El subsecretario de Salud municipal Agustín Pérez defendió el modelo de atención primaria, denunció demoras en pagos nacionales y provinciales y vinculó el rebrote de sífilis y el aumento de consultas en salud mental con el recorte de políticas públicas. “No vamos a cortar servicios, pero el desfinanciamiento tiene consecuencias concretas”, sostuvo.
Río Grande.- En una extensa entrevista concedida a FM Del Pueblo, el subsecretario de Salud del Municipio de Río Grande, Dr. Agustín Pérez, trazó un diagnóstico técnico y político del sistema sanitario local en un contexto de caída de ingresos, demoras en transferencias nacionales y ausencia de convenio con la obra social estatal.
Con datos, estadísticas y una fuerte defensa del rol del Estado, Pérez dejó en claro que “el Municipio sostiene la atención universal en sus quince dispositivos activos, pero advirtió que la falta de financiamiento y el ajuste en programas nacionales terminan impactando directamente en la salud de la población”.
Atención universal, con o sin obra social
El funcionario explicó que “el sistema municipal no restringe el acceso a personas sin cobertura, si bien cerca del 40% de los pacientes no poseen obra social y acceden a prestaciones a través del Plan SUMAR, que permite recuperar fondos mínimos desde Nación, el resto corresponde a afiliados a distintas prepagas y obras sociales”.
“El vecino que tiene cobertura puede atenderse igual, nosotros facturamos y recuperamos ese recurso”, detalló.
Entre las entidades con las que existen convenios mencionó a “OSDE y otras prepagas privadas, mientras que subrayó que la mayor parte de la población con cobertura pertenece a la obra social del Estado fueguino, OSEF, con la cual el Municipio no tiene convenio vigente”, criticó.
Según indicó, el “acuerdo existía previamente pero no fue renovado en 2019, Venimos reclamando desde el inicio de la gestión de Martín. Hemos avanzado en reuniones, pero nunca se llegó a buen puerto”, afirmó, al tiempo que agregó “a ello se suman deudas atrasadas de otras entidades gremiales, como la UOM”.
“Esto no es un perjuicio para la gestión, es para los vecinos que aportaron toda su vida”, remarcó.
Números que sostienen el modelo
Pérez defendió la calidad del sistema sanitario municipal con cifras concretas de “casi 280 mil prestaciones durante el último año, cuatro centros de salud, laboratorio propio, dispositivos de infancia, salud mental, Casa de Jóvenes y un Centro de Abordaje Integral en Adicciones que cumplió su primer año de funcionamiento”.
En este último dispositivo se realizaron más de “diez mil intervenciones en doce meses”.
Detalló que “el equipo está conformado por psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, psicólogos sociales, una socióloga y un médico clínico, bajo un enfoque integral y comunitario”.
“No hay otro sistema público que esté abordando las adicciones de esta manera en Río Grande”, sostuvo.
El subsecretario aclaró que “el Municipio no realizó incorporaciones masivas de personal y que la estrategia pasa por optimizar recursos y fortalecer la atención primaria, tal como lo establece la Carta Orgánica, prevenir siempre es más barato que curar”, sintetizó.
El rebrote de sífilis y el costo del ajuste
Uno de los pasajes más contundentes de la entrevista fue cuando vinculó directamente los recortes nacionales con el aumento de enfermedades prevenibles.
“Somos la segunda provincia con más casos de sífilis, Río Grande tiene más casos que Ushuaia y hablamos de una enfermedad prevenible y de fácil diagnóstico”, señaló.
Pérez sostuvo que “la reducción de campañas, la interrupción de entrega de profilácticos y la falta de testeos rápidos generaron un escenario propicio para el rebrote”.
“Hace años que no vemos campañas masivas de prevención en medios. Eso tiene consecuencias”, afirmó.
En ese marco, cuestionó “la lógica de ajuste en políticas sanitarias porque recortar en prevención es un error técnico, después el costo asistencial es mucho mayor”.
Salud mental y crisis económica
El impacto social de la crisis económica también ocupa un lugar central en la agenda sanitaria y en este sentido, el funcionario reconoció un “aumento sostenido de consultas por insomnio, ansiedad, angustia y cuadros depresivos vinculados a la pérdida de empleo y la caída de ingresos”.
“Se perdieron casi diez mil puestos de trabajo, es una enormidad en términos estadísticos para una ciudad como Río Grande”, advirtió.
Desde su experiencia clínica diaria, relató cómo “pacientes que evolucionaban favorablemente retroceden abruptamente ante la pérdida laboral”.
“El trabajo no es solo ingreso, es proyecto de vida. Cuando eso se cae, se resiente todo el entramado emocional”, explicó.
Pérez insistió en que “la salud mental no puede abordarse desde una perspectiva individual aislada del contexto socioeconómico, hablamos de salud comunitaria, lo social y lo económico atraviesan el consultorio todos los días”.
Sistema público y sector privado: una convivencia necesaria
Lejos de plantear una dicotomía, el subsecretario defendió la articulación con el sector privado, mencionando la cooperación con la Clínica CEMEP, San Jorge y el Sanatorio Di Rienzo.
“En una medicina cada vez más tecnologizada, el sector privado es necesario. Pero el sistema público es el más importante para garantizar acceso universal”, afirmó.
En esa línea, defendió el “valor de los profesionales del Estado y alertó sobre el riesgo de fuga de recursos humanos calificados ante la desvalorización de lo público”.
“No vamos a cortar servicios”
Pese a la demora en pagos nacionales y provinciales, el funcionario fue categórico al sostener que “no hemos cortado ningún servicio y no lo vamos a hacer”.
Sin embargo, dejó una advertencia política clara, el desfinanciamiento sistemático no es neutro. Impacta en prevención, en salud mental, en enfermedades transmisibles y en la calidad de vida general.
“Las decisiones macroeconómicas repercuten directamente en el cuerpo de las personas. La salud no es una variable de ajuste”, concluyó.
En un escenario de tensión fiscal y caída de transferencias, el Municipio apuesta a sostener un modelo de atención primaria robusto, con anclaje comunitario y recuperación de fondos vía convenios. Pero la disputa por el financiamiento, especialmente con OSEF, sigue siendo el punto neurálgico de una discusión que excede lo administrativo y se instala de lleno en el terreno político.
