Día: 16 de octubre de 2026

En una soleada tarde de jueves, las comunidades educativas de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) protagonizaron una nueva movilización en Río Grande. Las columnas partieron desde sus respectivas sedes y confluyeron en la Plaza de las Américas, donde se dio lectura a un extenso documento que reclamó al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial de docentes y no docentes, la actualización de las becas estudiantiles y mayores recursos para la ciencia y la tecnología. La convocatoria contó con el acompañamiento de organizaciones sindicales, sociales, políticas, centros de estudiantes y veteranos de guerra de Malvinas. Río Grande

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El intendente de Río Grande, Martín Pérez, lanzó una fuerte advertencia por el crecimiento de la deuda de coparticipación que mantiene el Gobierno provincial con el Municipio, que pasó de 16.000 a 17.000 millones de pesos, y alertó que la demora, cercana a los 40 días, amenaza la continuidad de los servicios públicos. Sin descartar acciones administrativas y judiciales, reclamó que se regularicen las transferencias y advirtió que no permitirá que eventuales diferencias políticas perjudiquen a los vecinos. También cuestionó el ajuste del Gobierno nacional sobre las universidades públicas y la industria fueguina, denunció la pérdida de casi 6.000 empleos manufactureros y defendió la educación, la producción y la soberanía como pilares del desarrollo provincial. Además, planteó la necesidad de

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El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), Oscar Bahamonde, anunció un régimen especial de regularización de deudas que estará vigente hasta el 31 de diciembre, con financiación de hasta 60 cuotas y la posibilidad de cancelar obligaciones en seis pagos sin interés. Reconoció que la morosidad pasó de niveles del 6 o 7% a porcentajes de entre el 8 y el 10%, reflejando las dificultades económicas que atraviesan los contribuyentes. Además, advirtió que la caída de la actividad industrial, comercial y petrolera redujo la participación de la recaudación propia en los ingresos provinciales, que actualmente ronda el 35%, frente al 40% alcanzado en otros períodos. Defendió la actualización del impuesto inmobiliario rural, cuestionó las críticas por supuestos

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