El abogado y magíster en Derechos Humanos, Jerónimo Guerrero Iraola, confirmó la presentación de una acción preventiva de daño fiscal y soberano ante la Justicia Federal de Río Grande contra las petroleras que avanzan sobre la Cuenca Norte de Malvinas. Reclamó que se frene la exploración y el despliegue financiero y logístico destinado a una eventual explotación, y pidió investigar las rutas del dinero que sostienen el proyecto. Ante lo que calificó como un “plan sistemático de entrega de soberanía” por parte del Gobierno nacional, sostuvo que la Justicia debe actuar como límite institucional y advirtió que también están en juego bienes ambientales de valor incalculable para la Argentina y para toda la humanidad.
Río Grande.- El abogado y magíster en Derechos Humanos Jerónimo Guerrero Iraola confirmó la presentación realizada ante la Justicia Federal de Río Grande de una acción preventiva de daño fiscal y soberano contra empresas petroleras que, según denunció, están operando de manera ilegal sobre territorio cuya soberanía se encuentra en disputa, particularmente en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas.
En diálogo con FM La Isla, el abogado del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) explicó que la presentación fue impulsada conjuntamente con la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y busca que la Justicia Federal intervenga para impedir que avance la exploración petrolera y, al mismo tiempo, investigar el entramado financiero que permite sostener esos emprendimientos.
“Hemos presentado una acción preventiva de daño fiscal y soberano contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, en la inteligencia que están operando de forma completamente ilegal sobre nuestro territorio, sobre la Cuenca Norte Malvinas”, afirmó.
Guerrero Iraola precisó que el planteo se concentra particularmente en el emprendimiento denominado León Marino, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Frente a ese escenario, reclamó que la Justicia Federal de Río Grande aplique la Constitución y las leyes nacionales y ordene detener la exploración que, según explicó, comenzó además a adquirir una dimensión financiera.
La presentación, sostuvo, no apunta solamente a la actividad exploratoria en sí misma. También busca frenar las acciones vinculadas con la búsqueda de socios e inversores y el desarrollo de infraestructura destinada a hacer posible una eventual explotación de hidrocarburos.
“Exploración que ya, además, ha comenzado un desarrollo absolutamente financiero, esto es la búsqueda de socios e inversores”, explicó.
A esto sumó el despliegue de obras de infraestructura sobre las Islas Malvinas destinadas a generar las condiciones logísticas necesarias para una futura explotación y al respecto dijo que “se está realizando obras de gran envergadura sobre nuestras Islas Malvinas para, justamente, proveer las condiciones y el acondicionamiento logístico de la eventual explotación”, señaló.
Para el abogado, esto demuestra que ya no se trata solamente de una hipótesis futura, sino de un proceso en marcha en el que intervienen empresas, capitales y una estructura logística orientada al desarrollo de la actividad petrolera.
Por eso, la acción presentada ante la Justicia solicita no solamente que se detenga la actividad, sino que se ordene a las empresas abstenerse de continuar con cualquier acción vinculada al emprendimiento.
Pero el planteo incorpora además otro componente que es conocer quiénes financian esas operaciones.
“Estamos pidiendo a la Justicia que tome cartas en el asunto y que no solo frene, ordene que no se continúen o no se realicen ninguna acción más, sino que, además, que se abstengan de realizar cualquier acción en este sentido, pero también que investigue cuáles son las rutas del dinero”, sostuvo Guerrero Iraola.
El objetivo, explicó, es avanzar sobre las estrategias de financiamiento que permiten llevar adelante la exploración y eventual explotación de los recursos hidrocarburíferos en las islas.
La Justicia Federal de Río Grande, ante una definición soberana
La presentación quedó radicada en el Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Mariel Borruto. Para Guerrero Iraola, la intervención de la Justicia tiene una relevancia que “excede incluso el resultado inmediato que pueda tener la medida cautelar”.
El abogado sostuvo que “un pronunciamiento judicial que limite el accionar de empresas privadas que trabajan con la autorización del Reino Unido representaría, por sí mismo, una señal institucional de enorme importancia, la Justicia es un poder del Estado, conforme el artículo 1º de la Constitución Nacional”, afirmó.
En ese sentido, consideró que “un juez de la Nación ponga límites, en este caso, a unas empresas privadas que están trabajando con la anuencia del Estado usurpador, ya de por sí es un mensaje clarísimo para todos quienes quieran o deseen invertir en este tipo de emprendimiento, para el directorio mismo de las empresas”, señaló.
Guerrero Iraola remarcó que, más allá de cuál sea finalmente la resolución procesal, una “decisión favorable representaría una manifestación concreta del Estado argentino frente a la cuestión Malvinas”.
A su entender, uno de los principales déficits actuales se encuentra precisamente en la ausencia de señales claras por parte del “Estado argentino frente a las licencias otorgadas unilateralmente por las autoridades británicas en las islas” en su condición de potencia colonial, no puede avanzar con emprendimientos sustentados en licencias que la Argentina considera ilegales e ilegítimas”.
Por eso, afirmó que “una intervención judicial constituiría también una señal para la comunidad internacional, Argentina debe respetar su soberanía, y si el Poder Ejecutivo no lo hace, porque es un Poder Ejecutivo que está llevando adelante un plan sistemático de entrega de soberanía, debe ser el Poder Judicial el último guardametas, cancerbero de la Constitución, de nuestras leyes”, sostuvo.
Y fue categórico respecto de las consecuencias de que no exista ese límite institucional “de lo contrario, estamos perdidos”.
Ambiente y soberanía: dos bienes jurídicos en juego
La incorporación de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas a la presentación permitió, según Guerrero Iraola, ampliar el alcance del planteo y poner en primer plano el impacto que una eventual explotación hidrocarburífera podría generar sobre el ecosistema del Atlántico Sur.
El abogado explicó que “hay dos bienes jurídicos, tutelables y tutelados en esta demanda, cuya vulneración nosotros estamos denunciando. Uno es el ambiente”, afirmó.
Sostuvo que los “ecosistemas propios y relativos al Atlántico Sur, las Malvinas, a la Antártida, tienen incalculable valor, no solo para el pueblo argentino, sino para toda la humanidad”, señaló.
Por esa razón, consideró que “el Estado argentino debe desarrollar todas las acciones necesarias para preservar esos territorios frente a cualquier posibilidad de daño o degradación”.
El segundo bien jurídico que identifica es la “soberanía”. En este punto, recordó un antecedente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata relacionado con la defensa del territorio nacional y sostuvo que ese tribunal estableció que la soberanía constituye, precisamente, un bien jurídico protegido.
“Soberanía es un bien jurídico. La norma que prevé y convalida este bien jurídico es la Constitución Nacional”, explicó.
“Cualquier persona de nuestro país está a la misma distancia de la Constitución, tanto para vulnerarla como para hacerla cumplir”, sostuvo.
En consecuencia, consideró legítimo acudir a los tribunales para reclamar la protección de la soberanía frente a actividades que calificó como unilaterales e ilegales.
Una violación de las resoluciones internacionales
Guerrero Iraola también vinculó la explotación petrolera con las resoluciones de Naciones Unidas sobre la cuestión Malvinas y sostuvo que las acciones desarrolladas unilateralmente por el Reino Unido contradicen la normativa internacional.
En particular, mencionó la Resolución 3149 de Naciones Unidas, que exhorta al Reino Unido a abstenerse de realizar actos unilaterales en los territorios cuya soberanía se encuentra en disputa.
“Este tipo de acciones, como las de Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, forman parte de actos unilaterales contrarios también a la Resolución 3149 de Naciones Unidas”, afirmó.
En ese marco, insistió en que la “soberanía argentina sobre las islas es, desde su perspectiva, indiscutible y que el problema está dado por la ocupación británica, la soberanía sobre este territorio es plenamente argentina, pero tenemos la usurpación ilegal y la ocupación de facto de esta potencia imperial”, sostuvo.
Críticas al Gobierno y un duro diagnóstico sobre Milei
Consultado sobre las expectativas frente al discurso presidencial y las recientes referencias de Javier Milei a la cuestión Malvinas, Guerrero Iraola fue extremadamente crítico al cuestionar que “el mismo Gobierno que reivindica discursivamente la causa pueda, al mismo tiempo, avanzar, según su interpretación, con políticas que debilitan capacidades estratégicas del Estado argentino”.
“¿Qué expectativas se puede tener sobre un gobierno que viene desplegando un plan sistemático de entrega de la soberanía?”, planteó.
A partir de allí enumeró una extensa lista de áreas que, según denunció, están siendo debilitadas como “el sistema de energía atómica, ARSAT, el sistema científico y tecnológico, las universidades nacionales, las represas, la vía troncal navegable del Paraná y los derechos laborales”.
También cuestionó las políticas aplicadas sobre “Tierra del Fuego y vinculó la situación de la provincia con el modelo económico nacional”.
En ese sentido, sostuvo que desde “Ushuaia observa directamente el impacto de las políticas del Gobierno sobre el desempleo, las fábricas que cierran, los docentes que están acampando aquí”, afirmó.
El abogado reivindicó además el papel estratégico de Tierra del Fuego como territorio bicontinental y consideró que el régimen de promoción industrial no solamente tuvo una función económica, sino también poblacional y geopolítica.
“Era un régimen no solo que fomentaba la actividad económica en Tierra del Fuego, sino que permitía una política poblacional activa aquí, en esta tierra bicontinental”, explicó.
Desde esa perspectiva, cuestionó que las políticas nacionales puedan debilitar las condiciones que permitieron consolidar población, industria y capacidades estratégicas en el extremo sur.
“Milei es un experimento global”
En el tramo más político de la entrevista, Guerrero Iraola formuló una de sus críticas más duras contra el Presidente.
“Javier Milei es un experimento global que ha venido a hacer los deberes a una nueva oligarquía global que necesita de la República Argentina sus recursos naturales”, afirmó.
Según su interpretación, el Gobierno estaría construyendo una “estructura política, jurídica e institucional destinada a facilitar el acceso de intereses privados a los recursos estratégicos del país”.
Sostuvo que “ese proceso puede dejar al Estado argentino sin herramientas para tomar decisiones soberanas sobre sectores estratégicos”.
En ese marco, proyectó el escenario hacia 2027 y consideró que “el próximo gobierno podría encontrarse con áreas fundamentales del país debilitadas, el gobierno que le toque acceder al poder el 10 de diciembre del año próximo encontrará posiblemente muchas áreas estratégicas de nuestro país con el joystick desconectado para tomar las decisiones que hay que tomar”, advirtió.
“Argentina tiene todo para romperla toda”
A pesar de su fuerte crítica al Gobierno, Guerrero Iraola cerró la entrevista con una mirada optimista sobre las posibilidades estructurales de la Argentina.
Desde su rol en el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, sostuvo que existe un enorme potencial para construir un modelo de desarrollo basado en la soberanía y en las capacidades propias.
“Somos muy optimistas respecto a las condiciones y potencialidades de nuestro país”, afirmó.
Y fue todavía más contundente al sostener que “yo creo que la República Argentina tiene todo, absolutamente todo lo que el mundo requiere y todo lo que hay que tener para romperla toda, decimos, en el siglo XXI”.
Para que ese potencial pueda transformarse en desarrollo, consideró imprescindible contar con una dirigencia política a la altura y, fundamentalmente, con capacidades estatales que permitan tomar decisiones estratégicas.
“Lo que se necesita es una dirigencia que esté a la altura, y sobre todo las capacidades estatales”, sostuvo.
“De eso hablamos cuando hablamos de soberanía, de poder tomar decisiones y tener las herramientas para tomar esas decisiones que nos permitan llegar de un punto a otro”, explicó.
Enumeró, entre las principales fortalezas argentinas, el agua dulce, la capacidad energética, los minerales críticos y, especialmente, el capital humano.
“Argentina es la cuna mundial del talento”, afirmó, y destacó que existen argentinos y argentinas que alcanzan posiciones de excelencia en la ciencia, el deporte y la cultura pese a las dificultades estructurales del país.
Para Guerrero Iraola, precisamente ese potencial es el que debe ser preservado frente a las políticas que cuestiona.
“Lo que está haciendo Milei es precisamente romper esto, es quebrar el sistema soberano que nos puede permitir llegar a la construcción de un modelo de éxito, un modelo de desarrollo”, concluyó.
