El abogado del Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), Jerónimo Iraola, destacó el alcance de la medida cautelar dictada por la Justicia Federal de Río Grande contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, que ordenó detener las actividades vinculadas con el proyecto hidrocarburífero León Marino, al norte de las Islas Malvinas. Consideró que la resolución constituye “un enorme hito jurídico” porque reafirma la aplicación de la legislación argentina, incorpora la dimensión ambiental y envía una advertencia a empresas, accionistas e inversores. Ahora, la causa avanzará sobre la estructura financiera del emprendimiento y requerirá la intervención de Cancillería para concretar notificaciones en el exterior.
Río Grande. – El abogado del Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), Jerónimo Iraola, calificó como “histórica” la medida cautelar dictada por la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto contra las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, mediante la cual se ordenó frenar las actividades relacionadas con el proyecto León Marino, previsto al norte de las Islas Malvinas.
En declaraciones a FM La Isla, Iraola destacó especialmente los fundamentos jurídicos, ambientales y soberanos de la decisión y consideró que “el pronunciamiento representa un precedente de particular importancia para la defensa de los recursos naturales argentinos en el Atlántico Sur, es una resolución muy robusta y sustanciosa desde lo jurídico. Estamos muy satisfechos con el resultado”, afirmó.
La cautelar dispone, según explicó, que “las compañías no puedan iniciar o continuar perforaciones, obras submarinas, instalaciones portuarias ni otras actividades orientadas a la explotación comercial de hidrocarburos mientras se sustancia la cuestión de fondo y se analiza el eventual impacto ambiental asociado al emprendimiento”.
“Un enorme hito jurídico”
Para Iraola, el alcance del pronunciamiento excede la paralización preventiva del proyecto petrolero y consideró que “uno de sus aspectos centrales es que reafirma la vigencia del ordenamiento jurídico argentino respecto de actividades vinculadas con los recursos naturales existentes en los espacios marítimos correspondientes a las Islas Malvinas”.
“Una jueza de la Nación expresó que las empresas tienen que someterse a la legislación argentina, es un hecho de una relevancia sustantiva y un enorme hito jurídico”, sostuvo.
En ese sentido, afirmó que la cautelar también constituye “un mensaje de enorme relevancia en términos de soberanía” dirigido no solamente a Rockhopper y Navitas, sino también a sus directores, accionistas, inversores y a quienes intervienen en el financiamiento y desarrollo del emprendimiento.
La dimensión ambiental ocupa, además, un lugar central dentro del planteo. La acción busca actuar preventivamente frente a la posibilidad de que las actividades hidrocarburíferas puedan ocasionar daños de difícil o imposible reparación en el Atlántico Sur.
La causa ahora seguirá la ruta financiera del proyecto
Con la cautelar dictada, el expediente ingresará en una nueva etapa. Iraola explicó que “los demandantes deberán confeccionar oficios, realizar las notificaciones dispuestas por el juzgado y solicitar información a distintos organismos del Poder Ejecutivo nacional”.
Uno de los objetivos será reconstruir la estructura económica que sostiene el proyecto León Marino, esto implica identificar fuentes de financiamiento, inversores, contratistas, aseguradoras y demás actores que puedan encontrarse relacionados con el emprendimiento.
“Hay muchísimo por trabajar, ya nos pusimos a trabajar de manera denodada para garantizar el cumplimiento de todas estas cuestiones”, aseguró.
El abogado indicó que “algunas de las notificaciones ordenadas por el Juzgado Federal deberán realizarse dentro de un plazo de tres días. A partir de allí, el equipo jurídico tendrá que seguir la evolución del expediente y analizar las respuestas que presenten tanto las compañías alcanzadas por la medida como los organismos nacionales involucrados”.
La estrategia, de acuerdo con lo planteado por Iraola, no se limita entonces a impedir preventivamente determinadas operaciones, sino que apunta también a identificar el entramado financiero y empresarial que posibilita el desarrollo del proyecto.
Cancillería tendrá un papel central
La radicación de Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum fuera de la Argentina agrega una dificultad adicional: la necesidad de concretar internacionalmente las notificaciones judiciales.
En ese procedimiento, explicó Iraola, el “Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá una intervención relevante. Cancillería deberá facilitar la comunicación de la resolución y responder los requerimientos de información que formule el Juzgado Federal de Río Grande”.
De esta manera, el pronunciamiento judicial también genera obligaciones para distintas áreas del Poder Ejecutivo nacional dentro de la tramitación de la causa.
Para Iraola, uno de los efectos buscados es que “quienes participan económicamente del proyecto conozcan las implicancias jurídicas, ambientales y financieras que, desde el planteo de los demandantes, supone sostener una explotación hidrocarburífera sin autorización argentina”.
La cautelar adquiere así una dimensión económica adicional como es colocar el conflicto jurídico y soberano dentro de la evaluación de riesgos que realizan inversores, accionistas, financiadores, aseguradoras y empresas vinculadas al emprendimiento.
Una acción preventiva ambiental y soberana
Iraola aclaró además que el expediente iniciado por el CECIM y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas tiene características específicas, dado que “se trata de una acción civil preventiva de daño ambiental y soberano”.
Esta naturaleza jurídica, explicó, la diferencia de otras actuaciones vinculadas con empresas que desarrollan actividades en la zona de Malvinas.
Por esa razón, descartó inicialmente que exista riesgo de una unificación con la investigación penal iniciada en los tribunales federales de Comodoro Py contra otra petrolera relacionada con operaciones en el área.
“Son procesos distintos. Nuestra causa se tramita bajo otra materia y otro código procesal”, explicó.
La diferenciación resulta importante porque el planteo presentado ante la Justicia Federal de Río Grande busca prevenir un eventual daño antes de que se concrete, combinando en una misma acción la protección ambiental, la defensa de los recursos naturales y la cuestión de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes.
Río Grande pidió incorporarse a la causa
Iraola también valoró la decisión de la Municipalidad de Río Grande de solicitar su incorporación al expediente como tercera interesada y destacó el “compromiso asumido por el intendente Martín Perez con el reclamo vinculado con la soberanía argentina”.
“La participación del Municipio suma de esa manera un nuevo actor institucional a una causa que, desde la perspectiva de sus impulsores, excede una controversia exclusivamente ambiental y se proyecta sobre la explotación de recursos naturales y los derechos soberanos argentinos en el Atlántico Sur”, dijo.
Para el abogado del CECIM, la resolución de la jueza Borruto constituye apenas una primera instancia dentro de un proceso que “continuará requiriendo actuaciones judiciales, notificaciones internacionales, pedidos de información y seguimiento de la estructura empresarial y financiera del proyecto”.
Sin embargo, destacó que “la cautelar ya produjo un resultado que considera trascendente: trasladar una advertencia concreta a las compañías y a quienes participan de su financiamiento acerca de las consecuencias de avanzar con actividades hidrocarburíferas cuestionadas ante la Justicia argentina”.
Con la medida vigente, el equipo jurídico continuará trabajando para garantizar su cumplimiento y avanzar sobre el fondo de una demanda que articula tres ejes centrales: la prevención del daño ambiental, la protección de los recursos naturales y la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y el Atlántico Sur.
