La condena firme contra Hugo Emanuel Guana, agente del Servicio Penitenciario Provincial, expone un nuevo escándalo judicial en Tierra del Fuego. Pese a haber sido sentenciado por amenazas coactivas y abuso sexual en la ciudad de Ushuaia, no fue separado de la fuerza. A este caso se suma el de David Alejandro Ciares, también condenado por abuso, que incluso podría ser reincorporado.
Ushuaia. – El 15 de octubre de 2021, el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur condenó a Hugo Emanuel Guana, agente del Servicio Penitenciario Provincial, a dos años y cuatro meses de prisión en suspenso por los delitos de amenazas coactivas y abuso sexual simple. Los hechos ocurrieron el 2 de enero de 2020 en Ushuaia. El fallo, firmado por los jueces Rodolfo Bembihy Videla, Alejandro Pagano Zavalía y Maximiliano García Arpón, dispuso además reglas de conducta estrictas: informar cambios de domicilio, someterse al Patronato, abstenerse de drogas y alcohol, y mantener prohibición de acercamiento a la víctima y su familia.
Guana, nacido en La Plata en 1984, casado y con estudios secundarios completos, continuaba siendo agente penitenciario al momento de la condena. Las reglas de conducta vencieron en marzo de 2024, pero lo que nunca se resolvió fue su exoneración de la fuerza, tal como establece el régimen disciplinario provincial para casos de condena penal firme por delitos dolosos.
El caso no es aislado. Otro agente penitenciario, David Alejandro Ciares, hermano del director del Servicio, Ariel Ciares, fue condenado a tres años de prisión en suspenso por abuso sexual simple reiterado. Pese a ello, tampoco fue separado de la institución y se analiza su posible reincorporación, lo que implicaría un riesgo directo para trabajadoras penitenciarias y personas privadas de libertad.
La situación de Guana y Ciares configura un escándalo judicial e institucional: dos agentes penitenciarios condenados por delitos sexuales que no fueron exonerados, y un Gobierno provincial que no da respuestas ni aplica las sanciones previstas en el régimen disciplinario. La falta de resolución política expone la vulnerabilidad del sistema penitenciario y erosiona la confianza pública en la capacidad del Estado para garantizar justicia y perspectiva de género.
