Tras la Comisión 6 de Seguridad en la Legislatura, con la presencia del jefe de Gabinete Jorge Canals, los policías territoriales retirados denunciaron la falta de pago de haberes desde hace meses y apuntaron contra las autoridades de la Caja Previsional Policial de Tierra del Fuego, que perciben más de 3,5 millones de pesos mensuales en gastos de representación mientras más de 540 familias esperan respuestas. La deuda acumulada asciende a 6.600 millones de pesos. El suboficial retirado Alfredo Gatti expresó su profundo malestar: “Lo único que están haciendo es darle tiempo al gobierno y proteger a los responsables mientras esperan que la gente que está padeciendo esto algunos lleguen y otros queden en el camino”.
Río Grande. – El encuentro en la Legislatura dejó al descubierto una crisis que ya no puede ocultarse. Alfredo Gatti, suboficial retirado, relató en declaraciones a Radio Provincia que las preguntas directas y contundentes a los directores y al ministro de Gabinete terminaron por exponer lo que se venía ocultando desde hace años: la quiebra de la Caja Previsional Policial y la falta de soluciones concretas. “Quedaron expuestos y no pudieron dar una solución concreta a este problema que lo sabían desde el primer momento que asumieron”, afirmó.
Los retirados señalaron que las decisiones tomadas sin autoridad por parte del directorio perjudicaron a un colectivo de 540 familias, violando convenios y normas provinciales y nacionales. La deuda acumulada con los retirados asciende a 6.600 millones de pesos, un monto que refleja la magnitud del incumplimiento. “Lo único que están haciendo es darle tiempo al gobierno y proteger a los responsables mientras esperan que la gente que está padeciendo esto algunos lleguen y otros queden en el camino”, denunció Gatti.
El reclamo se intensificó a la salida de la Comisión 6 de Seguridad, donde los efectivos retirados enfrentaron a las autoridades de la Caja. Lo increíble, remarcaron, es que mientras ellos no cobran sus haberes, los directores designados continúan percibiendo más de 3,5 millones de pesos mensuales en concepto de gastos de representación, además de sus jubilaciones. Los nombres quedaron expuestos: el presidente Comisario General (R) Héctor Ernesto Bordón y los directores Comisario General (R) Carlos Rafael Debaz, Suboficial Mayor (R) Miguel Ángel Morinigo y Suboficial Auxiliar (R) Claudio Ramón Pérez.
La indignación se mezcla con la sensación de abandono. “Hoy quienes a nosotros nos han usado en esta tierra, porque hemos puesto la vida, la salud y lo mejor de nosotros, hoy se están olvidando de nosotros”, expresó Gatti, dejando en claro que los retirados no claudicarán en su reclamo.
La Caja Previsional Policial, que según informes oficiales ya estaba quebrada en 2024, se convirtió en símbolo de la desidia institucional y de la falta de respuestas de la justicia, que hasta ahora no ha avanzado en las investigaciones sobre las malas inversiones y el destino de los fondos.
