Trabajadores de la salud expusieron un complejo cuadro de persecución, favoritismos y fallas en la atención dentro del recinto sanitario público. Dieron a conocer un documento, en las últimas horas, donde se advierte que existe “una degradación estructural del clima de trabajo por la ausencia de canales institucionales de resolución”. También se denuncian “fallas sistémicas en la conducción institucional y en la fiscalización de los planteles operativos”. De acuerdo a los datos aportados, existen “cuestionamientos permanentes sobre la carga horaria, la permanencia física en los puestos y el desarrollo efectivo de las guardias profesionales”.
Tolhuin – Una dura misiva dirigida a la opinión pública expuso una cadena de anomalías operativas y presuntos abusos de poder que sacuden el funcionamiento cotidiano del Centro Modular Sanitario N.º 34 de la localidad de Tolhuin. La presentación, elaborada a partir de testimonios e insumos documentales, busca motivar la intervención de los organismos competentes para esclarecer actuaciones que comprometen tanto la dinámica de trabajo como el resguardo de la población atendida y fue difundida en distintos medios de comunicación, en las últimas horas.
El documento advierte sobre “fallas sistémicas en la conducción institucional y en la fiscalización de los planteles operativos”. De acuerdo a las precisiones aportadas, existen “cuestionamientos permanentes sobre la carga horaria, la permanencia física en los puestos y el desarrollo efectivo de las guardias profesionales”. En ese marco, los firmantes señalan una “denuncia hacia profesionales que quedan en el olvido, como la fractura de cráneo de la beba que no se vio”, además de enfatizar que habría “abuso de profesionalismo al atender a ‘mujeres’ en consultorio con puerta cerrada”. La falta de parámetros de control homogéneos generó rispideces internas producto de los privilegios otorgados a determinados agentes frente al cumplimiento estricto del resto.
La situación empeora con la confección de notas formalizadas ante el Ministerio de Salud contra médicos y enfermeros de la guardia, las cuales son calificadas por los denunciantes como “herramientas orientadas a perjudicar al personal”. Estas imputaciones, catalogadas como infundadas, incluyen “cuestionamientos por supuestas ausencias en momentos donde los involucrados se encontraban formalmente de viaje, de licencia o fuera de la ciudad”. El aspecto medular de la anomalía radica en la indefensión de las víctimas, dado que los profesionales no resultan notificados de las presentaciones para ejercer su derecho a descargo, aportar elementos probatorios ni dar las explicaciones del caso, “configurando un esquema de persecución laboral contra quienes no se alinean a la conducción”.
Dentro de los señalamientos de disparidad de trato cobra relevancia la figura del Dr. Boris. El texto remarca la existencia de una presunta protección especial hacia este profesional, designado como reemplazante de las autoridades durante licencias o recesos, relegando a médicos de la planta permanente con dedicación exclusiva que contaban con los requisitos técnicos para asumir la responsabilidad. A esto se le suman presuntas condonaciones ante impuntualidades y ausencias durante la guardia que no recibieron las penalizaciones aplicadas a otros empleados.
A partir del apartamiento del Dr. Boris en el marco de una situación de público conocimiento catalogada como una “nueva denuncia”, la operatividad interna sufrió una degradación caracterizada por el cese de reuniones médicas y una abrupta reducción —e inclusive interrupción absoluta— de la comunicación sobre el estado de los internados durante los pases de guardia.
El expediente suma además objeciones sobre el ejercicio del mando mediante intimidaciones formales. Un hito citado corresponde a una notificación remitida al personal el 24 de junio de 2026, con el aval de la Dirección de Coordinación de Emergencia y Administración. En dicha pieza se emplazó a los dependientes a concurrir obligatoriamente a una actualización de datos con agentes de la aseguradora La Caja, bajo apercibimiento de remitir cartas documento a quienes no se presenten. Esta metodología encendió las alarmas institucionales al carecer de sustento legal para imponer cargas de carácter no prestacional ni médico bajo amenaza sancionatoria.
El conflicto de fondo revela una degradación estructural del clima de trabajo por la ausencia de canales institucionales de resolución. Quienes firman el escrito, aclaran que el reclamo no persigue rencillas de índole personal, sino la restauración de reglas administrativas claras y transparentes. Se advierte que la concentración irrestricta de facultades para denunciar, sancionar y autorizar por parte del área directiva, sin fiscalización externa, consolida un escenario propenso al arbitrio, la discriminación laboral y el riesgo asistencial para la comunidad de Tolhuin.
