El proyecto impulsado por Juan Carlos Pino obtuvo dictamen en la Comisión de Economía y será tratado el 30 de abril. La iniciativa busca terminar con la discrecionalidad en el envío de recursos a municipios y organismos, en medio de fuertes reclamos por deudas millonarias.
Ushuaia.- La discusión por la distribución de recursos en Tierra del Fuego dio un paso clave este jueves. La Comisión N°2 de Economía de la Legislatura provincial emitió dictamen favorable al proyecto de Ley de “goteo diario”, una iniciativa impulsada por el legislador Juan Carlos Pino que busca establecer un sistema automático de transferencia de fondos.
La propuesta será tratada en la sesión del próximo 30 de abril y apunta a resolver un conflicto estructural que atraviesa distintas gestiones: la demora y discrecionalidad en el envío de recursos desde el Ejecutivo hacia municipios y organismos del Estado.
“Hay que darle un corte final a este problema”
Pino viene insistiendo con esta iniciativa desde 2024. Según explicó, el objetivo es saldar una discusión histórica que nunca logró traducirse en ley.
“Es un problema que hace muchos años se viene discutiendo pero nunca se ha llegado a una norma que lo resuelva definitivamente”, sostuvo el legislador.
El modelo propuesto replica el esquema nacional de coparticipación: transferencias automáticas y diarias en función de la recaudación. “A medida que avanza la recaudación, los recursos gotean automáticamente. Ese mismo sistema se puede aplicar en la provincia”, explicó.
Municipios, Justicia y organismos: alcance amplio
La iniciativa no se limita a los municipios. El proyecto establece que el mecanismo de goteo alcanzará también a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), la Caja de Previsión, el Poder Judicial, la Legislatura y la Fiscalía de Estado.
El esquema prevé que el Banco de Tierra del Fuego actúe como agente de transferencia directa y automática, garantizando que los fondos lleguen diariamente a cada organismo según los porcentajes establecidos.
Además, incorpora un régimen de retención automática para asegurar el cumplimiento de obligaciones previsionales y sanitarias, con prioridad sobre otros destinos de los fondos.
Deudas millonarias y tensión con los municipios
Uno de los puntos más sensibles del debate es el volumen de deuda acumulada por la falta de transferencias.
“En el caso de Ushuaia se deben alrededor de 13 mil millones de pesos, lo mismo ocurre con Río Grande, y también con la obra social”, advirtió Pino.
El legislador fue directo al señalar el problema de fondo: “Los fondos llegan, pero no siempre se transfieren como corresponde. Hoy dependen de cómo los administra el Gobierno”.
Esta situación ha generado reiterados reclamos de intendentes y organismos, que denuncian retrasos que afectan el pago de salarios y el funcionamiento de servicios esenciales.
De la discrecionalidad a la automaticidad
Actualmente, el sistema de transferencias se rige por resoluciones administrativas del Ministerio de Economía provincial. El proyecto de Pino busca reemplazar ese esquema por una ley que garantice previsibilidad y transparencia.
“Esto siempre fue un tema de discusión entre provincia y municipios. Incluso el actual gobernador lo reclamaba cuando era intendente”, recordó.
La iniciativa también contempla sanciones por incumplimiento: mora automática, intereses punitorios y multas personales a funcionarios responsables en caso de retrasos.
Próximo paso: debate en el recinto
Con dictamen favorable, el proyecto entra ahora en su etapa decisiva. Antes del tratamiento en sesión, se prevé una ronda de consultas con actores clave.
“Vamos a convocar a los secretarios de Economía de los municipios, a la obra social y a la Caja para discutir la implementación”, adelantó Pino.
El objetivo es ajustar los detalles técnicos y consolidar consensos antes del debate en el recinto.
Un proyecto que puede reconfigurar el vínculo Provincia–Municipios
La eventual aprobación de la ley de goteo diario podría marcar un cambio estructural en la relación financiera entre el Gobierno provincial y los distintos organismos.
Al eliminar la discrecionalidad en la distribución de recursos, la iniciativa apunta a garantizar autonomía, previsibilidad y equilibrio institucional.
Después de años de conflicto y reclamos cruzados, la Legislatura se encamina a tomar una decisión que podría redefinir uno de los ejes más sensibles de la política fueguina.
