Daniel Torales, excomisario del Territorio, expuso en Radio Provincia el trasfondo de la crisis que golpea a 540 familias de policías retirados: una deuda de 16 meses, una obra social suspendida hace más de un año, cinco muertes y una denuncia de 2004 sobre más de 120 cuentas donde se derivaban los fondos previsionales y cuyo destino nunca se esclareció. «Nos sentimos como parias», dijo, al confirmar que presentó junto a otros dos ex efectivos un pedido de juicio político contra el gobernador Gustavo Melella.
Ushuaia.- El comisario retirado de la Policía Territorial, Daniel Torales, brindó un extenso testimonio en Radio Provincia sobre la crisis de la Caja Compensadora que afecta a 540 familias de policías retirados en Tierra del Fuego, quienes hace 16 meses no cobran sus haberes ni obra social. Torales, que en 2007 debió pedir el retiro tras ser presionado por la jefatura de entonces, repasó dos décadas de irregularidades en el manejo de los fondos previsionales y confirmó que, junto a otros dos ex efectivos, presentó la semana pasada un pedido de juicio político contra el gobernador Gustavo Melella.
Un problema con veinte años de historia
Torales explicó que el origen del conflicto se remonta a la provincialización de Tierra del Fuego, en 1992, cuando el personal territorial pasó a depender de la policía provincial sin que existiera todavía un régimen previsional propio. Recién en 2007 se sancionó la ley 735, que en su artículo 69 establecía la equiparación salarial con Policía Federal, «pese a que algunos dicen que ya fue sacado de la ley 735 y no, sigue estando vigente», remarcó. Según su relato, esa equiparación «nunca se respetó».
El excomisario detalló que recién en 2010 se unificó la Caja previsional para el personal de origen provincial y penitenciario, y que hasta entonces «no hubo ley de Caja, no hubo ley previsional», lo que generó descuentos irregulares y hasta dobles imputaciones en los aportes de distintos sectores del personal.
«Malas inversiones» y una denuncia de 2004 que nunca se resolvió
Torales recordó que desde siempre circuló, «en el folclore popular», la versión de inversiones fallidas de la Caja: un edificio en 25 de Mayo y San Martín, un fideicomiso en Río Grande y terrenos improductivos, entre ellos uno en Los Caniles cuya venta él mismo resistió el año pasado.
El dato más fuerte de la entrevista llegó cuando repasó una denuncia penal que se remonta a 2004, impulsada en su momento junto a la entonces diputada nacional Fabiana Ríos. Según Torales, esa causa estableció que existían más de 120 cuentas a las que se derivaban los fondos previsionales, de las cuales solo se pudo determinar el titular de cinco. «No llegaban a la caja, iban a cuentas corrientes. Así nomás», afirmó, y agregó que nunca se supo el destino final de ese dinero: «Eso más bien se debería saber, pero no, no se sabe. Nunca se supo. En realidad nunca se supo».
Consultado sobre por qué no se investigó a fondo, el excomisario fue cauto pero elocuente: reconoció haberse enterado de que «hubo encargados de la caja… que se han enriquecido, aviones y otras cosas más», aunque aclaró que no daría nombres por no contar con las pruebas en forma personal.
Ascensos irregulares y un déficit de 9.000 millones de pesos
Torales también apuntó contra ascensos de personal policial «a la última jerarquía, teniendo a lo mejor una semana de antigüedad en la jerarquía anterior», que luego se retiraban con ese grado superior y afectaban el cálculo de haberes de la Caja. «Y no estamos hablando de jerarquías menores, estamos hablando de comisarios generales», subrayó.
Según sus cálculos, la deuda de la Caja con los policías territoriales retirados asciende a unos 9.000 millones de pesos, solo por los 16 meses adeudados más tres aguinaldos. «Es muchísimo dinero», sostuvo.
Sin sueldo, sin obra social y con cinco muertes en el medio
El testimonio más duro del comisario retirado fue el que describió el impacto humano del reclamo. Contó que hace más de un año está suspendida en toda la Patagonia la cobertura de Unión Personal, la obra social a la que quedan afiliados los retirados territoriales, y que eso los deja sin ningún tipo de cobertura médica.
Torales relató su propio caso: el año pasado se le disparó la glucosa a 735, fue internado y le diagnosticaron un tumor en uno de los riñones que debió operarse. «No tenemos obra social. Entonces yo no me tuve que endeudar, tuve que sacar [préstamos] los cuales no me los pude pagar. Si no fuera por eso, yo en este momento no estaba acá», relató.
El excomisario confirmó que cinco personas murieron desde que comenzó esta situación, aunque aclaró que fueron «de muerte natural». «No sé cuánto valdrá la vida de un policía», lamentó, y agregó: «Hay gente que tiene enfermedad terminal, hay gente que tiene una carga familiar con chicos con discapacidad severa».
Sobre la falta de representación gremial, fue tajante: «Nosotros ni siquiera tenemos sindicato, ni tenemos la posibilidad de tener sindicato, o sea, no podés estar criticando el accionar del Ejecutivo».
Leyes incumplidas y un Superior Tribunal que los remitió a la vía lenta
Torales enumeró una serie de intentos institucionales que, según su relato, no tuvieron respuesta: en abril el ministro Canals se comprometió ante la Legislatura a presentar una propuesta en diez días que nunca llegó; los directivos de la Caja fueron convocados en dos oportunidades por la Comisión de Seguridad legislativa y no concurrieron, y cuando finalmente se presentaron «la verdad que no dijeron absolutamente nada».
El 30 de abril, la Legislatura sancionó las leyes 1627 y 1628, que obligaban al Poder Ejecutivo a actuar sobre la situación y al Banco de Tierra del Fuego a no ejecutar las deudas contraídas por los retirados a raíz de la falta de pago. «Si uno hoy va al banco, no encuentra ningún tipo de información al respecto», denunció Torales, y remarcó que la situación de fondo tampoco se resolvió.
También recordó que presentó un escrito ante la vicegobernadora y la Legislatura pidiendo que interpelar al gobernador y al ministro, sin obtener respuesta: «No me contestaron. Entonces me sentí en la obligación de pedir directamente un juicio político».
El reclamo judicial no corrió mejor suerte: Torales contó que acudieron al Superior Tribunal de Justicia por un amparo por mora y que la respuesta fue que debían tramitarlo como un contencioso administrativo, una vía que «puede durar entre 10 y 15 años». «Y la gran mayoría, yo soy, creo uno de los más jóvenes y tengo casi 64 años… hay gente de avanzada edad que lamentablemente no creo que puedan esperar», advirtió.
El pedido de juicio político y los próximos pasos
El pedido de juicio político contra Melella fue presentado el jueves pasado por tres integrantes del colectivo de policías territoriales retirados: el suboficial mayor Alfredo Ati, el suboficial auxiliar Herrera y el propio Torales. «Había gente que estaba dispuesta a firmar, yo dije no, ya está, lo que interesa más bien es la medida, el impacto», explicó.
El trámite deberá pasar primero por la comisión investigadora de la Legislatura y, en caso de prosperar, a la sala acusadora y luego a la juzgadora. En paralelo, Torales optó por presentar su reclamo particular directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en lugar de iniciar el contencioso administrativo: «Esto no puede quedar así. El tiempo que pasa, uno no tiene garantía de nada de lo que puede suceder en vida».
Según explicó, pese a la falta de pago los retirados territoriales están obligados a seguir aportando un 8% de sus haberes a la Caja, algo que —remarcó— no ocurre con el resto de la administración pública una vez jubilada. Además, citó una resolución (la 148, ratificada luego por la 40) que establece un orden de prelación para eventuales pagos en el que los policías retirados territoriales, «los más longevos», quedan últimos, detrás del personal civil y policial provincial y penitenciario.
Torales insistió en que la responsabilidad «no es de un solo» gobierno, sino de «una trayectoria de distintos gobiernos» que no regularizaron la situación, y cuestionó especialmente que el propio Melella haya calificado el beneficio como «un ítem»: «Esto no es un ítem, esto es un beneficio otorgado», firmado en 1994 mediante un convenio Nación-Provincia y ratificado por la Legislatura mediante la resolución 85/94.
