El periodista y veterano de Malvinas Daniel Guzmán reclamó avanzar con una comisión investigadora por la instalación del radar en Tolhuin, respaldada por excombatientes, y cuestionó la inacción legislativa. Además, apuntó contra el gobierno provincial por el manejo del puerto de Ushuaia, al que consideró entregado sin controles legales, abriendo la puerta a una eventual privatización.
Río Grande.- En una entrevista concedida a Radio Provincia, Daniel Guzmán, periodista, veterano de la Guerra de Malvinas y editor del sitio Agenda Malvinas, se refirió a dos temas que considera centrales para la agenda fueguina como lo es la instalación del radar en Tolhuin y la situación del puerto de Ushuaia.
En ambos casos, planteó la necesidad de avanzar en investigaciones profundas y cuestionó el accionar de las autoridades provinciales.
Radar en Tolhuin: “Es absolutamente necesaria la comisión investigadora”
Consultado sobre la iniciativa para conformar una comisión investigadora en torno al radar instalado en Tolhuin, impulsada por el legislador Villegas y acompañada por veteranos de Malvinas, Guzmán fue categórico al sostener que “me parece absolutamente válida, me parece interesante que lo haya planteado, así que me parece absolutamente interesante, más que importante”.
El periodista remarcó además la importancia de que los excombatientes puedan participar del proceso al señalar que “poder integrar la comisión, no tener voto, pero sí tener voz, poder saber qué se trata, cómo se trata, qué es lo que se investiga, cuál es la documentación que se posee”.
En ese sentido, señaló que “ya han solicitado ser tenidos en cuenta y expresó su expectativa, vamos a solicitar, por lo menos, que lo tengan en cuenta, ojalá que se haga”.
Guzmán recordó que “no es la primera vez que se intenta avanzar con una comisión de este tipo, creo que ya dos veces hubo insistencia con esta comisión investigadora. Y nunca se conformó, nunca terminó de hacerse”.
Para el entrevistado, el momento actual podría ser clave, debido a que “sería absolutamente importante que se hiciera para clarificar quiénes son responsables, si hay responsabilidades”.
Asimismo, advirtió sobre la falta de normativa clara en torno al caso, sosteniendo que “no se conoce que haya presentado una normativa que sea clarificadora, que no ponga a los empleados del Estado en situación de desconocimiento de lo que están aceptando”.
Además, manifestó que “es absolutamente saludable para la política y para la sociedad de Tierra del Fuego que sea una comisión investigadora”.
Riesgo para la soberanía nacional
Uno de los puntos más sensibles abordados por Guzmán fue el posible impacto del radar sobre la soberanía nacional. En ese marco, recordó informes oficiales y pronunciamientos de organismos técnicos.
“Lo dice el informe del Ministerio de Defensa de agosto del 23, la peligrosidad que tiene para la seguridad nacional y para el sistema de defensa de la República Argentina”.
También mencionó antecedentes dentro de las propias Fuerzas Armadas, al manifestar que
“el primero que lo dijo fue un integrante de las propias fuerzas armadas como el general Paleo”.
En esa línea, destacó que “incluso en el actual contexto político el radar no fue reactivado, quiere decir que detrás evidentemente hay un riesgo para la soberanía”.
Guzmán también cuestionó los cambios de postura del gobierno provincial respecto al tema y expuso que “en una primera etapa avalaron la instalación del radar, después cambiaron la postura a una sumamente crítica, pero en el medio no se explicó demasiado cómo se pasó de una cosa a la otra”.
Y enumeró las contradicciones al indicar que “dijeron que tenía función científica, después que el Ministerio de Defensa tenía que desarmarlo, ahora dicen que la responsabilidad es de la justicia”.
En ese contexto, planteó dudas sobre la capacidad institucional local y al respecto expresó que “¿La justicia de Tierra del Fuego tiene músculo para enfrentar al Comando Sur, algo que no ha hecho ningún gobierno? No, es absurdo pensarlo”.
Finalmente, insistió en la necesidad de “investigar también las conexiones locales, hay una trama que se resolvió periodísticamente, pero institucionalmente se debe la provincia esclarecer esto”.
Puerto de Ushuaia: denuncias de “entrega” y posible privatización
El segundo eje de la entrevista estuvo centrado en la situación del puerto de Ushuaia, donde Guzmán recogió testimonios de trabajadores y técnicos en el ámbito legislativo.
“Fueron contundentes, dijeron que les advirtieron previamente que venían por una intervención y no quisieron ver”.
Además, denunció irregularidades en el procedimiento, dado que “aceptaron la intervención a través de una resolución sin consultar al fiscal de Estado para ver la legalidad”.
Esto abre, según Guzmán, interrogantes graves como si “¿es legal entregar un organismo así sin hacer consulta al más alto nivel de la provincia? ¿Entregar el activo estratégico más importante que tiene Tierra del Fuego?”.
El periodista utilizó una comparación para graficar la situación diciendo que “alguien dice ‘vengo con una hipoteca’, ¿usted no va a preguntar a un abogado si eso es correcto?”.
También sugirió posibles responsabilidades políticas y en este marco señaló que “da la sensación que quisieron negociar algo más con el gobierno nacional, pero jugar con el diablo no les salió bien”.
Guzmán hizo referencia a un informe del CFI que, según indicó, es “taxativo” respecto a la situación del puerto y sus problemas estructurales.
“Si ellos dijeron en 2022 esta situación, y toman estos elementos para ir a un camino de transformación en sociedad anónima y de privatización del puerto, es que ellos ya lo sabían”.
Críticas al manejo político y pedido de responsabilidades
En relación con las decisiones adoptadas por las autoridades del puerto, Guzmán cuestionó los argumentos esgrimidos al considerar que “es realmente inexplicable considerar que un organismo como el puerto no esté dentro de la estructura del Estado”.
Además, advirtió sobre una “apropiación simbólica” y “por momentos, cuando habla Murcia, habla de ‘mi plata’, hay una apropiación simbólica en esto”, enfatizó.
Además, reveló también tensiones institucionales al sostener que “el fiscal de Estado aparentemente desdijo lo que se había dicho, no le dieron mucha participación”.
Frente a este escenario, fue contundente al manifestar que “la legislatura debería considerar pedir el alejamiento inmediato de Murcia y abrir un sumario, una investigación urgente”.
Y agregó que “no puede estar un minuto más con las declaraciones que hizo”.
Un escenario que exige investigación urgente
Finalmente, Guzmán vinculó la situación del puerto con una posible estrategia más amplia, considerando que “hace veinte días enviaron un proyecto para transformar el puerto en sociedad anónima”.
Y advirtió sobre antecedentes similares, señalando que “habían suscitado empezar una transformación y privatizarlo, cortarlo en pedazos, como han hecho con Gas del Estado”.
Para Guzmán, tanto el caso del radar como el del puerto reflejan la necesidad de avanzar en mecanismos de control institucional, es “absolutamente necesaria la comisión investigadora”, concluyó.
