El oficial mayor retirado Alfredo Gatti y el suboficial mayor Jorge Herrera expusieron una situación límite, llevan 11 meses sin percibir parte de sus haberes y advierten sobre una deuda acumulada que golpea a cientos de beneficiarios. Denuncian años de desmanejos en la caja previsional, desigualdades en el cobro, fallas estructurales desde la provincialización y una justicia que no da respuestas. Si bien ven con expectativa la ley de goteo, advierten que seguirán reclamando “derechos adquiridos” y visibilizando un conflicto que arrastra décadas.
Río Grande.- En declaraciones a Radio Provincia, el oficial mayor retirado Alfredo Gatti y el suboficial mayor Jorge Herrera pusieron en palabras una situación que, aseguran, ya se volvió insostenible, llevan 11 meses sin cobrar una parte de sus haberes previsionales, en el marco de un sistema que describen como desordenado, desigual y atravesado por años de malas decisiones.
“11 meses, 11 meses que no les pagan a ustedes”, se expuso durante la entrevista, marcando el dato central de un reclamo que afecta a cientos de retirados. “Es parte del haber”, aclararon, subrayando que no se trata de un adicional menor sino de ingresos esenciales para su subsistencia.
Según detallaron, la deuda acumulada es millonaria, dado que “ha sumado más o menos unos 6.700.012.000 de pesos”, cifra que, indicaron, surge del propio reconocimiento de déficit por parte de las autoridades de la caja.
Una historia previsional marcada por irregularidades
El conflicto actual, explicaron, no puede entenderse sin repasar el origen del sistema previsional policial en Tierra del Fuego, atravesado por vacíos legales, demoras estructurales y decisiones políticas que impactaron durante décadas.
“Hasta el ‘92 todos pertenecíamos al Ministerio del Interior”, recordaron, en referencia a la etapa previa a la provincialización. Con la creación de la provincia, el “Estado fueguino incorporó a esos efectivos como base de la nueva policía provincial, la provincia le dice a la Policía Federal, ‘prestame a los policías que trabajaron hasta ahora, yo los tomo y que comiencen a ser policías de la provincia’”.
Ese traspaso incluyó “acuerdos sobre antigüedad y beneficios, pero también abrió una compleja trama previsional, ellos son los que dan origen a la policía provincial”, remarcaron.
En ese contexto, ya existía una “caja compensadora creada en 1988 para cubrir diferencias salariales, particularmente el adicional por zona del 100%, pero el problema central fue otro, la demora en la creación de una caja previsional propia para la policía provincial”.
“Pasaron 18 años”, señalaron, recién en “2010, con la ley previsional 834, se creó formalmente ese sistema”.
Durante ese extenso período, los aportes de los efectivos provinciales “no tenían destino claro, todo ese aporte del 13% iba a diferentes cuentas, caja de ahorro, plazo fijo, lo que fuera, de la provincia, pero no conformaban una caja”.
Esa situación generó un “limbo previsional que, según advierten, todavía tiene consecuencias”.
Doble aporte, derechos adquiridos
Uno de los puntos que los retirados enfatizan es que realizaron aportes durante décadas, incluso en condiciones que hoy generan controversia.
“Esto no es un doble beneficio, son derechos adquiridos durante 35 años”, afirmaron, en respuesta a cuestionamientos sobre los reclamos.
Explicaron que “muchos efectivos aportaron simultáneamente a distintos sistemas, en una situación comparable a otros sectores laborales, es como un docente que trabaja en una escuela privada y en una del Estado. Cuando se jubila, le tienen que pagar las dos”.
Salarios bajos y un sistema desfinanciado
El problema previsional también se vincula, según señalaron, con la “estructura salarial de la policía fueguina, históricamente por debajo de lo establecido”.
“El convenio nación-provincia del ‘94 establecía la equiparación con la Policía Federal, algo que nunca se cumplió”, explicaron.
Ese incumplimiento generó un “efecto en cadena, provocó un desfasaje muy importante en la caja, porque todos los descuentos y aportes son menores a lo que correspondería”.
El resultado es “un sistema desfinanciado que arrastra déficits acumulados”.
Manejos cuestionados y desigualdad en los cobros
Gatti y Herrera también apuntaron contra la conducción de la caja previsional, denunciando decisiones que habrían perjudicado a los beneficiarios.
“Los directores son nombrados por decreto del Ejecutivo, pero propuestos por el jefe de policía, acá no hay democracia”, cuestionaron.
Además, señalaron presuntos manejos irregulares al marcar que “han hecho negocios con bienes de la caja que también nos han perjudicado”.
En ese sentido, mencionaron “demandas judiciales en curso por montos millonarios, hay demandas por arriba de 26 millones de dólares”, vinculadas a fideicomisos como “Michi” y “San Martín Norte”.
El impacto de esas decisiones recae directamente sobre los jubilados, “de las malas inversiones y decisiones, estamos pagando nosotros los beneficiarios”.
La desigualdad en los cobros es otro eje del reclamo, dado que “ellos no solamente cobran su haber de retiro, sino también gastos de representación, viáticos, estamos hablando de más de 3 millones y medio por director”.
En contraste, señalaron situaciones críticas, dado que “hay viudas que no están cobrando 400 o 500 mil pesos de pensión”.
La ley de goteo: expectativa y cautela
Frente a este escenario, los retirados observan con expectativa la reciente aprobación de la ley de goteo, que podría mejorar el flujo de fondos hacia las cajas.
“Nos da la tranquilidad de que la caja va a recibir los aportes antes que el Ejecutivo retire los fondos”, señalaron.
Hasta ahora, explicaron, existía un “sistema de prelación que los dejaba relegados, primero cobran el personal de la caja, los directores y el personal retirado de origen provincial. Nosotros quedamos supeditados a cualquier partida”.
Con el nuevo esquema, esperan que “no haya más excusas para el pago”, aunque advierten que “seguirán atentos porque vamos a seguir de cerca todos los temas”.
Justicia lenta y sensación de abandono
El reclamo también se trasladó a los tribunales, pero sin resultados favorables hasta el momento.
“Presentamos un amparo y una medida autosatisfactiva, en primera instancia nos dieron la razón, pero la Cámara lo revocó”, explicaron.
El Superior Tribunal de Justicia confirmó esa “decisión, obligándolos a iniciar un proceso administrativo que podría extenderse durante años”.
“Nos dicen que no es la vía, pero tampoco nos dan una solución rápida”, cuestionaron.
La sensación de desigualdad se profundiza al comparar con otros casos: “Ahora vemos que a un reclamo docente sí le dieron lugar. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Ciudadanos de tercera categoría?”.
Un conflicto abierto
Con 11 meses sin cobrar parte de sus haberes, una deuda millonaria acumulada y un sistema previsional en crisis, los policías retirados aseguran que no bajarán los brazos.
“Estamos dispuestos a seguir visibilizando la situación y exigir soluciones”, afirmaron.
Mientras esperan que la ley de goteo tenga impacto real y que la justicia acelere los tiempos, el reclamo sigue creciendo, con una advertencia clara: detrás de los números hay historias de vida, aportes de décadas y derechos que, según sostienen, hoy no están siendo respetados.
