Gastón Castillo, en representación de un grupo de trabajadores del Puerto y que sigue de cerca el caso, dio en Radio Provincia su reconstrucción de cómo llegó la embarcación a la monoboya de Cullen y luego a Ushuaia. Es una versión entre varias que circularon en las últimas horas: todavía falta el pronunciamiento de la Aduana y la Prefectura Naval, la única autoridad que —según el propio Castillo— conoce con certeza el origen y la ruta posterior del buque.
Río Grande. – La llegada de un buque petrolero con bandera de conveniencia —identificado como de bandera inglesa— primero a la zona norte de la isla y luego al puerto de Ushuaia generó polémica y llevó a la Dirección Provincial de Puertos a difundir la documentación completa sobre el episodio, luego de que un fragmento de esa información se viralizara en redes y portales. En paralelo, circularon distintas versiones sobre cómo y cuándo se enteraron los organismos provinciales, sin que hasta el momento se hayan pronunciado de manera oficial el Gobierno nacional, la Aduana ni la Prefectura Naval.
En ese contexto, Gastón Castillo —trabajador del Puerto de Río Grande que habló en nombre de un grupo de compañeros que vienen siguiendo de cerca el tema— ofreció su reconstrucción de los hechos en una entrevista con el programa Periodismo de Radio Provincia. Según relató, la controversia se disparó a partir de una nota de la Dirección Provincial de Puertos que informaba sobre la operación de carga del buque en la monoboya de Cullen, y que estaba dirigida al área de facturación para cobrar la tarifa correspondiente a esa estadía. «Quisieron mostrar que la provincia había autorizado la operación y que estaba en conocimiento del buque», señaló Castillo sobre la lectura que se hizo de ese documento, y aclaró que por eso el grupo decidió difundir todo el expediente y no solo un fragmento.
Una autorización que llegó después de la operación
Castillo remarcó que la facturación -cuyo monto se desconoce- se autorizó una vez que el buque ya había realizado la carga en la monoboya, una concesión privada cuyo ingreso autoriza la Prefectura Naval y no la provincia. Según detalló, la Prefectura habilitó el ingreso y el despacho del buque el 13 de agosto, pero la empresa que agencia la embarcación recién informó a la Dirección Provincial de Puertos diez días más tarde.
«El puerto de Río Grande tiene jurisdicción sobre las 12 millas de la costa del Mar Argentino y cobra la tarifa que corresponde al espejo de agua utilizado y al tonelaje cargado», explicó, aunque aclaró que ese trámite de facturación ocurre recién diez días después de la operación.
Consultado sobre cuándo tomó conocimiento del buque la Dirección Provincial de Puertos, Castillo indicó que fue el día 20 de agosto, a partir de la información remitida por la agencia marítima. Para ese entonces, la embarcación ya no estaba en la zona.
La ventana sin explicar: del 13 al 24 de agosto
Uno de los puntos que quedó sin aclarar es qué hizo el buque entre el 13 de agosto —cuando se retiró de la monoboya— y el 24 de agosto, cuando arribó a Ushuaia. «Eso lo sabe nomás la Prefectura», afirmó Castillo, remarcando que es la única autoridad marítima que autoriza la navegación en el mar argentino y, por lo tanto, la única que tiene certeza sobre el origen y el derrotero posterior del buque.
El trabajador portuario compartió, a modo de información no confirmada oficialmente y aclarando que se trata de la versión que circula entre ellos, un relato sobre el recorrido de la nave: habría llegado desde Los Ángeles hasta la monoboya con poca provisión de agua y de insumos, y solo pudo cargar un 40% de su capacidad. Al no poder recibir provisiones en ese punto, la embarcación se habría dirigido hacia Punta Quilla, en Río Gallegos (Santa Cruz), pero no pudo ingresar por el tamaño del muelle, por lo que finalmente puso rumbo a Ushuaia, donde amarró sin que las autoridades locales tuvieran conocimiento previo. Castillo remarcó que se trata de una versión aún no confirmada por ningún organismo oficial.
Castillo remarcó que, desde 1982, no había ingresado a la zona un buque de estas características, aunque sí lo hicieron embarcaciones de bandera de conveniencia dedicadas al turismo, a partir de un acuerdo adoptado en la gestión de Riveros que habilitó el ingreso de cruceros, pese a la polémica pública que generó en su momento.
¿Corresponde aplicar la Ley Gaucho Rivero?
Ante la consulta de si debería haberse aplicado en este caso la Ley Gaucho Rivero —que reglamenta el ingreso de embarcaciones vinculadas al conflicto de soberanía por Malvinas—, Castillo aclaró que se trata de una opinión personal y no institucional: consideró que la cuestión no pasa estrictamente por esa norma, sino por una coherencia lógica con el reclamo permanente por Malvinas. «Somos la capital de Malvinas y estamos dejando entrar a un buque que se está llevando nuestros recursos naturales y que viene a ondear su pabellón a 600 metros del monumento a Malvinas», planteó.
De todos modos, remarcó que el patriotismo «no se puede limitar a una ley», sino que «pasa por sentimiento», y que cada persona lo vive de manera diferente.
Por el momento, la versión de este grupo de trabajadores portuarios convive con otras que circularon en las últimas horas, mientras se aguarda que el Gobierno nacional, la Aduana y la Prefectura Naval brinden su propia reconstrucción oficial del caso.
