El Ejecutivo provincial presentó el proyecto de Presupuesto 2027 con ingresos estimados en $2,6 billones y gastos por $2,74 billones, lo que arroja un déficit financiero de $137.955 millones. El cálculo fue elaborado sobre una inflación proyectada del 21,5%, un crecimiento del PBI del 3,2% y un dólar oficial de $2.017 para diciembre de 2027. Salud, educación, vivienda y promoción social concentran más del 63% del gasto, mientras la Provincia advierte por el impacto de la reducción de programas nacionales, la falta de nuevos fondos para vivienda y la incertidumbre sobre el sistema portuario.
Río Grande.- El Ejecutivo de Tierra del Fuego presentó su proyecto de Presupuesto 2027, una hoja de ruta que expone tanto las prioridades de la administración provincial como las restricciones económicas con las que deberá afrontar el próximo ejercicio.
El proyecto contempla ingresos por $2.605.439 millones y un gasto total de $2.743.395 millones, generando una diferencia negativa de $137.955 millones. De esta manera, el Gobierno provincial proyecta un escenario de déficit financiero para 2027, en un presupuesto que vuelve a colocar a las políticas sociales, la educación, la salud, la vivienda y los servicios esenciales en el centro de la asignación de recursos.
El esquema presupuestario fue construido a partir de las pautas económicas del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de mayo de 2026. Para 2027, el Ejecutivo tomó como referencia una inflación anual del 21,5% a diciembre, un crecimiento del Producto Bruto Interno del 3,2% y un tipo de cambio oficial estimado en $2.017 por dólar para fines del próximo año.
Sobre esas variables se diseñó un presupuesto que deberá afrontar, además, una serie de desafíos específicos de la economía fueguina como es el sostenimiento de los servicios públicos, la infraestructura energética, la continuidad de programas sanitarios, la construcción y entrega de viviendas y una nueva etapa para la explotación hidrocarburífera provincial.
Más del 63% del gasto estará concentrado en servicios sociales
La principal prioridad presupuestaria está puesta en los Servicios Sociales, que incluyen salud, educación, vivienda y promoción social.
El área concentra $1,73 billones, más del 63% del gasto total previsto, constituyéndose por amplio margen en el principal destino de los recursos provinciales.
Le siguen la Administración Gubernamental, con $708.083 millones; los Servicios Económicos, que incluyen infraestructura, energía y producción, con $162.858 millones; y Seguridad, con $118.176 millones.
En tanto, el presupuesto contempla $16.809 millones en intereses de la deuda pública.
El esquema refleja una fuerte concentración de recursos en las áreas vinculadas con la prestación directa de servicios y la asistencia a la población, mientras que infraestructura, energía y producción dispondrán de una porción sensiblemente menor del gasto total.
Educación: 52.832 estudiantes y continuidad de los comedores
Dentro de las políticas sociales, la educación aparece como uno de los componentes centrales del presupuesto.
El sistema educativo provincial atiende a 52.832 estudiantes y cuenta con 11.404 agentes, distribuidos en 171 instituciones que funcionan en 135 edificios.
El proyecto prevé sostener el servicio de Copa de Leche para 36.501 alumnos y el servicio de comedor para 9.780 beneficiarios.
El mantenimiento de la infraestructura escolar también constituye una prioridad. El Ejecutivo plantea concentrar esfuerzos en los sistemas de calefacción, gas, agua y electricidad, componentes especialmente sensibles para el funcionamiento de los establecimientos fueguinos.
La decisión presupuestaria adquiere además una dimensión social, dado que los servicios alimentarios escolares forman parte de las prestaciones que el Estado provincial sostiene de manera directa para miles de estudiantes.
Salud: más demanda y menor presencia de programas nacionales
En materia sanitaria, el presupuesto contempla la continuidad del programa PROMEFU, destinado a garantizar medicamentos e insumos para el sistema público de salud.
El documento advierte que la demanda sobre el sistema provincial aumentó como consecuencia de dos factores: la reducción del programa nacional RemediAR y la pérdida de cobertura de obras sociales por parte de sectores de la población.
Así, el Estado provincial asume una mayor presión sobre sus recursos para sostener el acceso a medicamentos e insumos sanitarios.
En infraestructura, el Ejecutivo proyecta avanzar con dos obras relevantes: la finalización de la ampliación del Hospital Regional Ushuaia y la obra de Maternidad del Hospital Regional Río Grande.
El presupuesto sanitario, de esta manera, combina la necesidad de sostener las prestaciones cotidianas con la continuidad de obras de infraestructura consideradas estratégicas para el sistema público.
Energía: sostener el sistema en una provincia aislada
La cuestión energética ocupa otro capítulo central del Presupuesto 2027.
El Ejecutivo señala como condicionante estructural el aislamiento electroenergético de la isla, una característica que obliga a sostener una política permanente de equipamiento y generación.
En ese marco, se prevé continuar con el plan destinado a recuperar unidades generadoras y sumar potencia en Tolhuin y Río Grande.
La estrategia apunta a reforzar la capacidad de generación y atender las necesidades de un sistema que, por sus características, requiere inversiones específicas para garantizar el abastecimiento.
Hidrocarburos: 2027 marcará una nueva etapa para las concesiones
El sector hidrocarburífero tendrá durante 2027 un escenario de reconfiguración.
El presupuesto advierte que el próximo año estará marcado por la modificación del mapa concesionario provincial a partir de la reversión de las áreas Río Cullen, Las Violetas y Angostura, que serán destinadas a una nueva licitación.
La decisión abre una nueva etapa para la administración de esos recursos y coloca al Estado provincial frente al desafío de definir las condiciones bajo las cuales volverán a concesionarse esas áreas.
Vivienda: 446 unidades en ejecución y sin nuevos fondos nacionales
En vivienda y hábitat, el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) prevé avanzar con la entrega progresiva de 446 viviendas actualmente en ejecución.
También se contempla el desarrollo de lotes con servicios mediante fondos FONAVI.
Sin embargo, el presupuesto incorpora un dato político y financiero relevante: el programa deberá desarrollarse sin recibir nuevos aportes nacionales.
Esto implica que la Provincia deberá sostener sus políticas habitacionales con los recursos disponibles, en un contexto donde la participación del Estado nacional en el financiamiento de vivienda aparece reducida.
El Puerto de Ushuaia y una incertidumbre que sigue judicializada
Otro de los puntos de preocupación incluidos en el documento está relacionado con la situación portuaria.
El presupuesto señala la incertidumbre existente respecto de la planificación de la Dirección Provincial de Puertos a raíz de la intervención sobre el Puerto de Ushuaia por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.
El conflicto se encuentra judicializado ante la Corte Suprema, por lo que la Provincia incorpora esa situación como un factor de incertidumbre dentro de la planificación para 2027.
El escenario resulta particularmente relevante por el peso que tiene la actividad portuaria en la economía fueguina y por la necesidad de contar con previsibilidad para la planificación de infraestructura y servicios.
Sin nuevos cargos y con un crecimiento vegetativo del 4%
En materia de empleo público, el Ejecutivo tomó como base la masa salarial y la planta ocupada a diciembre de 2026.
La proyección contempla únicamente un crecimiento vegetativo del 4% y no prevé la creación de nuevos cargos presupuestarios.
La decisión supone contener el crecimiento de la estructura estatal y proyectar el gasto salarial sobre la base de la planta existente, sin incorporar una expansión de los puestos presupuestados.
Deuda: $83.268 millones destinados al servicio financiero
El Presupuesto 2027 también contempla una asignación específica para atender las obligaciones financieras de la Provincia.
El total destinado al servicio de la deuda provincial asciende a $83.268 millones, incluyendo tanto la amortización del capital como los intereses.
De ese universo, $16.809 millones corresponden específicamente a intereses de la deuda pública, mientras que el resto está destinado a la cancelación de capital.
Así, el esquema financiero provincial deberá compatibilizar el sostenimiento de las políticas sociales y de los servicios esenciales con el cumplimiento de sus obligaciones de deuda.
Un presupuesto condicionado por la economía y por la relación con Nación
El proyecto presentado por el Ejecutivo provincial deja expuestas varias de las tensiones que atravesarán la gestión durante 2027.
Por un lado, el Gobierno proyecta una economía nacional con 21,5% de inflación anual y 3,2% de crecimiento, parámetros que funcionan como base para estimar ingresos y gastos. Por otro, el presupuesto evidencia una creciente responsabilidad provincial en áreas que anteriormente contaban con mayor participación de programas nacionales.
La reducción de RemediAR, la ausencia de nuevos aportes nacionales para vivienda y la incertidumbre generada por la intervención del Puerto de Ushuaia aparecen como ejemplos concretos de ese escenario.
En paralelo, la Provincia deberá sostener servicios fundamentales como educación, salud, seguridad y asistencia social, mientras encara obras de infraestructura sanitaria y energética y una nueva etapa de licitación de áreas hidrocarburíferas.
El resultado es un presupuesto de $2,74 billones de gasto frente a $2,6 billones de ingresos, con un déficit financiero proyectado de $137.955 millones, que coloca a la administración provincial ante el desafío de administrar recursos limitados en un escenario económico que dependerá fuertemente de que las variables macroeconómicas previstas efectivamente se cumplan.
Más allá de las cifras, el Presupuesto 2027 plantea una definición política concreta: el Estado provincial continuará concentrando la mayor parte de sus recursos en servicios sociales y prestaciones esenciales, al mismo tiempo que deberá afrontar con fondos propios una mayor cantidad de responsabilidades ante el repliegue del financiamiento nacional.
