El abogado Francisco Giménez analizó el escenario que se abre con la salida de YPF y el ingreso de Velitec S.A. Advirtió sobre pasivos acumulados durante “15 o 20 años”, la necesidad de regularización y el impacto en el entramado productivo local.
Río Grande. – En el marco del proceso de transición en la operación petrolera en Tierra del Fuego, el abogado Francisco Giménez, representante de empresas del sector petrolero, aseguró que la situación no ha registrado avances sustanciales en las últimas semanas, especialmente en relación a las deudas acumuladas.
Consultado por la deuda que tenía la empresa Apache, -luego se transfirió a YPF- y ahora se estima una deuda de 70 millones de dólares, Gimenez dijo que “la situación es la misma que la última vez que hablamos hace un mes aproximadamente. No han tenido las empresas, al menos las que yo conozco, algún tipo de comunicación”.
En diálogo con el programa ‘Buscando el Equilibrio’ por Radio Provincia, señaló que aún no hubo definiciones concretas por parte de la nueva operadora, aunque dejó abierta la posibilidad de que se encare una instancia de diálogo antes del inicio formal de actividades. “No descarto una buena fé por parte de la nueva operadora de comunicarse y tratar de solucionar esto en algún momento previo al comienzo de la actividad con pymes fueguinas de Río Grande”.
Giménez remarcó la magnitud del problema y la urgencia de encontrar una solución y dijo que “las deudas son cuantiosas. Entre el pasivo laboral y el pasivo comercial es un número muy importante y que debe ser solucionado para que las empresas puedan continuar trabajando normalmente”.
Además, explicó que estas deudas no son arbitrarias, sino que pueden ser verificadas con facilidad a partir de los mecanismos contractuales vigentes. En este sentido, precisó que “son cálculos matemáticos, no es nada arbitrario. Es solamente aplicar coeficientes sobre determinados ítems de los servicios que prestan las empresas”.
El abogado detalló que “esto se empezó en la época de Apache y después se transfirió a YPF. Estamos hablando de 12, 15 o 20 años”.
Según explicó, los contratos incluían mecanismos de actualización que, en muchos casos, no fueron correctamente aplicados, lo que generó distorsiones acumulativas. “Todos los contratos tienen un índice de actualización que se le aplica a la facturación, pero eso se ha ido imputando a otros ítems y nunca se aplicó como correspondía”, señaló.
A esto se suma el impacto del contexto macroeconómico argentino y manifestó que “los contratos fueron pensados para otra realidad del país. Empezaron con un dólar a uno y terminaron con un dólar a 1.400. Eso ha distorsionado todos los precios relativos”.
Expectativas sobre la nueva empresa
Pese al panorama complejo, Giménez se mostró moderadamente optimista respecto al desembarco de la nueva operadora y opinó que “los antecedentes que uno puede tener de esta empresa son buenos, no tienen antecedentes negativos en otros lugares donde han operado”.
Sin embargo, insistió en que “quedará ver este pasivo que es muy importante y veremos quién lo debe afrontar”.
Impacto en el entramado productivo local
El abogado hizo especial hincapié en el efecto que esta situación tiene sobre la economía fueguina, destacando que se trata de un sistema fuertemente arraigado en lo local. “Se trata de empresas fueguinas, de pymes fueguinas, con mano de obra fueguina, con proveedores fueguinos”.
En términos de empleo, advirtió sobre la magnitud del impacto: “Entre empleos directos e indirectos exceden los 400 trabajadores, y esto en cascada se desprende al resto de los comercios y la cadena comercial de Tierra del Fuego”.
Diálogo institucional y perspectivas
Finalmente, Giménez señaló que “hemos tenido muy buena recepción y diálogo con el Secretario General de Petroleros Privados, el señor Sosa, y también con el ministro Castillo, pero son conversaciones que tienen que seguir”.
En ese marco, consultado por la reunión de la ministra Castillo, el Presidente de Terra Ignis, el Sindicato de Petroleros y empresarios, Gimenez remarcó que “existe conciencia sobre la gravedad del problema y una voluntad de abordarlo tanto de la parte sindical como la parte del gobierno porque son conscientes de la problemática que se avecina y que se va a solucionar”.
“Somos optimistas por el bien de todos”, concluyó.
