El secretario Legal y Técnico del municipio sostuvo que el Superior Tribunal de Justicia ya se declaró competente, defendió el accionar “respetuoso de los plazos” y apuntó contra la “demagogia” en torno al caso. La empresa debe cerca de 1,5 millones de pesos y enfrenta un proceso clave por el desarme del radar.
Río Grande.- El secretario Legal y Técnico del Municipio de Tolhuin, el Dr. Alexis Solís, confirmó en diálogo con Radio Provincia que “el Superior Tribunal de Justicia dio un paso clave en la causa contra LeoLabs Argentina al declararse competente para intervenir en la demanda impulsada por el Ejecutivo local”.
La disputa judicial incluye una multa ya determinada y el proceso para lograr la demolición de un radar instalado sin autorización en el ejido urbano.
“Nosotros iniciamos el proceso de ejecución fiscal y, subsidiariamente, la demolición”, explicó Solís, al reconstruir el origen del conflicto.
En ese marco, detalló que “la causa avanzó por dos carriles distintos: por un lado, la multa económica y, por otro, la cuestión de fondo vinculada a la estructura”.
Sobre la sanción, fue claro al marcar que “hicimos la ejecución fiscal, le ganamos el juicio LeoLabs, y eso hoy tiene que pagar una multa alrededor de un millón y medio de pesos”. Sin embargo, indicó que “la empresa aún no cumplió, se notificaron, no la pagaron, y estamos ahora en proceso de ejecución de sentencia, donde una de las medidas es el embargo en las cuentas de la empresa”.
En paralelo, se desarrolla el proceso más sensible que “es el pedido de demolición del radar”.
“En el proceso de demolición, el juzgado se declaró incompetente y eso se corrió traslado al Superior”, explicó.
Finalmente, el máximo tribunal provincial resolvió intervenir al indicar que “el Superior resolvió el 13 de marzo que es competente”.
Según detalló el funcionario, esta definición permite avanzar sobre el “acto administrativo municipal que ordena el desarme de la estructura, solicitamos que se declare la demolición del radar”.
Solís remarcó que “el municipio actuó respetando cada instancia legal antes de llegar a este punto, agotamos la vía administrativa, tuvimos idas y vueltas con la empresa, audiencias, presentaron recursos, y todo eso nos llevó a esta instancia”, señaló.
Además, confirmó que “LeoLabs ya fue notificada formalmente, la empresa se notificó el primero de abril y tiene que contestar la demanda, ese paso será determinante para lo que viene”.
En ese sentido, explicó el escenario inmediato al marcar que “estamos en plazo inminente, tienen hasta el viernes de la semana que viene para contestar, si no lo hacen, se los declara en rebeldía y el proceso avanza sin ellos”.
El funcionario también defendió la estrategia del municipio frente a cuestionamientos públicos y políticos y al respecto dijo que “somos muy respetuosos de los plazos procesales y de la justicia, no salimos a hacer ruido ni a decir ‘queremos esto o lo otro’”, afirmó.
Críticas directas
“Hace un año hubo dirigentes que salieron en modo sensacionalista diciendo ‘vamos a desarmarlo con nuestras manos’, cuando sabían que había un proceso judicial. Eso fue proselitismo político en un momento sensible”.
En contraposición, reivindicó la postura institucional al considerar que “nosotros esperamos los plazos y estamos sujetos a lo que determine la justicia, porque estamos en un Estado de derecho”.
El origen del conflicto se remonta a 2023, cuando el municipio detectó la instalación del radar sin permisos, “cuando tomamos conocimiento de la construcción, se le dio una clausura provisoria hasta que presentaran los papeles”, recordó. Sin embargo, la empresa avanzó en la obra mientras intentaba regularizar su situación.
“Ellos planteaban que era competencia federal por telecomunicaciones, pero nosotros sostenemos que es infraestructura dentro del tejido urbano y la jurisdicción es municipal”, subrayó.
Para Solís, el caso trasciende lo “administrativo, esto implica no solo una cuestión municipal, sino también una cuestión de soberanía, donde todos los argentinos estamos implicados”.
El funcionario también reconoció que “el camino no fue sencillo en términos políticos, fuimos la única instancia que tomó la decisión de avanzar. Nos sentimos bastante solos en su momento”, admitió, en línea con lo que había expresado el intendente.
Ahora, con el Superior Tribunal involucrado, el escenario entra “en una etapa decisiva, después de que la empresa conteste, se abre el período de prueba y la justicia va a determinar las medidas”, explicó.
Mientras tanto, la multa ya tiene un destino claro, “lo inmediato es que paguen o se avance con el embargo”.
La definición sobre el radar, en cambio, podría marcar un precedente, dado que “estamos en pleno proceso”, concluyó Solís, dejando en claro que el desenlace está cada vez más cerca y que el municipio buscará sostener hasta el final su posición, que la estructura, construida sin autorización, sea finalmente desmantelada.
