María Pérez, esposa de un policía territorial retirado, relató el calvario que viven las familias de la fuerza tras casi dos años sin percibir los haberes correspondientes. La falta de respuestas institucionales y el contraste con los privilegios de los directivos de la caja previsional colmaron la paciencia de las mujeres, quienes decidieron ponerse al frente de la lucha. Entre deudas acumuladas, tarjetas al límite y complicaciones de salud crónicas, los afectados recurren ahora a la vía judicial ante la imposibilidad legal de los uniformados de agremiarse o realizar manifestaciones públicas. Concretaron una denuncia en sede policial, por “violencia económica”.
Río Grande – En la Comisaría de Familia y Género se percibe la tensión de quienes ya tienen poco que perder. La decisión de avanzar por la vía legal no fue casual, sino el resultado de un largo proceso de desgaste que mantiene en vilo a decenas de hogares.
Al indagar sobre los motivos que llevaron a las familias a presentarse en esa dependencia judicial para radicar una denuncia formal, María Pérez expone la indignación colectiva que detonó la medida. El detonante fue enterarse de los movimientos de los directivos de la caja previsional para defender sus propios ingresos, mientras los retirados siguen postergados.
«La verdad que ya hace un año y once meses que nuestros esposos no vienen cobrando. Pero lo que más nos molesta, y lo que nos hace pasarla tan mal, es que nos hemos enterado que la gente de la caja, los integrantes de la caja, hicieron una presentación por esta ley que sacaron de la Legislatura donde les prohíben cobrar los gastos de representación. Ellos metieron un reclamo porque dicen que les afecta no cobrar eso, que es un tema alimentario. Entonces nosotros decimos, ¿cómo? Nuestras familias hace un año y pico que está pasando por esta situación y para nosotros la Justicia dice que no es un tema alimentario y que tenemos que esperar, pero para ellos sí. Eso nos da mucha indignación, mucha bronca, porque uno dice que la justicia para algunos existe y para nosotros no», afirmó.
El impacto cotidiano de este recorte forzado en la economía del hogar se hace sentir con crudeza. Al profundizar en cómo se reestructura el día a día familiar, cuando falta un componente esencial del presupuesto habitual, el panorama se vuelve cuesta arriba.
«Esto nos vino a cambiar la vida totalmente. Está bien que no es que cobramos una millonada de plata, pero era una plata que manejábamos dentro de nuestro entorno familiar, sabíamos lo que teníamos que gastar y lo que teníamos que pagar. Entonces golpea fuerte. ¿Saben lo que fue tener que hacer planes de pago por las deudas que teníamos, reventar la tarjeta, porque si no estás para ir a comprar con tarjeta no tenés para comer? Hasta los remedios los tenemos que pagar porque a veces la obra social se complica, y tenés que comprar los remedios sí o sí», expresó Pérez.
La crisis económica no viene sola, sino que arrastra complicaciones colaterales en el ámbito de la salud de los integrantes del hogar. Los padecimientos crónicos familiares demandan recursos que hoy no están disponibles, lo que agrava la vulnerabilidad del sector.
«Yo soy una persona diabética y mi marido también lo es. Él es el que más depende de los remedios para la diabetes y los tiene que tomar sí o sí. Si no los tiene y el pedido no llega a tiempo, es plata que necesitamos y nos volvemos a endeudar. Era la plata que le correspondía a él y que usaba para esos gastos», señaló.
Ante el fracaso de las gestiones institucionales previas realizadas por los propios efectivos, las esposas asumieron un rol protagónico en el reclamo. Los límites legales que afronta el personal policial para manifestarse obligaron a un cambio de estrategia y a la intervención directa de los civiles de la familia.
«Decidimos hacer esto porque la Justicia no nos da bolilla y nuestros esposos ya tocaron todos los lugares. Hicieron todas las presentaciones y todas las denuncias. Fuimos a la Legislatura y conseguimos esas dos pequeñas posibilidades de que el banco les suspenda por 180 días los cobros a la gente que tiene algún crédito, pero el resto lo tenemos que hacer nosotras. Vemos que a ellos no les están dando respuesta y yo pienso que es porque ellos, al ser policías y estar retirados, siguen teniendo el estado policial. No son como otras personas que tienen un gremio y se pueden manifestar. Entonces, como esto sigue igual, nosotras somos civiles. Yo no pertenezco a la fuerza, soy una simple ama de casa, y por eso tomé la decisión de hacer la denuncia por lo que me está pasando en mi hogar. Cobramos lo poco que paga la Federal y llegamos al día 10 sin un peso. Con todo esto yo tampoco puedo salir a buscar un trabajo, porque si no estoy manifestándome, tengo que estar acompañándolo a él porque no está bien de salud. Se me está haciendo muy difícil», concluyó la mujer.
