El presidente de Puertos Roberto Murcia acusó a la intervención federal de frenar la nueva terminal de pasajeros, impedir el acceso a áreas operativas y apropiarse de fondos provinciales sin rendición. “Si había tanto riesgo, ¿por qué el puerto sigue funcionando con normalidad?”, cuestionó con dureza. También confirmó la “presentación de un recurso ante la Cámara correspondiente en Comodoro Rivadavia, cuestionando la legalidad y el alcance de la intervención”.
Ushuaia.- El conflicto por la intervención del Puerto de Ushuaia sumó un nuevo capítulo político. En declaraciones a Radio Provincia, el presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, acusó a la intervención nacional de “frenar proyectos de infraestructura clave, bloquear el acceso a sectores operativos y retener fondos generados en territorio provincial sin brindar información oficial”.
La denuncia no es menor, según explicó, la paralización afecta directamente la “iniciativa privada para la construcción de una nueva terminal de pasajeros, un proyecto estratégico para el crecimiento turístico y logístico de la capital fueguina, y compromete obras estructurales previstas con recursos propios del ente portuario”.
La terminal que no puede avanzar
Murcia confirmó que “existe una presentación formal bajo el régimen de iniciativa privada por parte del grupo empresario Mirgor, declarada de interés provincial mediante decreto. El proyecto contempla la construcción de una terminal moderna para pasajeros nacionales e internacionales, una infraestructura que hoy el puerto no posee”.
“El problema es que no podemos acceder al área logística donde debe implantarse la obra”, afirmó.
El punto neurálgico es que “la intervención nacional, según el titular del organismo provincial, no sólo tomó control del muelle cuestionado por supuestas falencias estructurales, sino de toda el área logística portuaria, impidiendo el ingreso de autoridades provinciales y trabajadores”.
“Si el argumento era la seguridad estructural del muelle, lo lógico hubiese sido intervenir ese sector puntual, pero se quedaron absolutamente con todo”, remarcó.
“El trasfondo es político”, dijo, teniendo en cuenta que la intervención fue anunciada inicialmente por un año, aunque podría extenderse hasta dos, “ese horizonte de incertidumbre bloquea inversiones privadas que requieren previsibilidad jurídica y operativa”, sostuvo Murcia.
Fondos provinciales en una cuenta nacional
El conflicto escala aún más cuando se aborda la cuestión financiera.
Según relató el funcionario, al día siguiente de la intervención se comunicó que “los fondos generados por la operatoria portuaria debían transferirse a una cuenta nacional”.
“Son fondos provinciales. La propiedad es del Gobierno de Tierra del Fuego, que ejerce dominio a través de la Dirección de Puertos. Ellos tienen jurisdicción para habilitar o inhabilitar, pero no son titulares de los recursos”, advirtió.
Murcia afirmó que “se enviaron notas formales solicitando información sobre facturación, cuentas de destino, servicios contratados, equipamiento utilizado y plan de inversiones, la respuesta, dijo, fue el silencio”.
“No sabemos qué facturas se están emitiendo, a nombre de quién, qué servicios se están pagando ni si están actuando como agentes de retención, no hay ninguna rendición”, denunció.
El planteo abre un frente institucional delicado, debido a que la administración de recursos provinciales parte de una intervención nacional sin mecanismos claros de control o transparencia.
Obras paralizadas y acceso bloqueado
Entre los proyectos frenados, el titular de Puertos enumeró “el muelle de catamaranes, originalmente licitado durante la gestión anterior y retomado por la Provincia, reparaciones estructurales planificadas con empresas locales, el proyecto de muelle de carga y pesca logística antártica en la zona del Parque Industrial y la plazoleta fiscal destinada a trasladar contenedores fuera del centro urbano”.
“Hoy no podemos ingresar a ningún área operativa, ni presidencia fiscal, ni edificio administrativo, ni sector de catamaranes”, afirmó.
Incluso mencionó que ¡maquinaria provincial estaría siendo operada sin información sobre quién la conduce ni si cuenta con habilitación correspondiente”.
Además, señaló que “actualmente se utiliza equipamiento privado para tareas que antes realizaba personal propio”.
Seguridad: el argumento que no cierra
Uno de los cuestionamientos más fuertes de Murcia apunta a la coherencia del discurso oficial que justificó la intervención por riesgos estructurales.
“Si había tanto peligro para pasajeros y trabajadores, el puerto debería estar cerrado. Sin embargo, la operatoria continúa con total normalidad”, señaló.
Más aún, afirmó que “la intervención habría autorizado el amarre de un buque de gran porte en un sitio previamente destinado a embarcaciones menores, lo que, según su visión, contradice los criterios técnicos que se le exigían a la gestión provincial”.
Además, agregó que “también se enviaron notas a la Prefectura Naval Argentina solicitando información sobre los planes de contingencia, derrames de hidrocarburos y oficiales de protección, sin respuestas formales hasta el momento”.
“Hay reglas distintas, una para la Provincia y otra para la intervención”, disparó.
La vía judicial
Ante la falta de respuestas administrativas, la Dirección Provincial de Puertos decidió avanzar por la vía judicial federal y al respecto Murcia confirmó la “presentación de un recurso ante la Cámara correspondiente en Comodoro Rivadavia, cuestionando la legalidad y el alcance de la intervención”.
El conflicto, por lo tanto, ya “no es sólo operativo ni administrativo, es institucional”.
Una disputa que excede lo portuario
El Puerto de Ushuaia es un nodo estratégico para el turismo antártico, el comercio exterior y la logística regional. La construcción de una nueva terminal de pasajeros y el desarrollo de infraestructura de carga no son proyectos menores, implican competitividad, empleo y proyección internacional.
La denuncia de Murcia instala una discusión de fondo sobre el federalismo fiscal, el alcance de las intervenciones nacionales y la autonomía provincial en la administración de sus recursos estratégicos.
“Nosotros pedimos trabajar en conjunto desde el primer día, nos dijeron que no”, aseguró, mientras tanto, las obras están paralizadas, la inversión privada en suspenso y la discusión trasladada a los tribunales.
Por ahora, el puerto sigue operando. Pero el debate sobre quién decide, quién administra y quién rinde cuentas recién comienza.
