En un contexto económico atravesado por la inflación sostenida, la Legislatura de Tierra del Fuego comenzó a dar pasos concretos para modificar el esquema de tasas judiciales, a partir de un pedido impulsado por el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego. La iniciativa fue analizada en el ámbito de la Comisión de Justicia y Seguridad, que preside la legisladora Natalia Gracianía, donde se alcanzó dictamen favorable para avanzar en la reforma.
Ushuaia.- El encuentro, realizado en la sede legislativa de Ushuaia, giró en torno al asunto Nº 163/25, que propone modificar la Ley provincial Nº 162, normativa que regula los montos que deben abonarse en concepto de tasas judiciales. La discusión dejó en evidencia no solo la necesidad de actualización de valores, sino también el impacto directo que la inflación tiene sobre el funcionamiento del sistema judicial.
Un reclamo del Poder Judicial en clave económica
Durante la reunión, representantes del máximo órgano judicial de la provincia expusieron los fundamentos del proyecto, centrados en la pérdida de valor real de las tasas frente al avance inflacionario.
Según explicaron, el objetivo es establecer un mecanismo de actualización automática que permita evitar el desfasaje permanente entre los costos operativos del sistema judicial y los ingresos que percibe por este concepto. En ese sentido, remarcaron que la iniciativa busca dotar de previsibilidad al esquema de financiamiento del Poder Judicial.
Además, detallaron que los recursos que se obtengan a partir de esta actualización estarán destinados principalmente a obras de infraestructura y a la incorporación de tecnología, dos aspectos considerados clave para mejorar el servicio de justicia en la provincia.
Cambios concretos en la normativa
El dictamen emitido por la comisión establece una modificación puntual sobre el artículo 6 de la ley vigente. La nueva redacción fija que, en aquellos juicios que no tengan un valor económico determinado y que no estén contemplados en exenciones, se deberá abonar una tasa fija equivalente a 0,5 IUS (Unidad de Honorarios Profesionales), pagadera al inicio del proceso.
Este cambio busca ordenar criterios y actualizar parámetros que, según se desprende del debate, habían quedado desactualizados frente a la realidad económica.
Consenso con actores del sistema judicial
Uno de los aspectos destacados por los representantes del Poder Judicial fue el consenso alcanzado previamente con distintos actores vinculados al sistema, entre ellos los colegios públicos de abogados de la provincia y organizaciones gremiales del sector.
Este respaldo fue presentado como un elemento clave para avanzar en la modificación, en un intento por evitar resistencias en un tema que impacta directamente en el acceso a la justicia y en los costos que deben afrontar los ciudadanos.
Un debate con implicancias políticas
Si bien la iniciativa tiene un fuerte componente técnico, el tratamiento legislativo no está exento de tensiones políticas. La actualización de tasas judiciales en un contexto de crisis económica plantea interrogantes sobre el equilibrio entre el financiamiento del sistema judicial y la accesibilidad para los ciudadanos.
En ese marco, la participación de legisladores de distintos bloques —entre ellos María Victoria Vuoto, María Laura Colazo, Jorge Lechman, Pablo Villegas, Juan Carlos Pino y Federico Sciurano— refleja que el tema será objeto de análisis más profundo en las próximas instancias parlamentarias.
Otros temas en agenda: vacante en organismo de control
Durante la misma reunión, la comisión abordó además la renuncia de una organización no gubernamental que integraba el Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura.
Esta situación abre la necesidad de designar una nueva institución que forme parte del registro correspondiente, en un organismo que cumple un rol clave en el monitoreo de derechos humanos en la provincia.
Próximos pasos
Con el dictamen ya emitido, el proyecto deberá continuar su recorrido legislativo hasta su eventual tratamiento en el recinto. Allí se pondrá a prueba el consenso político en torno a una medida que, aunque impulsada por el Poder Judicial, tiene impacto directo en la ciudadanía.
En un escenario donde la inflación condiciona todas las áreas del Estado, la actualización de tasas judiciales aparece como una respuesta técnica a un problema estructural, pero también como un tema sensible que reabre el debate sobre el acceso a la justicia en tiempos de crisis.
