La denuncia por presuntas irregularidades en la facturación de prestaciones del PAMI en Río Grande, que había sido cuestionada por el sector de La Libertad Avanza por tratarse en un primer momento solo de una exposición pública, tiene ahora su correlato judicial: el doctor Carlos Mariño Camacho, gastroenterólogo y ex prestador del Centro Médico Medici, confirmó que presentó la denuncia penal ante la Fiscalía Federal de Río Grande.
Río Grande. – Según relató el propio profesional en diálogo con el programa Periodismo de Radio Provincia, la presentación se realizó el jueves pasado junto a su letrado, el doctor Guillermo Aramburu, ante la Fiscalía Federal, por tratarse de un delito de competencia federal en caso de constatarse una estafa al organismo. La Sede Fiscal Descentralizada de Río Grande confirmó posteriormente la asignación del expediente, registrado bajo el número de caso 140884/26, caratulado «N.N. s/ AV. de delito». Según el médico, la fiscalía aún no dio novedades sobre el avance de la causa, ya que se trata de una denuncia extensa y de compleja explicación médica, motivo por el cual el fiscal se tomará algunos días para su análisis.
Mariño Camacho explicó que los hechos denunciados públicamente en un primer momento —la facturación de sesiones de biofeedback anal que no podrían haberse realizado en la provincia por falta de los equipos necesarios, y estudios de fertilidad indicados a mujeres mayores de 70 años— fueron ampliados en la denuncia judicial. Pidió que se audite de manera integral al Centro Médico Medici, incluyendo los servicios de oftalmología, laboratorio y ecografía, y adelantó que en los próximos días impulsará, de forma paulatina, pedidos de auditoría sobre los servicios de urología y traumatología, además de los contratos vinculados a prótesis dentales, servicios de ambulancia e internación domiciliaria.
El médico apuntó además contra la falta de respuesta de Alberto Belmar, titular del PAMI, a quien atribuyó un «silencio de radio» ante sus pedidos formales de auditoría —asegura que ni siquiera le acusan recibo de los correos—, pese a que en redes sociales el funcionario difundió un video anunciando el cese de 1.500 prestadores a nivel nacional. Según Mariño Camacho, en Tierra del Fuego ningún prestador fue dado de baja hasta el momento, y remarcó la diferencia entre auditar y perseguir: para llegar a establecer un delito, primero hay que auditar.
El denunciante adelantó además que, extraoficialmente, sabe que desde el centro médico cuestionado prepararían un alegato de «homologación de equipo», buscando equiparar el biofeedback con una silla que dicen haber homologado ellos mismos, cuando la única entidad habilitada para hacerlo en el país es la ANMAT. Según explicó, la diferencia de costos entre ambas prácticas es sustancial: el biofeedback ronda los 180.000 pesos, mientras que la sesión en la silla cuesta entre 30.000 y 50.000 pesos, por lo que, de sostenerse ese argumento, quedaría en evidencia que el PAMI pagó por una práctica mucho más cara que la efectivamente realizada.
Entre los nuevos elementos incorporados a la causa, el denunciante mencionó el caso de un servicio de neumología que emitiría entre 10 y 12 órdenes médicas electrónicas por paciente, de las cuales solo se realizarían dos estudios, facturándose igualmente el resto; según sus cálculos, cada paciente representaría entre 800 y 850 mil pesos para ese prestador, hace ya tres años. También relató que la clave de un médico y dirigente político habría sido utilizada sin su autorización para generar órdenes médicas correspondientes a estudios no viables.
Consultado sobre la situación de Fernando Polizzi, ex titular del PAMI en la provincia y actualmente en la intervención federal del puerto de Ushuaia, el profesional recordó que mantuvo comunicación con él durante más de un año sin obtener respuestas concretas a sus reclamos, y remarcó que el prestador señalado en la denuncia sigue funcionando, cobrando y facturando con normalidad.
Mariño Camacho remarcó que toda la documentación —incluyendo intercambios de correo electrónico y las órdenes médicas cuestionadas— fue aportada a la causa judicial, y que confía en que la investigación avance en la jurisdicción de Tierra del Fuego.
