El secretario general del Sindicato de Petroleros Privados, Luis Sosa, expresó su profunda preocupación por el pase a comisión del convenio entre YPF y Terra Ignis, al considerar que la decisión legislativa no solo dilata los tiempos de definición, sino que profundiza la incertidumbre laboral en un contexto donde la petrolera estatal ya tiene definida su salida de la provincia.
Río Grande.- En una entrevista brindada a FM La Isla, el dirigente sindical sostuvo que “la falta de acuerdos políticos claros y el incumplimiento de compromisos previos están colocando a los trabajadores como rehenes de una disputa institucional que no ofrece respuestas concretas”.
Sosa remarcó que “el pase del proyecto a tres comisiones legislativas anticipa un tratamiento prolongado, incompatible con los plazos reales que impone la coyuntura energética”.
Asimismo, dijo que “esto va para largo, y mientras tanto YPF se va igual, con acuerdo de los legisladores o sin acuerdo”, afirmó, al tiempo que recordó que la “petrolera tiene previsto concretar su retiro el 31 de diciembre, lo que torna urgente una definición política que hasta el momento no aparece”.
Incumplimientos políticos y falta de consensos
El dirigente sindical explicó que “en los últimos días mantuvo reuniones con el gobernador y con los intendentes de Ushuaia y Río Grande, además de contactos con funcionarios municipales, donde se evidenció un escenario de incumplimientos por parte del Gobierno provincial respecto de acuerdos políticos previos”.
Según relató, tanto los jefes comunales como el propio sindicato coinciden en que “hay cosas que no se están cumpliendo” y que hoy salen a la luz en el debate legislativo.
“En su momento hubo compromisos políticos, compromisos de palabra, y hoy eso no se está respetando”, sostuvo Sosa, quien señaló que “el conflicto ya no puede leerse únicamente como una discusión parlamentaria, en el medio estamos los trabajadores, y eso es lo más grave”, subrayó.
En ese sentido, advirtió que “la falta de definiciones claras está erosionando la confianza y generando una tensión creciente entre los distintos actores políticos”.
En este marco, dijo que “se tienen que poner de acuerdo con tiempo y el gobernador tiene que cumplir con los intendentes”, reclamó, incluyendo en esa mesa de diálogo a los municipios de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.
El pase a comisión como señal de dilación
Para el titular de Petroleros Privados, la decisión de enviar el convenio a tres comisiones no “responde a una necesidad técnica sino a una estrategia de dilación”.
Sosa cuestionó que “no se expliquen con claridad los puntos de desacuerdo y que se invoquen objeciones genéricas sin precisiones concretas”.
“Cuando dicen que no están de acuerdo, no dicen en qué. No explican cuáles son los puntos que objetan”, señaló, y agregó que “esa falta de transparencia alimenta la desconfianza y el malestar social”.
A su entender, el debate legislativo se “encuentra atravesado por disputas políticas más amplias que exceden el convenio energético, incluyendo otros conflictos institucionales que ocupan la agenda parlamentaria”.
Advertencia gremial y posibles medidas
Sosa no descartó que “de persistir la indefinición, el sindicato deba adoptar una postura más firme”.
Si bien aclaró que “el gremio no busca confrontar ni presionar indebidamente a los legisladores, reconoció que se evalúan distintas acciones ante la falta de respuestas”. “No podemos seguir pidiéndole a los trabajadores que esperen eternamente”, advirtió.
En ese marco, planteó la necesidad de sentar en una misma mesa al gobernador y a los intendentes para destrabar el conflicto.
“Yo quiero estar en el medio de esa discusión, porque si no se resuelve, vamos a tener que tomar una actitud que va a ir en contra de los intereses del gobierno provincial y de sus socios”, anticipó.
Un escenario de alta conflictividad
El dirigente sindical consideró que “si no se alcanza un acuerdo político en el corto plazo, el conflicto puede escalar hacia un escenario de mayor confrontación o incluso de disolución del entendimiento institucional necesario para ordenar la transición tras la salida de YPF”.
La posibilidad de sesiones especiales sin los votos garantizados y el envío del tema a comisiones refuerzan, según Sosa, la “percepción de parálisis legislativa”.
“Lamentablemente, los que pagan el costo de esta tirantez política son los trabajadores”, concluyó Sosa, al remarcar que “el tiempo apremia y que la falta de decisiones claras pone en riesgo el empleo, la estabilidad del sector y el futuro energético de la provincia”.
