El concejal Jonatan Bogado advirtió que la deuda de coparticipación que mantiene el Gobierno provincial con Río Grande continúa creciendo y que las demoras en las transferencias ya duplican los plazos considerados razonables por la Justicia. Tras participar de una reunión con representantes del Municipio, el Concejo Deliberante, el Juzgado de Faltas y el Tribunal de Cuentas, cuestionó que la Provincia utilice recursos que corresponden a la ciudad para afrontar gastos propios y alertó que esta situación compromete el funcionamiento de servicios esenciales, como la potabilización del agua y la recolección de residuos. Además, confirmó que el Ejecutivo municipal analiza avanzar con acciones judiciales, reclamó el cumplimiento de las obligaciones legales y sostuvo que la incertidumbre financiera dificulta seriamente la elaboración del Presupuesto 2027.
Río Grande.– El concejal Jonatan Bogado cuestionó duramente al Gobierno de Gustavo Melella por las demoras en el envío de fondos de coparticipación al Municipio de Río Grande, cuya deuda ya supera los 17.000 millones de pesos, y advirtió que “la situación representa un problema de gravedad institucional que afecta tanto al Ejecutivo municipal como al resto de los organismos de la ciudad”.
En diálogo con el programa Buscando el Equilibrio, por Radio Provincia, el edil se refirió al encuentro realizado este lunes en el Concejo Deliberante, del que participaron representantes del Municipio, el Tribunal de Cuentas y el Juzgado de Faltas, con el objetivo de evaluar las consecuencias financieras y administrativas de los atrasos provinciales.
Bogado sostuvo que “la deuda continúa incrementándose y responsabilizó directamente al gobernador por no transferir recursos que, según explicó, ya fueron percibidos por la Provincia a través de la coparticipación nacional”.
“Es una situación realmente grave institucionalmente. La deuda que se mantiene con el Municipio de Río Grande, más de 17.000 millones de pesos, va sumando día a día, semana a semana, mes a mes. El Gobierno de la Provincia sigue incrementando esa deuda sin remitir los fondos correspondientes a la ciudad de Río Grande”, manifestó.
En ese sentido, consideró que “la falta de transferencias coloca a todos los poderes municipales frente a un escenario de creciente dificultad para cumplir con sus obligaciones”.
“Son fondos que la Provincia ya recibió y que decidió utilizar para otros gastos”
Uno de los cuestionamientos más fuertes del concejal estuvo dirigido al destino que el Ejecutivo provincial estaría dando a recursos que, de acuerdo con su planteo, corresponden legalmente a los municipios.
Bogado remarcó que “no se trata de reclamar fondos futuros ni ingresos que todavía no hayan llegado a las arcas provinciales, sino dinero efectivamente recibido y cuya distribución debería haberse realizado”.
“No es que estamos reclamando dinero que no ingresó, ni futuras coparticipaciones nacionales, sino coparticipación que ya ingresó a la Provincia y que el gobernador deliberadamente decidió gastar en gastos corrientes o comprometer en gastos políticos de la Provincia”, cuestionó.
Asimismo, sostuvo que “esa decisión desconoce las obligaciones legales del Gobierno provincial y afecta directamente la autonomía financiera del Municipio”.
Para el edil, la gravedad del conflicto radica precisamente en que los “recursos pertenecen a los ciudadanos de Río Grande y no constituyen fondos de libre disponibilidad del Ejecutivo provincial”.
Los atrasos llegan a 45 días y duplican los plazos establecidos por la Justicia
Bogado también abordó los antecedentes judiciales vinculados con las transferencias de coparticipación y recordó que existe un pronunciamiento que establece parámetros sobre los tiempos razonables para remitir los fondos.
Según explicó, la Justicia había considerado un plazo de “22 días, mientras que actualmente las demoras rondan los 45 días”, dijo, al tiempo que agregó que “hay no solo una ley, sino también un fallo que indica justamente cuáles son eventualmente los tiempos razonables de atraso que puede tener la Provincia para remitir los fondos correspondientes. Esos plazos que plantea la Justicia en 22 días están ampliamente superados”, señaló.
Y precisó que “hoy estamos alrededor de los 45 días, es decir, el doble de lo que la Justicia en su momento había planteado como un plazo razonable, por lo cual entendemos que el cumplimiento debe ser de carácter inmediato”.
Frente a este escenario, confirmó que “durante la reunión los funcionarios municipales informaron que se encuentra bajo análisis la posibilidad de impulsar una presentación judicial o un reclamo formal a través de la asesoría legal del Ejecutivo”.
Bogado consideró que “avanzar por las vías institucionales constituye una responsabilidad política y administrativa para garantizar que los recursos lleguen a la ciudad”.
Advirtió que están en riesgo la potabilización del agua y la recolección de residuos
El concejal insistió en que el conflicto no debe interpretarse como una disputa política entre el gobernador Gustavo Melella y el intendente Martín Pérez, dado que las consecuencias recaen sobre los vecinos.
En ese sentido, advirtió que “la falta de recursos compromete el financiamiento de prestaciones esenciales y afecta la capacidad municipal para sostener servicios básicos”.
“No le están retaceando fondos al intendente Martín Pérez, sino, en definitiva, y particularmente, a todos los ciudadanos de Río Grande, porque lo que está en riesgo aquí es justamente el funcionamiento de los servicios básicos”, afirmó.
Para dimensionar la situación, explicó que “los fondos reclamados no están destinados a gastos extraordinarios, sino al cumplimiento de obligaciones indispensables para el funcionamiento cotidiano de la ciudad”.
Mencionó particularmente la “adquisición de insumos para la potabilización del agua y el sostenimiento del servicio de recolección de residuos”.
En ese marco, lanzó una de las críticas más contundentes al sostener que “el gobernador está tomando una decisión deliberada en contra de los riograndenses, porque en definitiva decide utilizar los dineros que ya ingresaron de parte de la coparticipación nacional para gastos provinciales, en detrimento de lo que corresponde mandar a la ciudad de Río Grande”.
Por este motivo, reclamó una “solución inmediata y el envío de la totalidad de los fondos adeudados”.
La falta de transferencias también golpea al Concejo, al Tribunal de Cuentas y al Juzgado de Faltas
Respecto de la reunión institucional, Bogado explicó que “existió coincidencia entre los representantes de los distintos organismos municipales acerca de la gravedad del escenario financiero”, al tiempo que señaló que “la falta de recursos afecta al Ejecutivo, pero también genera consecuencias sobre el Concejo Deliberante, el Tribunal de Cuentas y el Juzgado de Faltas, cuyos presupuestos dependen de las transferencias correspondientes”.
“Todos coincidieron y coincidimos en la situación gravosa en que se encuentra cada uno de los poderes del Estado municipal frente a la imposibilidad de contar con los fondos económicos que corresponden a la ciudad de Río Grande”, expresó.
Cadena de dificultades financieras
El edil explicó que se produce una cadena de dificultades financieras porque cuando el “Gobierno provincial no remite la coparticipación, el Ejecutivo municipal tampoco dispone de los recursos necesarios para cumplir regularmente con las transferencias hacia los demás organismos”.
En ese contexto, indicó que “actualmente se están remitiendo fondos destinados principalmente a garantizar el pago de salarios, mientras persisten dificultades para afrontar otras obligaciones”.
Consultado sobre los montos que el Municipio adeuda a los organismos descentralizados, señaló que “durante el encuentro se presentó un informe y que los concejales recibirían entre este lunes y martes la documentación detallada”.
Aclaró que “los atrasos mantienen plazos similares a los registrados en las transferencias provinciales, aunque los montos varían según los recursos que corresponden a cada institución”.
Por otra parte, ante la consulta sobre la existencia de aproximadamente 900 millones de pesos que el Concejo Deliberante habría mantenido anteriormente en un plazo fijo del Banco de Tierra del Fuego, Bogado manifestó que “desconocía la situación actual de esos fondos, no tengo esa información en este momento, no sé si esa plata que estaba en su momento como ahorro se utilizó para algún gasto o no”, respondió, aunque reconoció que puede solicitar los datos correspondientes.
El Concejo ya reclamó formalmente y pidió la intervención de la Legislatura
En relación con las acciones institucionales impulsadas desde el Concejo Deliberante, Bogado confirmó que “durante la sesión anterior se presentó un proyecto de declaración para acompañar los reclamos del Municipio ante el Gobierno provincial”, recordando que
“hicimos un proyecto de declaración en la sesión anterior, acompañando la necesidad de hacer los reclamos pertinentes ante el Ejecutivo provincial, como así también notificar a la Legislatura de la Provincia esta situación gravosa que está atravesando el Municipio de Río Grande”, sostuvo.
Asimismo, vinculó el problema con la falta de aplicación de un mecanismo automático de transferencia de fondos y recordó que “el Gobernador había vetado oportunamente la denominada ley de goteo, que ya había recibido aprobación legislativa”.
“Si esto sucede de forma automática, no estaríamos hablando de esta problemática”, afirmó.
Presupuesto 2027: “Si ni siquiera contamos con la plata que nos deben, difícil es proyectar el año que viene”
Finalmente, el concejal se refirió al próximo tratamiento del Presupuesto municipal 2027 y reconoció que “las dificultades para recibir los fondos de coparticipación condicionarán seriamente el debate”.
Advirtió que “resulta complejo establecer previsiones de ingresos y gastos cuando la Provincia no cumple regularmente con las transferencias que corresponden al Municipio, una situación que además genera incertidumbre sobre el cierre del ejercicio actual”.
“Obviamente que es una situación compleja para discutir un presupuesto, en un contexto donde el Gobierno de la Provincia está tan atrasado en la remesa de la coparticipación”, señaló.
Y agregó que “si ni siquiera contamos con la plata que nos deben hace tres meses, difícil es proyectar el año 2027 en esta situación”.
En ese sentido, anticipó que “el análisis presupuestario demandará un importante trabajo técnico y político para determinar con qué recursos podrá contar la administración municipal durante el próximo año”.
“Será un debate que va a comenzar con un gran esfuerzo contable, financiero y político para ver qué situación nos encuentra a fin de año y, principalmente, para el año que viene”, concluyó.
