El secretario general de la Asociación Magisterio de la Educación Técnica, Juan Carrizo, analizó las graves deficiencias de infraestructura que paralizan a los establecimientos educativos fueguinos. Sostuvo que el Ejecutivo provincial trabaja de forma improvisada, cuestionó el presupuesto asignado al sector y reclamó una reestructuración de los fondos públicos para destinar recursos a los sueldos y al mantenimiento de los edificios.
Ushuaia – En un análisis detallado sobre el presente educativo en Tierra del Fuego, el titular de la Asociación Magisterio de la Educación Técnica, Juan Carrizo, describió el crítico panorama edilicio de los colegios y la compleja discusión salarial que afronta el sector. Durante su intervención, en declaraciones a Radio Provincia, ubicó la problemática en la falta de celeridad para reparar la infraestructura básica —con instalaciones de gas y calderas fuera de servicio—, sumado a la falta de previsión en insumos de seguridad elementales como los matafuegos. Asimismo, el dirigente responsabilizó a la gestión provincial por no priorizar la educación, cuestionó la distribución del gasto público y alertó sobre las consecuencias de resolver el conflicto salarial mediante decretos unilaterales.
Respecto del avance de las obras de reparación en el colegio Olga B. de Arko, el referente gremial explicó que la situación avanza con lentitud y lejos de los plazos esperados para una pronta reapertura. Señaló que la firma contratada por Infraestructura continúa ejecutando tareas de sellado por fugas de gas y que aún no se concretó la prueba oficial de hermeticidad ante Camuzzi. A este cuadro sumó imprevistos técnicos en los equipos de calefacción al manifestar que «hay un problema ahí de algunas plaquetas, de algunos módulos electrónicos, que necesitan un reemplazo». Ante la imposibilidad de fijar una fecha cierta de retorno a las aulas, indicó que la institución debió organizarse para dar prioridad a los séptimos años habilitando cuatro aulas en el sector de talleres, aunque advirtió que «cada turno tiene más de 20 divisiones» circulando, por lo que «se está tratando de hacer lo que se puede con lo que se tiene».
Consultado sobre la continuidad del ciclo lectivo en dicho establecimiento, Carrizo remarcó que las clases no se están dictando de forma normal debido a la inhabilitación de la mayoría de los espacios. Detalló que la parte áulica de las tres plantas permanece sin calefacción y que las actividades se redujeron al área de talleres. Reafirmó que la disponibilidad actual del edificio se limita a «cuatro aulas nada más», definiendo como lamentable la realidad que atraviesan los alumnos.
Sobre la realidad de otras instituciones educativas con falencias edilicias, como los colegios Marte y Sobral, el dirigente gremial confirmó que se mantuvo una reunión entre el Ministerio y autoridades del Sobral. Indicó que si bien ese establecimiento recibió equipos nuevos en su momento y su estado no reviste la gravedad del colegio técnico, afronta inconvenientes en el sistema sanitario, instalaciones eléctricas y déficit de personal de portería y seguridad. Por otra parte, al ser indagado por la situación detectada en el CEPET de Río Grande, reveló que se constató la presencia de matafuegos vencidos desde el mes pasado tanto en aulas como en talleres. Expuso que, si bien las autoridades prometieron la reposición en los próximos días, denunció la falta de decisiones contundentes para suspender las actividades preventivamente, concluyendo que «el estado edilicio la verdad que es lamentable, y se viene trabajando con los parches, tratando de trabajar sobre la emergencia».
Al evaluar las responsabilidades políticas de este deterioro acumulado a lo largo del tiempo, el titular de AMET apuntó directamente contra la conducción del Poder Ejecutivo provincial. Afirmó que existe «esta desidia de varios años, donde no se ha puesto el foco en la educación en general» y calificó a la gestión actual como una administración que no sitúa a la enseñanza como prioridad. Manifestó no comprender la política educativa oficial y lamentó que el sector haya quedado profundamente postergado en materia salarial, laboral y curricular.
En relación con el desarrollo de la negociación salarial y la repentina aparición de mayores partidas económicas durante el paro por tiempo indeterminado, Carrizo cuestionó los criterios presupuestarios del Gobierno. Explicó que la propuesta inicial pasó de 300 millones a una masa de 2.000 millones de millones de pesos, pero remarcó que dicho monto representa apenas «un aumento de 60.000 pesos aproximadamente para cada docente». Manifestó que el eje del conflicto radica en la negativa del Ejecutivo a analizar en profundidad el origen de los recursos y sugirió revisar partidas de otras áreas estatales, argumentando que «tenemos esta agencia de innovación que se chupa 15.000 millones al año para no sabemos qué» y dijo que esos fondos deberían destinarse al financiamiento de las escuelas y los sueldos.
Frente a la posibilidad de que el Gobierno resuelva el cierre de las paritarias mediante un decreto unilateral, el representante docente expresó su deseo de que no se adopte esa vía, al advertir que significaría sentenciar un ciclo lectivo severamente afectado. Aseguró que las recomposiciones liquidadas hasta la fecha «no representan hoy ni la mitad de la inflación acumulada anual» y concluyó que la única alternativa viable exige que los negociadores revisen las cuentas públicas con seriedad para reasignar el gasto hacia la infraestructura y los salarios de la educación técnica y general.
