Un informe de Fundación Mediterránea expuso las profundas asimetrías laborales entre las provincias argentinas y ubicó a Tierra del Fuego como el distrito con mayor cantidad de empleados públicos provinciales por habitante de todo el país. Mientras el Gobierno nacional profundiza el ajuste sobre el Estado y más de 66 mil trabajadores dejaron la administración pública desde la llegada de Javier Milei, el estudio advierte que la recuperación económica todavía no logra generar empleo privado formal en escala y revela que gran parte del interior argentino sigue dependiendo estructuralmente del empleo estatal para sostener su economía y su tejido social.
Río Grande.- Un nuevo informe elaborado por el Ieral de Fundación Mediterránea volvió a poner bajo la lupa la estructura laboral de las provincias argentinas y abrió nuevamente un debate político, económico y social de enorme sensibilidad: la dependencia del empleo público como principal sostén económico en vastas regiones del país.
El estudio, realizado por la economista Laura Caullo, reveló que Tierra del Fuego encabeza el ranking nacional de empleo público provincial por habitante, con un total de 141 empleados estatales provinciales cada 1.000 habitantes, una cifra que más que cuadruplica a Córdoba, la provincia con menor peso relativo del Estado dentro del empleo total.
El dato no sólo expone una diferencia estadística. También refleja modelos productivos completamente distintos entre las provincias argentinas y deja en evidencia las enormes desigualdades estructurales que existen en materia de generación de empleo privado formal, productividad económica y desarrollo empresarial.
Mientras algunas jurisdicciones lograron consolidar economías diversificadas con fuerte participación del sector privado, otras continúan dependiendo de manera decisiva del empleo estatal para sostener el consumo, la actividad económica y la estabilidad social.
“El empleo estatal continúa teniendo un peso central dentro de la estructura ocupacional provincial, especialmente en jurisdicciones con menor densidad de empleo privado formal”, sostuvo Caullo en el informe.
El promedio nacional de empleo público provincial se ubica actualmente en 50 trabajadores estatales cada 1.000 habitantes. Sin embargo, la distribución es extremadamente desigual.
Detrás de Tierra del Fuego aparecen La Rioja y Neuquén, ambas con 111 empleados públicos cada 1.000 habitantes, seguidas por Santa Cruz con 109 y Catamarca con 100. También se ubican por encima del promedio nacional provincias como Jujuy, con 83, y Chubut, con 79.
En el otro extremo del ranking se encuentran Córdoba, con apenas 33 empleados públicos provinciales cada 1.000 habitantes; Buenos Aires, con 38; Santa Fe, con 41; y Mendoza, con 45.
El informe de Fundación Mediterránea plantea que estas diferencias no responden únicamente a decisiones políticas coyunturales, sino a características estructurales mucho más profundas vinculadas al nivel de desarrollo económico, la inserción exportadora y la capacidad de cada provincia para generar empleo privado formal.
“Las diferencias entre provincias no son sólo estadísticas: reflejan distintos niveles de productividad, desarrollo empresarial, inserción exportadora y capacidad de generar empleo formal”, advirtió el estudio.
En el caso fueguino, el dato adquiere especial relevancia por el peso histórico que tuvo el empleo estatal dentro de la economía provincial y por la fuerte dependencia del régimen industrial de promoción económica, especialmente en Río Grande, donde gran parte del empleo privado formal se concentra en el sector fabril electrónico.
Paradójicamente, Tierra del Fuego también aparece entre las provincias con mayor densidad de empleo privado formal del país.
Según el informe, la provincia registra 198 trabajadores privados registrados cada 1.000 habitantes, sólo por detrás de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires —que lidera ampliamente con 519— y de Neuquén, impulsada por la actividad energética de Vaca Muerta.
El caso fueguino refleja así una combinación particular: un elevado nivel de empleo estatal coexistiendo con una importante presencia de empleo privado formal motorizado por la industria promovida.
Sin embargo, el estudio advierte que la recuperación económica que comenzó a mostrar algunos indicadores durante 2026 todavía no logra traducirse en una expansión sostenida del empleo privado registrado.
“Durante el último año, cerca de 100 mil trabajadores asalariados privados registrados perdieron su empleo, mientras crecieron modalidades laborales más frágiles, como monotributistas y empleo no registrado”, señaló Caullo.
Ese fenómeno aparece como una de las principales preocupaciones del análisis: aunque ciertos sectores muestran crecimiento económico, la mejora no alcanza todavía para generar empleo masivo y estable.
Fundación Mediterránea identifica que las actividades actualmente más dinámicas —como minería, energía, agroindustria y exportaciones— tienen una incidencia muy reducida sobre el mercado laboral general.
“Esos sectores, aunque dinámicos en inversión y exportaciones, no tienen capacidad suficiente para absorber empleo masivo”, advierte el informe.
Actualmente, esos rubros representan apenas el 3% del empleo total y el 7% del empleo asalariado privado registrado del país.
La situación genera un escenario particularmente complejo para provincias donde el empleo estatal continúa funcionando como principal amortiguador social frente a la debilidad del mercado privado.
En ese contexto, el ajuste impulsado por el presidente Javier Milei sobre la estructura estatal agrega un nuevo elemento de tensión política y económica.
Desde el inicio de la actual gestión nacional, más de 66 mil personas dejaron de trabajar en el Estado y en empresas públicas, considerando todos los niveles de gobierno, desde municipios hasta organismos nacionales.
El informe no realiza valoraciones políticas directas sobre el recorte, aunque sí deja planteado un interrogante de fondo: qué sucede en aquellas provincias donde el sector privado todavía no posee capacidad suficiente para absorber mano de obra en gran escala.
La propia Caullo remarca que el empleo privado formal no sólo implica mejores salarios y estabilidad laboral, sino que además constituye uno de los pilares centrales del financiamiento previsional y del sostenimiento económico.
“El empleo privado formal concentra mayores niveles de productividad, estabilidad e ingresos, además de aportar al financiamiento previsional”, sostuvo.
Y advirtió que cuando el crecimiento laboral se desplaza hacia segmentos informales o de baja productividad, la recuperación económica pierde solidez estructural.
“Cuando el empleo crece en segmentos de baja productividad, la recuperación económica y social pierde solidez”, alertó.
El mapa laboral que expone Fundación Mediterránea también funciona como una radiografía política del país profundo.
Las provincias con mayor peso del empleo público coinciden, en gran medida, con aquellas que presentan menores niveles de empleo privado formal, menor desarrollo industrial y menor diversificación económica.
Formosa, por ejemplo, aparece como la provincia con menos empleo privado registrado del país, con apenas 37 trabajadores privados formales cada 1.000 habitantes. Le siguen Santiago del Estero con 52 y Chaco con 64.
El contraste deja al descubierto dos Argentinas completamente distintas: una con capacidad de generar empleo formal privado y otra donde el Estado continúa siendo el principal sostén económico y laboral.
Para Fundación Mediterránea, el gran desafío de los próximos años será transformar la estabilidad macroeconómica en crecimiento real del empleo privado formal.
“Aquellas provincias con estructuras productivas más diversificadas y mayor densidad de empleo privado formal probablemente tengan mejores condiciones para captar inversiones, sostener salarios y adaptarse a una economía más competitiva y abierta”, concluye el informe.
Mientras tanto, Tierra del Fuego vuelve a quedar en el centro de una discusión histórica: cuánto pesa el Estado dentro de su economía, cuánto depende la provincia del empleo público y qué margen real existe para construir un modelo de desarrollo que pueda sostener empleo privado masivo sin perder estabilidad social en uno de los territorios más australes y complejos del país.
