La secretaria de Coordinación Legal y Técnica, Dra. Mariángeles Arroyo, defendió la legalidad del decreto que convocó a elecciones para el 9 de agosto y cuestionó duramente la interpretación del Juzgado Electoral. Sostuvo que el fallo del Superior Tribunal quedó firme en octubre del año pasado, advirtió que la queja ante la Corte “no tiene efecto suspensivo” y alertó que las demoras judiciales generan “inseguridad jurídica” y ponen en riesgo el cronograma electoral.
Río Grande.- El Gobierno de Tierra del Fuego decidió redoblar la apuesta judicial y política en defensa del proceso de reforma parcial de la Constitución provincial. Tras la resolución del Juzgado Electoral que anuló el Decreto Provincial N° 751/26 —mediante el cual el Ejecutivo había convocado a elecciones de convencionales constituyentes para el próximo 9 de agosto— la administración provincial presentó una apelación contundente que busca revertir el fallo y sostener la validez del cronograma electoral.
La encargada de explicar la posición oficial fue la secretaria de Coordinación Legal y Técnica del Gobierno provincial, Dra. Mariángeles Arroyo, quien en diálogo con FM Fuego cuestionó la interpretación realizada por la Justicia Electoral y defendió la postura jurídica del Ejecutivo respecto de la firmeza del fallo del Superior Tribunal de Justicia.
“Nosotros hicimos un análisis del fallo de la Justicia Electoral y el día viernes presentamos la apelación, que contiene seis agravios”, confirmó Arroyo.
La funcionaria explicó que “el principal eje de la apelación apunta directamente a la interpretación que realizó el Juzgado Electoral sobre el fallo previo del Superior Tribunal, particularmente respecto de cuándo debía considerarse firme la sentencia que habilitaba el llamado a elecciones”.
“Principalmente lo que nosotros objetamos es la interpretación que hace el Juzgado Electoral sobre el fallo del Superior Tribunal, que en el artículo cuarto dispone ‘firme la presente’ y le otorga al Ejecutivo 210 días”, indicó.
Según detalló Arroyo, para el Gobierno provincial la sentencia adquirió firmeza dentro de la “jurisdicción local en octubre del año pasado, cuando fue rechazado el recurso extraordinario federal”.
“Nosotros entendemos, por la normativa vigente, que la sentencia del fallo superior adquirió firmeza en la jurisdicción local al momento del rechazo del recurso extraordinario federal. Esto fue en octubre del año pasado”, explicó.
A partir de esa interpretación, sostuvo que “el Ejecutivo computó los 210 días establecidos judicialmente y avanzó con la convocatoria electoral dentro del plazo previsto y emitimos el acto administrativo para el llamado, disponiendo el día 9 de agosto dentro de ese plazo”, remarcó.
Sin embargo, el conflicto surgió porque el Juzgado Electoral entendió que la sentencia todavía no se encontraba firme debido a la existencia de una queja presentada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“La Justicia Electoral afirma que ese fallo todavía no está firme por encontrarse la queja en la Corte Suprema”, señaló.
Frente a esa postura, Arroyo fue categórica y aseguró que jurídicamente la interpretación del juzgado resulta incorrecta porque la queja extraordinaria no tiene efecto suspensivo.
“Por una cuestión de ordenamiento jurisdiccional, el Superior Tribunal claramente no puede haber dispuesto que su fallo está firme esperando la queja, que no tiene efecto suspensivo”, sostuvo.
Para reforzar la posición del Ejecutivo, la secretaria Legal y Técnica citó expresamente el artículo 285 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
“El Código Procesal Civil de la Nación, en su artículo 285, dispone que las quejas no tienen efectos suspensivos”, explicó.
Y agregó que “nosotros afirmamos que esa sentencia está firme en el fuero local, que es donde tiene jurisdicción el Superior Tribunal, por lo cual no podría el Superior excederse en su jurisdicción”.
La apelación ahora deberá ser resuelta por la Cámara de Apelaciones, aunque Arroyo evitó asegurar que esta instancia represente el cierre definitivo del conflicto judicial, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de presentaciones y objeciones que fueron apareciendo durante todo el proceso, para lo cual dijo que “no puedo afirmarte si esta es la última instancia por el devenir de la ley 1529”, advirtió.
En ese sentido, recordó que “el proceso de reforma constitucional viene atravesando múltiples etapas judiciales y políticas desde hace más de un año, si hacemos un recuento de lo que ha sucedido, el primer acto administrativo devino en una demanda que resolvió el Superior Tribunal y que duró un año para resolverse”, señaló.
Además, agregó otro elemento de tensión institucional como lo es la decisión legislativa de avanzar con la derogación de la Ley 1529.
“No tenemos que olvidarnos que también el Poder Legislativo sancionó una abrogación de la ley 1529”, recordó.
Por eso, insistió en que “resulta imposible asegurar que no aparecerán nuevas objeciones o presentaciones judiciales, siempre ha aparecido alguna otra objeción o alguna otra presentación”, sostuvo.
Y fue todavía más allá al deslizar una fuerte crítica política hacia los sectores que rechazan la reforma constitucional.
“Claramente hay un sector de esta provincia que no coincide sobre el hecho de que la Constitución provincial debe ser reformada”, afirmó.
En relación con los tiempos electorales, Arroyo reconoció que “el cronograma empieza a entrar en una zona crítica y admitió que los márgenes son cada vez más estrechos, hoy tengo que decirte que la fecha es el 9 de agosto”, indicó inicialmente.
No obstante, reconoció que la demora judicial podría terminar impactando sobre el calendario.
“Ya nos habían manifestado desde el Juzgado Electoral que los tiempos iban a ser acotados. Bueno, ya ha pasado más de un mes, así que entiendo que o serán más acotados o se modificará la fecha”, admitió.
La funcionaria señaló además que “el Ejecutivo solicitó expresamente que el trámite judicial tenga carácter urgente debido a la relevancia institucional del proceso electoral, hemos pedido que se le dé celeridad y trámite urgente por la importancia institucional que tiene una votación y un proceso electoral en el marco de una reforma constitucional”, afirmó.
En ese marco, explicó que el Juzgado Electoral ya comenzó a correr vista a los partidos políticos de la provincia para que expresen su posición respecto de la apelación y al respecto dijo que “ayer salió un proveído del juzgado electoral donde dispone que se notifique a los partidos políticos de la provincia y se les da un plazo de cinco días para opinar respecto de esta apelación”, detalló.
Para Arroyo, ese movimiento judicial representa al menos una señal inicial de “rapidez procesal, en principio hay celeridad”, consideró.
La secretaria Legal y Técnica estimó que “durante la próxima semana podrían existir definiciones más concretas respecto del futuro del proceso electoral, entendemos que la semana que viene debería haber novedades sobre esto”, anticipó.
De todos modos, evitó garantizar que el cronograma pueda sostenerse sin modificaciones, sobre todo teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la suspensión del proceso.
“Si hace un mes era acotado, ya estamos en tiempos acotadísimos”, reconoció.
Durante la entrevista, Arroyo también cuestionó las consecuencias institucionales que generan las demoras judiciales y sostuvo que la falta de definiciones impacta negativamente sobre la ciudadanía y los actores políticos.
“Todo este proceso genera una incertidumbre hacia todos los ciudadanos y hacia los partidos políticos sobre esta elección”, advirtió.
Y agregó una definición de fuerte contenido institucional al manifestar que “esto deviene en una inseguridad jurídica que nos afecta a todos los ciudadanos”.
La funcionaria insistió además en que, desde la óptica del Ejecutivo, el cronograma electoral debería haberse puesto en marcha apenas se emitió el decreto de convocatoria y se notificó formalmente al Juzgado Electoral.
“Nosotros opinamos que el cronograma electoral debió haber sido emitido días después de la emisión del acto administrativo y la notificación al Juzgado Electoral. Esto no ha sucedido”, cuestionó.
También confirmó que “el Gobierno trabajó intensamente en la elaboración de la apelación apenas tomó conocimiento de la resolución judicial, ni bien tomamos conocimiento comenzamos a hacer un análisis del fallo”, explicó.
Y aclaró que la postura oficial se mantuvo inalterable desde el inicio del conflicto judicial.
“La posición del Ejecutivo viene en coincidencia con lo que venimos afirmando desde que se hizo la consulta al Ministerio Público Fiscal”, señaló.
Finalmente, Arroyo dejó entrever que el Gobierno interpreta buena parte de las demoras como una estrategia deliberada para frenar el avance de la reforma constitucional.
“Las demoras que sufre este proceso las entendemos como una dilación”, afirmó.
Aunque inmediatamente remarcó que será el Poder Judicial el que deba garantizar un marco de certeza institucional para toda la provincia.
Finalmente dijo que “el Poder Judicial es el que tiene que dar un marco de seguridad jurídica en nuestra provincia y aspiramos a que esto suceda”, concluyó.
