La Vicegobernadora confirmó un acuerdo para garantizar salarios y seguridad jurídica a los trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos, cuestionó la auditoría nacional y advirtió sobre señales que podrían anticipar un proceso de privatización. “La intención es garantizarles tranquilidad, seguridad jurídica y poder reorganizar el trabajo dentro de la Dirección Provincial de Puertos”, señaló Mónica Urquiza.
Ushuaia.- Tras semanas de tensión en el Puerto de Ushuaia, la vicegobernadora Mónica Urquiza encabezó la firma de un acta acuerdo con los gremios portuarios y la CGT, con el objetivo de llevar tranquilidad a los trabajadores afectados por la intervención nacional dispuesta sobre la operatoria del muelle. El acuerdo busca garantizar la continuidad salarial, la seguridad jurídica de los puestos de trabajo y la reorganización de las tareas habituales de la Dirección Provincial de Puertos (DPP).
La firma se concretó junto al presidente de la DPP, Roberto Murcia, y representantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la Asociación del Personal Directivo Ferroportuario Argentino y el Sindicato Único de Administración Portuaria.
En rueda de prensa, Urquiza explicó que el acta es el resultado de “varias reuniones” y remarcó que se trata de un compromiso concreto del Gobierno provincial para acompañar a los trabajadores que, desde la noche de la intervención, no pueden ingresar a realizar sus tareas habituales. “La intención es garantizarles tranquilidad, seguridad jurídica y poder reorganizar el trabajo dentro de la Dirección Provincial de Puertos”, señaló.
Uno de los puntos centrales del acuerdo está vinculado a la situación de 20 trabajadores mencionados en el anexo de la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), que dispuso su traspaso al ámbito nacional. Según explicó la Vicegobernadora, cuatro de ellos no aceptaron ese esquema y decidieron no prestar servicios bajo la órbita nacional. “Esos trabajadores que se quedaron acompañando a sus compañeros también están incluidos en el acta y van a continuar percibiendo sus salarios, con la seguridad jurídica de sus puestos”, afirmó.
Respecto al origen de los fondos, Urquiza aclaró que los salarios se afrontarán con recursos propios de la Dirección Provincial de Puertos, “hasta donde alcance”, aunque expresó su expectativa de que la intervención nacional finalice lo antes posible. “Aspiramos a que esta ilegítima intervención termine y que la Dirección pueda normalizar su funcionamiento, recaudar los recursos que le corresponden y que son de todos los fueguinos y fueguinas”, subrayó.
En ese marco, la Vicegobernadora defendió la gestión histórica del puerto y remarcó que el desarrollo de la actividad portuaria no es producto de una sola administración. “Esto es un trabajo de muchos años, del sector público y del privado, para que crezca la actividad portuaria, la de cruceros, la carga y la actividad científica hacia la Antártida. Nada de esto es casualidad”, sostuvo.
Urquiza también puso en duda los argumentos de la intervención, al señalar que el puerto continúa operando con normalidad y que la llegada de cruceros no se vio afectada. “Las reservas están hechas con mucha anticipación, incluso para las próximas dos temporadas. Por eso resulta muy extraño lo que está pasando”, indicó, y cuestionó que los planteos sobre seguridad solo se apliquen cuando la operatoria está en manos de la provincia.
Finalmente, la Vicegobernadora advirtió sobre indicios preocupantes en el primer informe de la auditoría nacional, al que calificó como “pseudo auditoría realizada en 48 horas”. “Se hace mucho hincapié en la masa salarial y se pretende operar una parte del puerto con solo 20 personas, algo que no es viable. Además, durante la intervención se está incorporando personal nacional, lo cual contradice los argumentos iniciales”, remarcó.
“El tiempo dirá quién tenía razón”, concluyó Urquiza, al tiempo que reafirmó que el Gobierno provincial continuará defendiendo los derechos de Tierra del Fuego y cuestionando una intervención que, según insistió, no tiene sustento legal.
El Gobierno provincial protege a los trabajadores portuarios
Mediante un acta acuerdo rubricado con todos los gremios del sector, la decisión política fue asegura el pago de haberes, la estabilidad y exonera de responsabilidades sobre el patrimonio portuario durante el conflicto institucional.
De esta manera, el Gobierno de Tierra del Fuego, la Dirección Provincial de Puertos (DPP) y las organizaciones sindicales del sector portuario suscribieron un Acta Acuerdo que garantiza la plena protección laboral y económica de todo el personal portuario. El documento establece un marco de resguardo ante lo que se califica como una “vía de hecho” por parte del Estado nacional, asegurando la estabilidad, los ingresos y la paz social.
La firma del acuerdo fue efectuada por la Vicegobernadora, Mónica Urquiza; el Presidente de la DPP, Roberto Murcia; y representantes de las entidades gremiales de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE); la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN); la Asociación del Personal Directivo Ferroportuario Argentino y el Sindicato Único de Administración Portuaria.
Además, estuvieron presentes, la ministra de Trabajo y Empleo, Sonia Castiglione; la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo; la secretaria de Coordinación Legal, Mariangeles Arroyo; dirigentes de las entidades sindicales de la CGT; SUPARA; SUTCAPRA; ATRARA; UTA; UDAF; FFP; SOEIMA; Movimiento Evita; APEDEFA y ANSES.
El acuerdo surge como una medida más frente a la Resolución Nº 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), que dispuso la intervención del Puerto de Ushuaia, la suspensión de su habilitación por 12 meses y, desde el 21 de enero, impidió materialmente el ingreso de la mayoría de los trabajadores provinciales mediante un operativo de seguridad.
Frente a este escenario excepcional, y con una acción de inconstitucionalidad ya presentada ante la Justicia Federal, las partes acordaron un paquete de garantías para proteger a los trabajadores de las consecuencias de un conflicto institucional ajeno a su voluntad.
Estabilidad laboral y salarial absoluta: Se garantiza la continuidad del vínculo laboral para la totalidad de la planta, sin distinción. La DPP se compromete al pago íntegro de los haberes y a la creación de un nuevo ítem salarial que será definido en una mesa de trabajo conjunta.
Responsabilidad funcional: Se deja claro que la imposibilidad de prestar tareas por la prohibición de ingreso no constituye abandono de servicio, incumplimiento ni falta disciplinaria. El personal se considera en situación de plena disponibilidad.
Reorganización transitoria de tareas: Se creará una mesa bilateral (DPP y gremios) para definir esquemas de trabajo no presencial, como capacitación, planificación o apoyo en otras áreas de la administración pública provincial, sin alterar las condiciones laborales esenciales.
Protección patrimonial: El acuerdo exonera a los trabajadores de toda responsabilidad por los bienes, instalaciones y maquinaria del puerto bajo custodia de la intervención nacional. El Gobierno Provincial gestionará la desafectación de cualquier carga patrimonial individual.
El Acta Acuerdo tiene efecto retroactivo al 21 de enero de 2026 y mantendrá su vigencia durante todo el periodo de intervención nacional, hasta que se normalice la administración del Puerto. Las partes se comprometen a mantener la paz social y a resolver cualquier divergencia en la interpretación del acta a través del Ministerio de Trabajo de la Provincia, conforme a la Ley Provincial 1511.
