La ministra de Desarrollo Social de Tierra del Fuego, Adriana Chapperon, anunció que dejará su cargo el próximo 21 de febrero por motivos personales y familiares. En este sentido, realizó un balance de su gestión, destacó el ordenamiento de programas sociales, la depuración de beneficiarios, los avances en discapacidad y RUPE, y reconoció el fuerte desgaste que implica conducir un ministerio “complejo y sensible” en un contexto social crítico.
Río Grande. -Por Radio Provincia, Chapperon confirmó que su salida del gabinete ya fue presentada y consensuada con el gobernador, y que permanecerá en funciones hasta que asuma su reemplazo, Lucía Rossi. “El 21 de febrero tengo mi renuncia y a partir de ahí asumiría la concejal de Río Grande que nos viene a reemplazar. Yo ya venía conversando con el gobernador mi necesidad de dejar la gestión”.
La funcionaria explicó que la decisión responde principalmente a una situación familiar: “Hace muy poquito mi hijo, que vive en el exterior, acaba de tener un hijo. Uno necesita estar más libre, poder viajar, y esto hay que hacerlo con mucha responsabilidad”.
Además, subrayó que su salida no responde a conflictos políticos internos: “El gobernador no ha echado a ninguno de sus ministros. En mi caso fue una situación familiar y también el desgaste propio de la gestión”.
El desgaste de un ministerio “muy complejo”
La ministra reconoció el fuerte impacto emocional y físico que implica conducir Desarrollo Social, un área atravesada por problemáticas críticas. “Es un ministerio muy grande y muy complejo. Pasás de ver la verdura que vas a entregar a la gente que lo necesita, a evaluar un niño con discapacidad o tomar una medida excepcional de retirar niños de una familia”.
Y agregó que “son cuestiones muy serias, de género, de infancias. Es un trabajo muy dispar y eso, a lo largo del tiempo, agota”.
En este sentido, recordó que cuando asumieron el Ministerio tenía muchas deudas y con asuntos pendientes en un contexto desafiante que fue la pandemia “cuando llegamos teníamos los alojamientos con una deuda de casi 100 millones de pesos en Río Grande y 70 millones en Ushuaia. Teníamos aerolíneas cortadas, teníamos un lío de más de 200 pensiones RUP esperando poder otorgarlas”, destacando que “hicimos lo mejor que pudimos”.
Ordenamiento de programas sociales y depuración de beneficiarios
Uno de los ejes centrales de su gestión fue el reordenamiento de los programas de asistencia, especialmente a través de la Tarjeta Bienestar TDF. “Cuando empezamos con la tarjeta había 11.000 beneficiarios. Después fueron 7.000 y hoy son 2.780. Evidentemente hubo una depuración”.
Chapperon explicó que se establecieron requisitos claros “impusimos requisitos: una sola vivienda propia, no más de un automóvil, no cobrar programas nacionales y no superar un sueldo y medio mínimo vital y móvil”.
Según indicó, esta depuración permitió aumentar los montos: “Los montos de 30, 45 y 60 mil pesos van a pasar a 45, 90 y 150 mil pesos, según el grupo familiar”.
Módulos alimentarios y contexto social
Si bien el objetivo fue avanzar hacia la asistencia monetaria, la ministra reconoció las dificultades operativas y financieras. “Hoy estamos repartiendo 7.000 módulos alimentarios entre Ushuaia, Tolhuin y Río Grande. Eso implica una logística enorme”.
En ese marco, advirtió sobre el agravamiento de la situación social y dijo que “la cantidad de personas que necesitan ayuda va en aumento. Por eso las depuraciones sirven, para poder darle al que realmente lo necesita”.
RUPE y pensiones por discapacidad
Chapperon dedicó gran parte de su balance a las pensiones RUPE, desmintiendo versiones y detallando el estado financiero. “Cuando llegamos había una deuda de casi 2.000 millones de pesos con OSEF que no estaba registrada. En 2024 cerramos el año sin deuda la cual venía desde el 2009”.
Actualmente, explicó que “hoy, si se completa la documentación, la deuda ronda los 2.900 millones. No es poco dinero, pero estamos en un escenario muy distinto al que encontramos”.
Asimismo, comentó que “tenemos algunas dificultades con el OSEF porque a veces nos factura cosas que no tienen el respaldo de la documentación que necesita el Gobierno. Entonces estamos haciendo algunas notas de crédito para aquello que todavía no se pudo conseguir la documentación, ya que a veces se retrasa desde los hospitales o desde las clínicas, para poder terminar de pagarle”.
También defendió las altas y bajas realizadas: “En 2024 dimos 151 altas y 63 bajas. En 2025, 133 altas y 105 bajas. Hoy tenemos 2.010 pensiones entre vejez y discapacidad”.
Chapperon, precisó que “hoy una RUPE está en 607 mil pesos. Además de que le hemos dado la tarjeta bienestar a los que la necesitan”.
Inserción laboral de personas con discapacidad
La ministra remarcó el trabajo para promover la inclusión laboral: “Hay mucha gente que nos dice: ‘yo no quiero una RUPE, yo quiero trabajo”.
En ese sentido, señaló que “tenemos 132 personas en condiciones de trabajar. Estamos perfilando capacidades y capacitando empresas para que no tengan miedo de contratar, pero este es un trabajo que lleva tiempo”.
Violencia, acceso a la justicia y rol del Estado
Por otro lado, la ministra aclaró que siguen trabajando con víctimas de trata y comentó que “se continúa el trabajo, pero en conjunto con el Estado Nacional para que cubra su parte también porque la ley dice que los recursos los tienen ellos y deben cubrirlo ellos, pero todo se pagaba desde la provincia. Hoy se hace todo un trabajo para que la Nación se haga cargo”.
Chapperon alertó sobre el crecimiento de situaciones de violencia y la demanda de patrocinio legal. “Hoy una persona con salario bajo no puede pagar 300.000 pesos para un patrocinio letrado. Eso es inaccesible”.
Y sostuvo que “ojalá los colegios de abogados entiendan que trabajar sin cobrar en algunos casos redunda en un beneficio enorme para personas que nunca podrían litigar”.
Balance final
Sobre el cierre, la ministra dejó una definición política clara: “Hoy todos administramos miseria. El 47% del presupuesto se va en subsidios y el 42% en personal. Lo que queda para funcionamiento es muy poco”.
Aun así, defendió el camino elegido: “Encontramos muchas cosas que el Estado pagaba sin corresponder. Ordenar eso permite que los recursos lleguen a quien realmente los necesita”.
