El Defensor Público Oficial de la Justicia Federal explicó que la presentación judicial surgió tras detectar numerosos casos de familias que no pueden afrontar el costo de las tarifas luego de la quita de subsidios. Advirtió que las refinanciaciones ofrecidas por la empresa “no son razonables ni proporcionadas”, cuestionó la falta de canales de atención para los usuarios de Tolhuin y sostuvo que cortar el suministro en una provincia con temperaturas bajo cero vulnera derechos humanos fundamentales. Confirmó que impulsarán una acción de amparo, reclamarán la intervención del ENARGAS y buscarán que se implementen soluciones estructurales, subsidios y mecanismos de protección para los sectores más vulnerables.
Río Grande.- El Defensor Público Oficial de la Justicia Federal, Agustín Ciolfi, confirmó que la Justicia Federal hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Defensoría para impedir que una familia de Tolhuin sufriera el corte del suministro de gas, pese a mantener una deuda con la empresa prestadora. La resolución ordena que el servicio no sea interrumpido mientras se tramita la discusión judicial sobre la situación de esa familia, cuyo cuadro de vulnerabilidad fue acreditado mediante informes sociales.
En declaraciones a FM La Isla, Ciolfi explicó que “la intervención judicial no surgió por un caso aislado, sino a partir de una problemática que el Municipio de Tolhuin venía detectando desde hace varios meses y que involucra a numerosas familias afectadas por el incremento de las tarifas y la eliminación de subsidios”.
“Fuimos convocados hace más o menos dos semanas por el Municipio de Tolhuin. Allí tuvimos una reunión con el intendente y con las áreas técnicas y de Desarrollo Social, donde nos pusieron en conocimiento de una problemática que venían observando desde el mes de mayo con varias familias de la ciudad que, por el aumento de las tarifas y la quita de subsidios, no podían pagar las facturas y, en muchos casos, les estaban cortando el servicio”, relató.
Explicó que, debido a que el servicio de gas está regulado por normas de carácter federal, la “Defensoría contaba con competencia para intervenir, todo el marco regulatorio del servicio de gas es de naturaleza federal y nosotros teníamos competencia para actuar y darles una mano”, señaló.
A partir de esa convocatoria comenzaron un trabajo territorial junto al Municipio para verificar la situación de distintas familias, por lo cual, “aprovechamos nuestra presencia en Tolhuin para recorrer, junto con Desarrollo Social, algunos domicilios donde había personas con problemas no solamente por el riesgo de corte del gas, sino también por enfermedades, adultos mayores con distintas patologías o chicos que incluso se habían enfermado porque ya les habían cortado el suministro”, explicó.
Un relevamiento para acreditar la vulnerabilidad
Ciolfi detalló que “la Defensoría comenzó a reunir toda la documentación necesaria para acreditar judicialmente las condiciones de vulnerabilidad social, económica y sanitaria de las familias involucradas”.
“Estamos hablando de familias vulnerables, con problemas socioeconómicos y socioambientales. Como Defensoría Pública tenemos la posibilidad de asistirlas. Empezamos a trabajar con los equipos de Desarrollo Social, con trabajadores sociales que fueron a los domicilios, realizaron informes y acreditaron las circunstancias de vulnerabilidad para luego pedirle a la Justicia Federal de Río Grande que intervenga”, explicó.
El caso que finalmente llegó a los tribunales corresponde a una “mujer adulta mayor que vive junto a su esposo, quien padece diabetes, le había llegado una notificación otorgándole apenas 48 horas para evitar el corte del suministro, la señora ya venía intentando refinanciar la deuda, pero nos encontramos con personas a las que las refinanciaciones que ofrece la empresa realmente no les solucionan el problema”, sostuvo.
“Las refinanciaciones son como pedir un crédito al banco”
Durante la entrevista, Ciolfi cuestionó las condiciones de financiación que ofrece la empresa distribuidora y sostuvo que, lejos de resolver la deuda, terminan “profundizando la situación económica de los usuarios”.
Por lo tanto, “las soluciones que ellos dan no son razonables ni proporcionadas a la realidad económica de las familias. Se encuentran en un espiral de deuda y, cuando se quieren acordar, les resulta prácticamente imposible pagar. Ahí viene el corte”, afirmó.
En ese sentido utilizó una comparación para graficar la situación al sostener que “es como ir a pedir un crédito al banco. Si uno tiene para pagar el crédito, no necesita pedirlo”, sostuvo.
Críticas a los plazos de corte y a la atención en Tolhuin
Uno de los puntos más cuestionados por el Defensor Público fue el funcionamiento del sistema de atención de la empresa en Tolhuin y al respecto explicó que “las intimaciones conceden apenas 48 horas antes del corte y que la ciudad solamente dispone de una oficina que abre un día por semana y durante pocas horas”.
“La empresa tiene habilitada una oficina solamente los martes, en un horario muy reducido y con un solo empleado. Imagínese la cantidad de personas que concurren. Si a usted le notifican un miércoles que le van a cortar el servicio, cuando llega el martes siguiente probablemente ya le cortaron el gas”, advirtió.
También cuestionó los mecanismos digitales de comunicación al sostener que “las notificaciones llegan por correo electrónico y mucha gente no tiene acceso a internet o no sabe utilizar una computadora, sobre todo cuando hablamos de adultos mayores”, indicó.
Aunque la empresa sostuvo que casi el 99 por ciento de sus usuarios están digitalizados y que no registra reclamos formales, Ciolfi consideró que “esa explicación no refleja la realidad, que un usuario esté digitalizado no significa que tenga acceso real a esos canales. Además, los mecanismos de reclamo son un 0800, un bot o un teléfono que muchas veces atiende cuando quiere. No alcanza con tener un canal de quejas si después esas respuestas no son proporcionadas a la necesidad de la gente”, manifestó.
Para el funcionario existe una diferencia de trato entre los usuarios de Tolhuin y los de Río Grande o Ushuaia y en este marco sostuvo que “entendemos que hay un trato desigual respecto de los usuarios de otras jurisdicciones, donde uno puede concurrir de lunes a viernes a una oficina y ser atendido presencialmente”.
La cautelar evitó el corte
Respecto del caso judicial, Ciolfi confirmó que “la medida cautelar fue presentada antes de que venciera el plazo otorgado por la empresa, logramos una medida cautelar mediante la cual la jueza ordenó a la empresa abstenerse de cortar el suministro. Por suerte todavía no lo habían hecho. Si ya se hubiera producido el corte, la resolución también ordenaba restablecer el servicio de manera inmediata”, explicó.
Añadió que la orden judicial es “clara, la empresa deberá discutir cómo cobra la deuda, pero mientras tanto no puede cortar el gas a la familia”, afirmó.
Ahora la Defensoría deberá avanzar con la acción principal, donde la “jueza nos dio diez días hábiles para presentar la demanda de amparo. Allí vamos a discutir de qué manera se resolverá el conflicto teniendo en cuenta la vulnerabilidad socioeconómica de las personas involucradas. La empresa deberá contestar la demanda y hacer su descargo”, explicó.
“El acceso al gas está directamente vinculado al derecho a la salud”
Ciolfi remarcó que la decisión judicial encuentra fundamento en la “realidad climática de Tierra del Fuego y en la protección constitucional e internacional de los derechos humanos, siendo que la jueza entendió que, sin perjuicio de la deuda, no corresponde cortar el suministro teniendo en cuenta la geografía, el clima y las temperaturas bajo cero que hacen imposible vivir en una vivienda sin gas. Eso repercute directamente en la salud de las personas”, sostuvo.
Y agregó que “el acceso al gas constituye un determinante de la salud y de la calidad de vida. Vivir con temperaturas de diez grados bajo cero o varios grados bajo cero sin calefacción afecta directamente el derecho a la salud, que es un derecho humano fundamental”.
Por ese motivo recordó que “existen obligaciones internacionales que alcanzan tanto al Estado como a las empresas prestadoras, hay normativa internacional que protege los derechos humanos y obliga tanto a las empresas como al Estado a garantizar que a las personas en situación de vulnerabilidad no se les corte el suministro”, afirmó.
El rol del ENARGAS y la necesidad de modificar las reglas
El Defensor Público confirmó que durante los próximos días mantendrán reuniones con autoridades del ENARGAS para abordar la problemática.
“Vamos a reunirnos con el ENARGAS porque también deberán prever esta situación. El marco regulatorio establece un plazo mínimo para el corte, pero no fija un plazo máximo. Habrá que adecuar tanto la normativa como el accionar de la empresa para respetar los estándares internacionales de protección de derechos humanos”, explicó.
Para Ciolfi, el objetivo inmediato es “garantizar que las familias mantengan el acceso al servicio mientras se buscan soluciones definitivas”, dijo, al tiempo que agregó que “lo más importante es que hasta que podamos discutir y resolver este problema, la gente tenga gas. Esa es nuestra preocupación y nuestro norte, tanto en Tolhuin como en Río Grande o Ushuaia, especialmente cuando atravesamos un contexto de caída del consumo, desempleo y fábricas cerradas”, concluyó.
