Valeria Barria y Gastón Castillo aseguraron que la intervención del Puerto de Ushuaia desplazó a la mayor parte del personal, denuncian irregularidades en el manejo de fondos y afirman que la situación constituye “un hecho inédito” para la provincia. Ambos trabajadores sostuvieron que el objetivo de la Administración Nacional de Puertos e Infraestructura Marítima (ANPyN) “no fue intervenir, sino quedarse con el puerto”.
Río Grande. -En diálogo con el programa ‘Buscando el Equilibrio’ por Radio Provincia, Valeria y Gaston, trabajadores con dos décadas de trayectoria en la Dirección Provincial de Puertos, relataron cómo se enteraron de la intervención y describieron el desconcierto que vivieron los empleados durante las primeras horas del operativo.
En primer lugar, Valeria Barria expresó que “los dos estamos hace aproximadamente 20 años. Ocupando, empezando desde cero, como agentes que arrancan desde cero hasta poder con el transcurso del tiempo ocupar de alguna manera algún cargo jerárquico importante dentro de la organización”.
“Mis primeros años en actividad portuaria fueron dentro del Puerto Ushuaia. Me desempeñé mucho tiempo en el área de facturación y conozco bastante la operatoria portuaria desde adentro. La verdad que siento mucho todo lo que está pasando porque mi corazón está siempre ahí adentro”, afirmó.
“Nos enteramos por Instagram”
Valeria aseguró que los trabajadores desconocían por completo la decisión de intervenir el puerto y que la noticia los sorprendió durante la madrugada del 21 de marzo. “Nos enteramos a la madrugada del día 21 por un medio de comunicación. Yo estaba de vacaciones con mis hijos, entré a ver una publicación que decía ‘intervienen el Puerto Ushuaia’, no lo podía creer. Disparé el mensaje a varios compañeros y cuando tomé contacto con la directora de seguridad y algunos responsables de otras áreas, me confirman que esto sí estaba sucediendo”, relató.
Asimismo, indicó que “no se entendía nada de la manera en la cual habían entrado, de la manera en la cual se habían apropiado del puerto. Las primeras horas fueron bastante caóticas e inesperadas para todos los trabajadores”.
Por su parte, Gastón Castillo manifestó que “para nosotros no tiene otro nombre que un robo, porque ha sido eso: el robo del Puerto de Ushuaia. Es una cuestión totalmente ilegal y hasta constitucionalistas importantes de Argentina lo han dicho, que es algo que nunca se vio, sin precedentes y que va a quedar para la historia”.
En ese sentido, remarcó que la dimensión territorial del puerto excede al muelle visible. “Muchos piensan que el puerto es el espigón que se ve, el muelle, y eso no es el puerto. El puerto es toda la jurisdicción acuática que uno ve cuando mira hacia el canal. Todo eso es el puerto y la costa, y de todo eso se adueñaron”, cuestionó.
“Ahora si nosotros como fueguinos queremos hacer algo, le tenemos que pedir permiso a ANPyN”, resaltó.
Trabajadores desplazados y restricciones de ingreso
Los entrevistados señalaron que gran parte del personal fue impedido de ingresar a sus puestos de trabajo tras la intervención. Según indicaron, solamente un grupo reducido de empleados vinculados a un sindicato específico pudo acceder inicialmente al predio.
Valeria explicó que “el Puerto Ushuaia tiene una dotación de casi 90 personas, pero que tras la intervención fueron desplazadas personas que estaban ocupando la parte operativa, de administración, fiscalización y seguridad”.
“Cuando se intervino el puerto, ANPyN seleccionó 16 personas, que forman parte de un sindicato conducido por Juan Avellaneda, y esas fueron las primeras personas que pudieron ingresar al puerto. Personas que tienen carrera portuaria en algunos casos muy corta, estamos hablando de gente con seis meses o un año de antigüedad”, detalló.
En la misma línea, Gastón denunció que “hasta el momento no pudimos recuperar nuestras cosas personales. Ellos tomaron todas nuestras cosas: nuestros anteojos, medicamentos, todo lo que habíamos dejado ahí. Nos trataron como si fuésemos delincuentes que no podían cruzar la barrera”.
Pese al desplazamiento, ambos trabajadores indicaron que continúan cumpliendo funciones en otras dependencias de la Dirección Provincial de Puertos, “fuimos reasignados en algunas tareas diferentes a las que veníamos haciendo. La gente de mantenimiento está colaborando con arreglos y limpieza, mientras otros seguimos trabajando en cuestiones administrativas y de facturación”, explicó Gastón.
El trabajador también cuestionó el funcionamiento operativo actual del puerto y aseguró que “han dicho que garantizaron la operatoria con 16 personas y eso es totalmente mentira. Han traído gente de Buenos Aires y de Trelew, de otros puertos y de otros gremios. Todas esas personas tienen que estar afiliadas al gremio Unión Personal Superior Ferroviario”, denunció.
Asimismo, Valeria destacó que “orgullosamente digo que mis compañeros no quisieron ser parte de este robo. Se quedaron del otro lado de la vereda, resistiendo hace cuatro meses”.
Denuncias por manejo de fondos y contratación de privados
Gastón también cuestionó el manejo de los recursos económicos durante la intervención y sostuvo que los fondos generados por la actividad portuaria están siendo depositados en “una cuenta fantasma”.
“Ellos directamente cierran el puerto, generan su propia cuenta, que no sabemos bajo qué control y auditorías está, y se empiezan a llevar la plata de los usuarios. El usuario le termina pagando a alguien que no tiene derechos sobre el puerto”, afirmó.
Por otro lado, consultado por los impulsores de la intervención, Gastón señaló que durante las reuniones mantenidas con legisladores provinciales surgieron versiones sobre quiénes habrían impulsado el texto y dijo que “nos dijeron que posiblemente los generadores del texto hayan sido Lechman y Víctoria Vuoto, aunque no estamos seguros y hoy eso ya parece una cuestión del pasado”, aclaró.
No obstante, sostuvo que la actual situación terminó favoreciendo a empresas privadas que históricamente trabajaron en el puerto. “Lechman y Masciotra S.A. trabajaron siempre en el puerto y ahora sí se ve un poco más beneficiado, porque nuestras máquinas quedaron sin personal calificado para operarlas. Entonces tienen que contratar máquinas de afuera para poder garantizar los servicios”, explicó.
“Manejan nuestras máquinas con personal contratado por ellos y después el servicio que brinda esa máquina se le liquida al privado”, destacó.
Según indicó, “mientras la Dirección Provincial de Puertos cobraba alrededor de 282 dólares la hora por el uso de maquinaria, los privados estarían cobrando cerca de 600 dólares”.
Consultado por las declaraciones del presidente de la Dirección de Puertos, Roberto Murcia de que en la temporada se habían recaudado 5 millones de dólares, Castillo comentó que “si es muy probable que ellos hayan recaudado cinco millones de dólares y que se lo hayan llevado a esa cuenta del Banco Nación”.
“No vinieron a intervenir, vinieron a quedarse”
Para Gastón, la intención de la intervención es permanente y dijo que “ellos no vinieron a intervenir. Vinieron a quedarse con el puerto. Cuestionaron toda la infraestructura, dijeron que el puerto se estaba viniendo abajo, pero no hicieron ninguna obra y van a seguir operando la próxima temporada”.
Valeria, en tanto, señaló que “necesitamos que la sociedad entienda la importancia de defender el puerto provincial. Es un hecho gravísimo para la provincia perder el puerto”.
La trabajadora remarcó además que varias de las acusaciones que motivaron la intervención “se fueron cayendo con el paso de las semanas” y destacó que los empleados mantuvieron reuniones con legisladores provinciales para explicar la situación.
Consultado por la posibilidad de que se terminen los fondos del puerto, dijo que “en principio tenemos la esperanza que esto se termine resolviendo antes de que eso suceda, y si eso sucede, no sabemos, esa es la realidad”.
Críticas al nuevo interventor
Finalmente, ambos trabajadores cuestionaron la designación del nuevo interventor, identificado como Fernando Polizzi, puesto por el senador Agustín Coto, a quien señalaron como una figura sin experiencia portuaria. “Sabemos que está vinculado con PAMI, pero de la actividad portuaria no es una persona reconocida por nosotros”, indicó Valeria.
Gastón fue aún más duro: “Creo que es un paracaidista como muchos políticos que hay. Necesitaban una cara local porque todos los responsables visibles eran funcionarios de Buenos Aires”, concluyó.
