La legisladora de FORJA explicó que la Provincia necesita recurrir a adelantos de coparticipación porque los ingresos no alcanzan para cubrir todas las obligaciones del Estado. También se refirió al proyecto para regularizar las tierras productivas de la Margen Sur, insistió en la necesidad de avanzar con el financiamiento educativo y sostuvo que los municipios deben colaborar frente a la crisis económica.
Río Grande. -La legisladora provincial de FORJA, Myriam Martínez, abordó distintos temas de la agenda política y legislativa de Tierra del Fuego, entre ellos la regularización de las tierras productivas de la Margen Sur de Río Grande, los adelantos de coparticipación solicitados por el Gobierno provincial y el debate por el financiamiento educativo. Además, se refirió a las diferencias internas dentro del peronismo y defendió la necesidad de reconstruir consensos políticos.
En diálogo con FM del Pueblo, Martínez también respondió a las repercusiones por su presencia en la inauguración de la casa departamental del Partido Justicialista en Río Grande, donde explicó que su renuncia a la vicepresidencia partidaria fue presentada formalmente, aunque no fue aceptada por las autoridades.
La legisladora expresó que hubo una operación mediática y afirmó que recibió información sobre publicaciones impulsadas por un funcionario municipal. “Qué mediocridad en la política, ¿no? Digo yo, ocuparte de mí. Debo ser muy importante, porque si se están ocupando expresamente de mí”, manifestó.
La legisladora explicó que “estuve participando y acompañando a los compañeros del Partido Justicialista, al presidente del partido y a todas las autoridades en un día tan importante como fue el 27 de octubre, porque es una fiesta muy importante para todos los peronistas”.
En relación con su renuncia a la vicepresidencia del partido, confirmó que “la renuncia fue al cargo, obviamente que yo soy afiliada peronista y voy a morirme dentro del peronismo. Por supuesto que sí”.
Martínez reconoció que “nosotros hemos tenido muchísimas diferencias, muchísimas diferencias. Pero eso no significa que podamos seguir conversando y tratar de reconstruir dentro de las diferencias nuestras coincidencias”.
Asimismo, reiteró que la unidad del peronismo y del campo nacional y popular es, a su entender, una condición necesaria para afrontar los próximos desafíos electorales. “No tenemos otra manera. Por lo menos lo que yo veo, y lo que vengo diciendo, y lo que vengo pregonando, y en el lugar que siempre voy a encontrar, trabajando para la unidad” comentó.
La regularización de las tierras productivas de la Margen Sur
Consultada por el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo provincial para declarar de utilidad pública, sujeto a expropiación, el macizo 67, parcela 1, de Río Grande. Se trata de tierras ubicadas en la Margen Sur donde viven y trabajan alrededor de 100 familias productoras que esperan regularizar su situación dominial.
Martínez aclaró que “nosotros no estamos expropiando, lo que estamos haciendo es declarar la utilidad pública, sujeta a expropiación. Luego comienza el proceso de expropiación, una vez que se aprueba esta ley, dando obviamente cumplimiento de la ley de expropiación”.
La legisladora recordó que “lo que estamos haciendo nosotros es ponerlos a todos los chacareros, todos aquellos que están en la Ley 287 y a esos que son del macizo 67, en las mismas condiciones y darles seguridad jurídica”.
En ese sentido, remarcó que “la falta de títulos de propiedad genera dificultades para las familias que desarrollan actividades productivas, especialmente al momento de acceder a créditos y otras herramientas de financiamiento”.
“Es tremendo no poder regularizar esta tierra porque detrás de estos proyectos hay familias enteras que están esperando una respuesta”, expresó.
Martínez destacó que “las familias enteras han invertido para que la tierra hoy sea productiva porque esa tierra antes no estaba en condiciones de ser productiva. Hubo mucho recurso, mucho dinero tuvieron que poner los chacareros para poder hacer una tierra rica y poder tener hoy los resultados que tenemos”.
La legisladora precisó que “la valuación inicial del macizo asciende a casi 124 millones de pesos, aunque se trata de un valor desactualizado. La normativa prevé actualizarlo cuando comience el proceso expropiatorio”.
“Para todo esto hay que trabajar, hay que generar las gestiones y el Ejecutivo tiene una gran responsabilidad y un desafío”, señaló, al tiempo que manifestó su expectativa de que la regularización pueda concretarse antes de que finalice la gestión de Gustavo Melella.
Adelantos de coparticipación y obligaciones del Estado
Al referirse a los adelantos de coparticipación solicitados por el Gobierno provincial, Martínez rechazó que “los anticipos que está pidiendo el Gobierno los va devolviendo. El Gobierno no tiene deuda más allá de la deuda que tenemos y que se generó en el gobierno de Rosana Bertone”.
La legisladora argumentó que “la plata que ingresa no alcanza para todas las obligaciones que tiene el Ejecutivo. Y el Ejecutivo, no solamente el Ejecutivo: tenés el Poder Judicial, tenés el Poder Legislativo, tenés los entes autárquicos y tenés el Ejecutivo de la provincia. Y tenés el envío de las obligaciones a las municipalidades”.
Martínez cuestionó las interpretaciones que, según consideró, generan confusión sobre la naturaleza de los recursos solicitados y señaló que “acá todo el mundo sabe, porque toda la información está colgada en la página del Ministerio de Economía. Es decir, todos los datos, toda la información está ahí, no se pueden hacer los distraídos”.
Además, responsabilizó al Gobierno nacional por el escenario económico que atraviesan las provincias. “Tenemos un Gobierno nacional que ha extorsionado no solamente a la provincia de Tierra del Fuego, sino a todas las provincias con el tema de los recursos”, manifestó.
Para fundamentar su postura, mencionó el impacto de la crisis sobre el empleo industrial, las prestaciones de salud, los programas educativos y los subsidios al gas. También advirtió sobre las dificultades que enfrentan las familias para sostener sus coberturas médicas y las obligaciones que debe asumir el Estado cuando las obras sociales no responden.
En ese contexto, recordó que “la Constitución es muy clara y le dice al gobernador que tiene que darle prioridad a salud, a educación y seguridad. Y luego viene el resto. Primero tiene que cumplir con estas obligaciones”.
Financiamiento educativo: pidió diálogo y participación de los municipios
La legisladora insistió en la necesidad de avanzar con una herramienta de financiamiento educativo y cuestionó que “hace dos años estamos debatiendo el financiamiento educativo. Hace dos años. El Gobierno presentó un proyecto hace dos años. Nosotros teníamos la presidencia de las comisiones, hoy no las tenemos. Hoy tampoco están los votos”.
Martínez afirmó que el oficialismo legislativo debe estar dispuesto a revisar la iniciativa y escuchar alternativas, pero reclamó que quienes se oponen presenten propuestas concretas para garantizar los recursos. “No te gustan estas propuestas. ¿Cuáles son las tuya? ¿De dónde sacamos los recursos?”, planteó.
En esa línea, aclaró que “este es un proyecto a largo plazo que se va a garantizar si en el futuro tenés un ingreso más que importante para acompañar al sistema educativo con todos los otros recursos que el Estado sí acompaña”.
La legisladora dimensionó el esfuerzo presupuestario que implica sostener la educación pública y señaló que “el Estado destina alrededor de 33.000 millones de pesos a salarios, mientras que unos 53.000 estudiantes asisten a establecimientos públicos”.
También mencionó el acompañamiento económico a las instituciones educativas privadas y de gestión social, y advirtió que algunas familias dejaron de poder afrontar las matrículas y debieron regresar a las escuelas públicas.
Consultada sobre sus declaraciones respecto de la participación de los municipios en el financiamiento educativo, Martínez ratificó su posición y consideró que “para mí, todos tienen que ayudar al financiamiento educativo. Todos tenemos que colaborar con el financiamiento educativo porque el problema lo vamos a tener todos”.
En ese marco, advirtió que las dificultades económicas y financieras no desaparecerán con un cambio de gobierno y que las próximas gestiones también deberán afrontar las consecuencias de la situación actual.
La crisis de la Caja de la Policía y las decisiones pendientes
Martínez también se refirió al proyecto que busca atender la emergencia del sistema previsional de la Policía y del Servicio Penitenciario provincial. Al respecto, sostuvo que “hace años se vienen votando leyes, se están dando concesiones que no corresponden, sin tener ningún tipo de respaldo económico”.
La legisladora señaló que “hay que sentarse, hay que trabajar, hay que tomar decisiones. A veces no son lindas las decisiones que vos tenés que tomar. No son lindas, no gustan porque son que vos tenés que hacer frente a errores o a malas decisiones que han tomado otros. Pero bueno, tenés que resolverlas. Para eso te votaron”.
La deuda con Río Grande y la relación con Melella
Consultada por el reclamo del Municipio de Río Grande respecto de la deuda que mantiene la Provincia, Martínez cuestionó que se atribuya directamente al gobernador Gustavo Melella una supuesta intención de perjudicar a la ciudad.
“¿No tendrá la culpa Gustavo Melella también en eso? Me pregunto. Porque capaz que la tiene también. ¿O van a decir que Gustavo Melella tiene una diferencia con el municipio de Ushuaia y está perjudicando a Río Grande?”, planteó.
La legisladora recordó que “Gustavo Melella fue dos veces intendente de la ciudad de Río Grande. Y ha acompañado a Río Grande siempre. A ver, no está en su ser perjudicar a nuestra ciudad bajo ningún punto de vista. Esto es diálogo político”, afirmó.
Finalmente, remarcó que “la provincia tiene una obligación, primero lo que fija la Constitución: la salud, la educación y la seguridad; y luego ir administrando y enviando los recursos como corresponde para la Municipalidad de Ushuaia, para la Municipalidad de Tolhuin y para la Municipalidad de Río Grande. Eso es lo que yo pienso”, concluyó.
