concluyó.
