La crisis institucional en Tolhuin ya no admite eufemismos, donde el enfrentamiento entre el Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante ante una relación quebrada escaló a niveles inéditos, al punto de judicializarse y quedar ahora bajo la órbita del Superior Tribunal de Justicia. En este sentido, el secretario de Legal y Técnica del Municipio, Dr. Alexis Solís, señaló que “no solo “los cinco concejales de Tolhuin se gastaron en apenas ocho meses más de 1.820 millones de pesos asignados para su funcionamiento, una cifra exorbitante para un cuerpo legislativo tan reducido”, afirmó, al tiempo que agregó que “no conformes con eso, exigieron a través de cartas documento una ampliación de partidas que proyecta superar los 650 millones adicionales”. Por tal motivo, el funcionario reconoció que “la municipalidad se vio obligada a suspender o postergar actividades porque desde el Concejo “nos obligan a desfinanciar áreas esenciales para satisfacer sus dietas, es un disparate que cuatro o cinco concejales se lleven por delante a toda una comunidad”, afirmó con tono indignado.
Tolhuin.- El secretario de Legal y Técnica del Municipio, Dr. Alexis Solís, fue categórico en dialogo con FM La Isla al afirmar que “lo que atraviesa Tolhuin no es un debate administrativo ni presupuestario, sino un choque político feroz, teñido de intereses partidarios y manejos irresponsables de fondos públicos”.
El presupuesto que se evaporó
Solís denunció que “los cinco concejales de Tolhuin se gastaron en apenas ocho meses más de 1.820 millones de pesos asignados para su funcionamiento, una cifra exorbitante para un cuerpo legislativo tan reducido”, afirmó, al tiempo que agregó que “no conformes con eso, exigieron a través de cartas documento una ampliación de partidas que proyecta superar los 650 millones adicionales”.
En este contexto, manifestó que “estamos hablando de que cada concejal les cuesta a los vecinos más de 500 millones de pesos, pero lo peor de esto es que no sabemos en qué se gastan, porque no hay detalle de personal, contratos ni gastos concretos, nos notifican como si fuera un capricho, ‘necesito tanta plata, págame’”, disparó el funcionario.
La indignación crece si se compara el dispendio legislativo con las prioridades comunitarias y con los montos reclamados, donde con este dinero el municipio podría asfaltar 600 metros de calles o adquirir motores para la generación de energía, necesidades urgentes de los vecinos.
Mentiras, vetos y modus operandi
Solís también cuestionó el relato del Concejo Deliberante, que intentó victimizarse en comunicados públicos al sostener que “mienten categóricamente cuando dicen que aprobamos su presupuesto sin discusión, vetamos una parte importante de la ordenanza, pero ellos insisten, aprueban sin sustento, y después nos exigen que cumplamos lo que ellos mismos saben que es inviable, es un modus operandi irresponsable”, denunció.
Para el secretario, los concejales actúan con “total desconexión de la ley de Responsabilidad Fiscal, que paradójicamente tres de ellos votaron en 2018, no cumplen nada de lo que ellos mismos avalaron, son unos irresponsables”, sentenció.
El trasfondo partidario
La disputa, sin embargo, va mucho más allá de los números, donde Solís fue claro al atribuir las tensiones al “alineamiento de la mayoría del Concejo con el presidente del Partido Justicialista, Walter Vuoto”.
Según el funcionario, “cuatro de los cinco ediles responden al esquema político del intendente de Ushuaia, lo que en la práctica bloquea al intendente Harrington por no subordinarse a esa conducción partidaria”.
“Lo que hay acá es clientelismo político. Nos ponen trabas no porque haya errores de gestión, sino porque no seguimos la línea del PJ. Prefieren fundir al municipio antes que reconocer que hay una administración que está dando respuestas a los vecinos”, advirtió.
Paralización institucional
El conflicto ya afecta directamente al funcionamiento de la ciudad, dado que Solís reconoció que “la municipalidad se vio obligada a suspender o postergar actividades y ordenanzas para poder destinar recursos a las exigencias del Concejo, entre lo que quedó en riesgo, mencionó la tradicional Fiesta de los Antiguos Pobladores, que podría cancelarse por falta de fondos”.
“Nos obligan a desfinanciar áreas esenciales para satisfacer sus dietas, es un disparate que cuatro o cinco concejales se lleven por delante a toda una comunidad”, afirmó con tono indignado.
Judicialización y punto de no retorno
El Ejecutivo decidió presentar una acción de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia, cuestionando la legalidad de las ordenanzas y la exigencia de fondos. Según Solís, el Concejo viola la Constitución provincial, la Ley 6 y principios básicos del derecho presupuestario.
La apuesta judicial marca un quiebre irreversible en la relación política, dado que una vez que el STJ se expida, la posibilidad de diálogo quedará clausurada.
Como admitió el propio Solís, “cuando la política se judicializa, el vínculo entre las instituciones queda herido de muerte”, concluyó Solis.
De esta manera, lo que vive Tolhuin no es una simple pulseada política, es una radiografía de cómo los intereses partidarios y la voracidad económica de una minoría pueden comprometer la gestión y el bienestar de toda una comunidad, mientras los vecinos esperan asfalto, energía y servicios básicos, el Concejo Deliberante parece obsesionado con aumentar su presupuesto sin rendir cuentas.
