El abogado Raúl Aciar advirtió que el mecanismo vigente para cubrir cargos judiciales quedó desactualizado frente a una realidad atravesada por una creciente influencia política y cuestionó que los consejeros puedan elegir candidatos sin explicar públicamente las razones de su voto. Sostuvo que el reglamento heredado de los años 90 ya no responde a las condiciones actuales, reveló que hubo postulantes que desistieron de concursos al considerar que el resultado estaba definido de antemano y reclamó institucionalizar una reforma que incorpore asesoramiento técnico, estudio de antecedentes y votos debidamente fundamentados. “El Estado debe explicar las razones de sus decisiones”, afirmó, y planteó que la transparencia debe servir para garantizar que finalmente sean elegidos “los mejores”.
Río Grande. – El abogado Raúl Aciar volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y el sistema utilizado para seleccionar jueces en Tierra del Fuego.
En diálogo con Radio Provincia, sostuvo que “existe una creciente injerencia política en los concursos, cuestionó la continuidad de un reglamento concebido en la década del 90 y planteó la necesidad de avanzar hacia un esquema institucional más transparente, técnico y capaz de explicar ante la sociedad por qué una persona es elegida para ocupar un cargo judicial”.
Aciar realizó sus consideraciones a partir de declaraciones públicas efectuadas por una integrante del Superior Tribunal de Justicia sobre las cualidades que deberían reunir los jueces y la necesidad de revisar los mecanismos de selección.
Si bien dijo compartir buena parte de esos planteos, aclaró que “mantiene diferencias sobre algunos aspectos y remarcó que sus cuestionamientos apuntan al funcionamiento institucional y no a personas determinadas”.
“Siempre he sido crítico, pero mi crítica es desde lo institucional, en la medida de mejorar la institución; nunca tendenciosa”, señaló.
Desde esa perspectiva, rescató especialmente una definición acerca de que la Justicia debe ser “seria, no solemne”, porque consideró que “allí se encuentra una de las claves para comenzar a recuperar la confianza social”.
Según explicó, existe un “fuerte descreimiento hacia la Justicia y esa percepción no puede separarse de determinados episodios ocurridos durante los procesos de selección”.
Como ejemplo mencionó las controversias que rodearon la designación para un juzgado de Familia y las diferencias que quedaron expuestas entre el Consejo de la Magistratura y el Superior Tribunal.
“Primero se dijo que sí, después que no, después se juntaron, se pusieron de acuerdo y después quedó todo igual que antes”, describió. Para Aciar, aquel episodio terminó convirtiéndose en un “despilfarro institucional” porque la controversia no desembocó en modificaciones concretas.
Por eso, aunque consideró positivas las expresiones orientadas a revisar el sistema y mejorar la calidad de quienes llegan a la magistratura, advirtió que “esas intenciones deben contrastarse con los hechos”.
“Me parece bárbaro que se declare la intención de mejorar y que se hable de las cualidades”, sostuvo, pero agregó que en la práctica se viene deteriorando “la intención de mejorar y de elegir al mejor en un proceso transparente”.
Un reglamento de los 90 que sigue vigente
Uno de los principales cuestionamientos de Aciar apunta directamente a la antigüedad del esquema utilizado para los concursos.
Recordó que “el Consejo de la Magistratura fue diseñado por los constituyentes provinciales durante la década del 90 y consideró que, observado desde la realidad actual, quedó fuera de contexto”.
La sociedad, explicó, cambió “profundamente desde entonces, la expansión de las comunicaciones, las redes, la circulación inmediata de información y la posibilidad de seguir incluso etapas de los concursos de manera online generaron condiciones completamente distintas de aquellas existentes cuando se creó el organismo”.
Sin embargo, “el reglamento es el mismo de los 90”, remarcó.
Para el abogado, esa continuidad resulta particularmente problemática porque las
“reglas permanecieron prácticamente inalteradas mientras que la dinámica política e institucional alrededor de la selección de magistrados se modificó significativamente”.
Aciar puso como ejemplo el concurso para cubrir el Juzgado Multifueros de Tolhuin. Según relató, hubo profesionales que “inicialmente habían decidido competir, pero desistieron cuando conocieron que volvería a utilizarse el mismo mecanismo”.
“Hay candidatos que se habían presentado a ese concurso. Cuando se anoticiaron que se utilizaba el mismo reglamento, desistieron de su candidatura”, aseguró.
Para Aciar, situaciones de esa naturaleza muestran la “distancia existente entre el discurso de mejorar el sistema y la realidad concreta de los concursos”.
“Esto es una cuestión de poder”
El abogado fue particularmente crítico al analizar la influencia de la política sobre la designación de magistrados. “Esto, digámoslo, es una cuestión de poder”, afirmó, para luego señalar que “la política tiene una gran injerencia en la selección de jueces”.
Para respaldar su planteo, relató experiencias que, según indicó, le fueron transmitidas directamente por colegas de su confianza y al respecto dijo que “Me han dicho: ‘Mirá, yo me presenté a este concurso, pero después me enteré que iba a salir fulano, entonces me di de baja’”, contó.
A su entender, cuando un profesional considera que “el resultado de un concurso está definido antes de que concluya el procedimiento, no solamente se afecta la credibilidad del Consejo, sino también la posibilidad de incorporar postulantes de calidad”.
“Esto es lo que digo: en tanto y en cuanto se deteriora, se echa a perder la posibilidad de que en un concurso salgan los mejores”, enfatizó.
Aciar sostuvo que “la injerencia política existía cuando se creó el Consejo de la Magistratura, pero consideró que actualmente adquirió una dimensión mucho más visible”.
“En los 90 no había tanta injerencia. Sí había, pero no había tanta. Hoy en día esto es manifiesto”, afirmó.
Incluso volvió sobre el caso de quienes deciden retirarse de una convocatoria porque entienden que no existen condiciones para competir: “Un candidato ya sabía quién iba a salir, entonces dijo que ‘no, yo no voy a acompañar a esta gente con mi nombre’”.
Para graficar esa pérdida de confianza utilizó una comparación deportiva al sostener que “en este partido no me anoto, no juego este deporte; yo juego otro, el reglamento del deporte que juego yo es distinto, es más serio”.
Consejeros sin asesoramiento técnico
Otro de los puntos que Aciar consideró necesario revisar es la preparación con la que los integrantes del Consejo de la Magistratura llegan al momento de evaluar a los postulantes.
Advirtió que “dentro del organismo existen miembros que no necesariamente poseen experiencia específica en la actividad forense”. Aclaró que no cuestiona esa composición en sí misma, pero sí la ausencia de una estructura de asesoramiento que permita tomar decisiones con suficiente respaldo técnico.
“Hay integrantes que todos sabemos que no son versados en lo que es la actividad forense. No digo que esté mal esto, pero el problema es que no tienen asesores o no hay una costumbre, una práctica”, explicó.
Aciar planteó que “seleccionar a un juez exige estudiar previamente antecedentes, evaluaciones, exámenes y entrevistas, y que esa tarea no debería quedar reducida únicamente a apreciaciones personales”.
“Esto requiere un estudio previo y requiere un asesoramiento de gente técnica”, señaló.
En ese marco, vinculó el problema con una práctica que consideró más amplia dentro del Estado. “La dedocracia existe”, afirmó, y recordó que “precisamente los concursos deberían funcionar como el mecanismo capaz de evitar ese tipo de decisiones”.
“La naturaleza de los concursos está para generar una posibilidad de que la transparencia traiga como consecuencia que se elijan los mejores”, explicó.
Sin embargo, sostuvo que actualmente ese objetivo, “confrontado con la realidad, está bastante lejos”.
Por eso insistió en que la discusión no debería agotarse en modificaciones aisladas: “Tenemos que institucionalizar la cosa para que, efectivamente, caminemos hacia esa posibilidad seria de elegir a los mejores”.
Votar ya no alcanza: hay que explicar por qué
Entre las modificaciones concretas propuestas, Aciar puso especial énfasis en un punto que es que “cada integrante del Consejo de la Magistratura tenga la obligación de fundamentar públicamente su voto”.
Actualmente, explicó, los consejeros pueden pronunciarse por un candidato sin desarrollar las razones que sustentan esa elección. “En el sistema que tenemos no se fundan los votos”, cuestionó.
Describió el funcionamiento con crudeza al sostener que “cada consejero dice, levanta la mano: ‘Me gusta, me gustó, chau. Este sí, este no’. No se dice por qué”.
Aciar calificó ese mecanismo como “medio arcaico” y sostuvo que resulta incompatible con las obligaciones de transparencia que deberían regir las decisiones estatales.
“El Estado debe explicar las razones de sus decisiones, y el Consejo de la Magistratura, que es el Estado que está produciendo la selección de jueces, debe decir los motivos. Esto es fundamental”, remarcó.
Destacó que “la fundamentación aparece contemplada en propuestas elaboradas para modificar el sistema” y sostuvo que “constituye una herramienta central para darle seriedad al proceso, si yo digo que me gusta uno y no me gusta el otro, debo decir por qué”.
Pero esa explicación, añadió, tampoco puede quedar librada a una impresión subjetiva. Para poder fundamentar correctamente una elección, los consejeros necesitan preparación previa y asesoramiento técnico.
Esa evaluación debería abarcar “los antecedentes”, “el examen realizado” y “la entrevista personal”, entre otros elementos. “Esto es seriamente complejo, pero no es que no sea posible. Es más, creo que es bastante fácil, porque con mucho asesoramiento y con mucho estudio previo todo esto facilita la cosa”, sostuvo.
La fundamentación también permitiría que la sociedad conozca qué criterios llevaron al Estado a depositar en determinada persona una responsabilidad judicial. “De cara a la sociedad es el Estado que está diciendo por qué elegimos a este para tal cargo. Eso hoy en día no se produce”, cuestionó.
Una reforma que, según Aciar, ni siquiera debería esperar
El abogado consideró que algunas modificaciones podrían comenzar a aplicarse aun antes de concretar una reforma integral del reglamento. En particular, sostuvo que nada impide que los consejeros comiencen voluntariamente a fundamentar sus decisiones.
“Lo que creo que sí hay que incorporar, y esto se puede incorporar incluso sin reglamento, es esta cuestión de fundar los votos”, insistió.
“No es que no se pueda, ni es que el reglamento lo exija, pero sí se puede si hay voluntad, si hay seriedad”, agregó.
Aciar reconoció que “algunos podrían considerar ingenuo esperar una transformación de esas características únicamente a partir de la voluntad institucional, pero defendió la necesidad de insistir”.
“El esfuerzo hay que hacerlo, y eso es una tarea cotidiana en la que, en lo que se pueda, hay que contribuir”, sostuvo.
También destacó que “los colegios de abogados vienen trabajando en una propuesta para modificar el mecanismo de selección” y aseguró que se trata de un esquema “ni parecido al actual”.
En paralelo, mencionó que el debate no es exclusivo de Tierra del Fuego y señaló que “a nivel nacional también se impulsaron modificaciones reglamentarias para los concursos”.
su entender, detrás de toda la discusión aparecen dos problemas centrales que deben ser abordados como lo es “la discrecionalidad y la politización”.
“Ya es hora de que se mejore”
Sobre el cierre, Aciar consideró que las recientes declaraciones provenientes del ámbito judicial pueden representar una “oportunidad para reabrir una discusión que Tierra del Fuego arrastra desde hace años”.
“Ciertamente esto ha evolucionado, ya es hora de que se mejore, y no es que no se pueda”, afirmó.
Valoró que desde el Superior Tribunal se vuelva a poner el tema sobre la mesa porque, según señaló, puede servir para “retomar el tema y profundizar” la discusión, incorporando aportes provenientes de distintos sectores.
Para Aciar, el objetivo final debe trascender cualquier disputa coyuntural dentro del Poder Judicial o del Consejo de la Magistratura. “La mejor Justicia es mejora para todos, es mejora para la sociedad y trae una serie de beneficios”, afirmó.
También advirtió que el descrédito hacia el sistema judicial constituye un problema institucional que excede incluso las fronteras provinciales, aunque eso no debería utilizarse como argumento para postergar los cambios en Tierra del Fuego.
“No es sano que en una provincia exista ese descrédito que hay con el Poder Judicial”, señaló.
En ese escenario, y mientras continúa vigente el concurso para cubrir el Juzgado Multifueros de Tolhuin, Aciar sostuvo que el primer paso consiste en reconocer que las reglas necesitan actualizarse.
“Primeramente, hay que destacar la necesidad de la reforma y del cambio”, concluyó, insistiendo en que la selección de magistrados debe dejar atrás mecanismos que considera desactualizados y avanzar hacia un modelo en el que las decisiones tengan fundamentos públicos, los consejeros cuenten con respaldo técnico y los concursos recuperen su finalidad esencial: generar condiciones transparentes para que los cargos judiciales sean ocupados por los mejores candidatos.
