El legislador de Provincia Grande, Matías Lapadula, cuestionó duramente el proyecto de financiamiento educativo impulsado por el Gobierno provincial, aseguró que carece del consenso necesario para convertirse en ley y advirtió que no ofrece soluciones de fondo para la educación pública. Señaló que el Ejecutivo prevé destinar 538 mil millones de pesos al sistema educativo durante 2027, equivalentes a unos 12 millones de pesos anuales por alumno, y exigió explicaciones sobre el destino de esos recursos. También denunció que la Provincia utiliza fondos que pertenecen legalmente a los municipios para afrontar sus dificultades financieras, reclamó que las deudas con Nación no afecten la coparticipación municipal y anticipó que buscará consensuar un presupuesto que preserve los beneficios fiscales de los pequeños contribuyentes.
Río Grande.- En diálogo con el programa Costo Político, por Radio Provincia, el legislador de Provincia Grande, Matías Lapadula, realizó un fuerte análisis de la situación económica e institucional de Tierra del Fuego, cuestionó la estrategia del Gobierno de Gustavo Melella para avanzar con el financiamiento educativo y advirtió sobre las consecuencias de la falta de transparencia en la administración de los recursos públicos.
El parlamentario vinculó directamente el conflicto educativo, las dificultades financieras del Ejecutivo, el endeudamiento provincial y las millonarias deudas de coparticipación con los municipios, al considerar que todos estos asuntos deben formar parte de una discusión integral del Presupuesto 2027.
En ese contexto, sostuvo que el proyecto de financiamiento educativo presenta importantes inconsistencias, no garantiza una solución al reclamo salarial docente y pretende incorporar nuevos recursos sin explicar adecuadamente cómo se utilizan los fondos que actualmente recibe el sistema.
Asimismo, cuestionó que “el oficialismo haya presentado como consensuado un dictamen que no logró reunir los votos necesarios para su aprobación y atribuyó la iniciativa a un acuerdo político entre el gobernador Gustavo Melella y el dirigente sindical Horacio Catena”.
“No se puede decir que existe consenso cuando no están los ocho votos”
Lapadula se refirió a la decisión de la Legislatura de pasar a cuarto intermedio hasta el 17 de noviembre, luego de que no se alcanzaran los acuerdos necesarios para avanzar con el proyecto de financiamiento educativo.
El legislador manifestó su desacuerdo con esa resolución y consideró que “la discusión debería incorporarse directamente al tratamiento del Presupuesto provincial”.
“Lamentablemente se tomó la decisión de hacer un cuarto intermedio, cuestión con la que yo no estoy de acuerdo”, señaló, aunque adelantó que continuará trabajando para construir una alternativa.
En ese sentido, afirmó que buscará presentar “una propuesta seria y alternativa a este proyecto”, al que atribuyó “serias inconsistencias” y sostuvo que “no resuelve en ninguna medida los problemas de financiamiento de la educación pública”.
Uno de sus principales cuestionamientos estuvo dirigido a la interpretación política del dictamen obtenido en comisión y al respecto dijo que “no se puede decir que esto es un dictamen de consenso, porque si tuvieran consenso hubiesen tenido los ocho votos”, expresó.
Explicó que “una mayoría circunstancial dentro de una comisión legislativa no significa necesariamente que exista el respaldo suficiente para sancionar una ley, el consenso se tiene que reflejar en los ocho votos que hacen falta para sancionar una ley. Si no los tienen, claramente no hubo consenso”, remarcó.
Además, recordó que “las diferencias alcanzaron al propio oficialismo, cuyos representantes no mantuvieron una posición unificada durante el tratamiento de la iniciativa, ese dictamen generó tantas dudas que hasta el propio bloque oficialista votó dividido”, puntualizó.
Lapadula apuntó contra Melella y Catena por el acuerdo educativo
El legislador también formuló cuestionamientos políticos sobre el origen del proyecto y la insistencia del Ejecutivo en obtener su aprobación.
Según su interpretación, la iniciativa responde a un compromiso asumido por el gobernador Gustavo Melella con el dirigente sindical Horacio Catena para superar el prolongado conflicto docente.
“Este proyecto de ley es un compromiso de Gustavo Melella con Horacio Catena. Necesitaban salir de un conflicto que llevaba 45 días, hicieron un acuerdo entre ellos porque, convengamos, son socios políticos”, afirmó.
Lapadula consideró que “ese entendimiento permitió trasladar la discusión desde la administración de los recursos educativos hacia la responsabilidad de los legisladores de aprobar nuevas fuentes de financiamiento”.
También acusó al Ejecutivo de intentar imponer sus iniciativas sin admitir modificaciones ni construir acuerdos con las distintas fuerzas políticas y al respecto dijo que “el Gobierno tiene esa costumbre de querer llevarse puesta a la Legislatura y querer a toda costa que se aprueben sus propuestas sin ningún tipo de diálogo, sin cambios”, cuestionó.
Para el representante de Provincia Grande, el debate no puede reducirse a determinar cuánto dinero adicional se destinará a educación, sino que debe comenzar por una evaluación concreta de la utilización del presupuesto existente.
Educación: 538 mil millones de pesos y 12 millones anuales por alumno
Uno de los puntos centrales de sus declaraciones estuvo relacionado con el volumen de recursos previstos para el sistema educativo provincial.
Lapadula señaló que “de acuerdo con el proyecto de Presupuesto 2027 remitido por el propio Poder Ejecutivo, se contemplan aproximadamente 538 mil millones de pesos para educación, destinados a una matrícula cercana a los 45 mil estudiantes de todos los niveles, incluida la educación superior, estamos hablando de 12 millones de pesos por alumno por año”, precisó.
A partir de esa cifra, planteó la necesidad de discutir qué “resultados produce semejante inversión y por qué persisten problemas salariales, edilicios y de funcionamiento en los establecimientos educativos”.
“Acá la verdadera pregunta que se debiera hacer desde todos lados, pero sobre todo desde la educación y desde el gremio, es por qué esos 12 millones de pesos no llegan ni a las aulas ni a los edificios escolares y mucho menos al salario docente”, sostuvo.
El legislador insistió en que “el problema no puede abordarse exclusivamente mediante la incorporación de nuevos fondos, sin una revisión previa de la estructura de gastos y de las prioridades presupuestarias”.
En ese marco, cuestionó que “el acuerdo político y sindical termine desplazando la responsabilidad del Ejecutivo de rendir cuentas sobre la utilización del dinero destinado a educación”.
Según expresó, se pretende instalar que “el obstáculo son los legisladores que se resisten a aprobar recursos adicionales, cuando todavía no existen explicaciones suficientes sobre el destino de los fondos disponibles”.
Lapadula sintetizó su crítica al advertir que se busca aportar más recursos “a una bolsa que está rota y nadie sabe dónde cae esa plata”.
Por esa razón, reiteró que “el financiamiento educativo debe discutirse junto con el Presupuesto 2027, de manera que puedan analizarse integralmente los ingresos, las erogaciones y las posibilidades reales de atender los reclamos del sector”.
Presupuesto 2027: cuestionamientos por la ausencia del jefe de Gabinete
En relación con el inicio del tratamiento presupuestario, Lapadula explicó que “la primera jornada estuvo destinada a recibir las exposiciones del ministro de Economía, Alejandro Barroso, y del titular de la Agencia de Recaudación Fueguina, Oscar Bahamonde”.
Indicó que “los legisladores escucharon las presentaciones y formularon consultas sobre distintos aspectos del proyecto, aunque también cuestionó la ausencia del jefe de Gabinete, por tercer año consecutivo no aparece en la presentación del presupuesto”, observó.
Precisó que la reunión estaba convocada para las 10 de la mañana y que recién alrededor de las 11 ingresó una nota comunicando que el funcionario no podría asistir.
Más allá de esa situación, destacó la importancia institucional del tratamiento presupuestario y anticipó que será necesario estudiar detalladamente las modificaciones propuestas, especialmente aquellas relacionadas con la legislación tarifaria.
“Hay cuestiones que tienen que ver con la modificación de la tarifaria que en muchos casos no compartimos”, adelantó.
Defensa de los pequeños contribuyentes: rechazo a eliminar beneficios fiscales
Durante la exposición de las autoridades económicas, Lapadula planteó una preocupación concreta vinculada con la intención del Gobierno de suspender el beneficio fiscal destinado a los contribuyentes cumplidores.
Según explicó, el proyecto presupuestario contempla dejar sin efecto ese beneficio durante un año, con posibilidad de extender la suspensión por otro período.
La propuesta generó inquietud entre comerciantes, empresarios y representantes de cámaras empresariales que se comunicaron con el legislador para manifestar su preocupación.
Lapadula sostuvo que “eliminar ese reconocimiento significaría castigar a quienes, pese a la crisis económica, continúan cumpliendo sus obligaciones tributarias”.
Recordó que “numerosos comerciantes realizan importantes esfuerzos para sostener sus actividades, conservar puestos de trabajo y mantenerse al día con sus impuestos”.
En ese escenario, consideró injustificado retirar uno de los pocos beneficios que reciben.
Durante el intercambio con Bahamonde, solicitó precisiones sobre cuánto dinero adicional recaudaría la Provincia mediante esa modificación y planteó la posibilidad de encontrar alternativas que no perjudicaran a los pequeños contribuyentes.
De acuerdo con lo conversado, señaló que “podría evaluarse una modificación limitada a los contribuyentes de mayor tamaño, que serían aproximadamente 200, preservando el beneficio para la mayoría de los comercios y pequeños contribuyentes fueguinos”.
El legislador manifestó que “quedó planteado un compromiso de revisar la propuesta y expresó su expectativa de que esa modificación finalmente se concrete”.
De esta manera, anticipó que “uno de sus objetivos durante el debate presupuestario será evitar que las necesidades financieras provinciales terminen trasladándose a los sectores comerciales más vulnerables”.
Impuesto inmobiliario: advirtió que quitarles esa recaudación a los municipios agravaría la crisis
Otro de los asuntos abordados fue la situación del impuesto inmobiliario y la normativa que contempla trasladar su percepción al Estado provincial.
Lapadula recordó que “la aplicación de esa disposición permanece suspendida mediante sucesivas prórrogas y que la última vence a fines de este año”.
Explicó que “actualmente existen dos proyectos legislativos: uno destinado a derogar el capítulo de la ley que establece el traslado del tributo a la Provincia y otro, de su autoría, que propone suspender nuevamente su aplicación por un año”.
También recordó que “Gustavo Melella, cuando era intendente de Río Grande, se había opuesto a esa legislación y posteriormente prometió derogarla si llegaba a la Gobernación, llevamos siete años de Gobierno de Gustavo Melella y no se ha cumplido con esa promesa”, cuestionó.
El legislador consideró probable que “durante diciembre vuelva a aprobarse una prórroga, aunque advirtió que la situación financiera de los municipios vuelve especialmente delicada cualquier posibilidad de modificar la titularidad de ese recurso”.
Señaló que “en medio de los atrasos de coparticipación, quitarles a los gobiernos locales una parte importante de su recaudación propia profundizaría las dificultades para sostener sus administraciones y servicios”.
Deuda con Nación: exigió que los municipios no paguen los anticipos recibidos por la Provincia
Lapadula también se refirió al convenio firmado entre el Gobierno provincial y el Ministerio de Economía de la Nación para establecer la devolución de anticipos de coparticipación.
Explicó que “el acuerdo involucra una deuda provincial de aproximadamente 85 mil millones de pesos entre capital e intereses, sobre la cual se contempla una compensación con alrededor de 6 mil millones de pesos que Nación adeudaría a la Provincia por distintos programas”.
El entendimiento establece que la devolución se realizará en ocho cuotas a partir de mayo de 2027, por lo que deberá incorporarse al proyecto de presupuesto del próximo ejercicio.
Sin embargo, el legislador puso especial énfasis en impedir que esas obligaciones financieras afecten los recursos que corresponden a los municipios.
Recordó que “cuando la Legislatura ratificó los primeros convenios vinculados con los anticipos nacionales, se incorporó un artículo específico para proteger la coparticipación municipal”.
“Agregamos a esa ratificación un artículo especial donde dice de manera clara y explícita que de ninguna manera estos intereses o devolución de los anticipos pueden afectar a los recursos que son de los municipios”, explicó.
Señaló que “esa disposición fue impulsada por él junto con otros legisladores para evitar interpretaciones que permitieran trasladar parte de la deuda provincial a las administraciones municipales”.
No obstante, reconoció que “la existencia de normas no garantiza por sí sola su cumplimiento, la normativa existe y, sin embargo, hacen lo que quieren y no transfieren como corresponde los recursos”, advirtió.
En consecuencia, sostuvo que “los funcionarios tienen la obligación de respetar las disposiciones legales y que cualquier incumplimiento puede generar responsabilidades por acción u omisión en el ejercicio de la función pública”.
“La coparticipación no es un gasto del Gobierno: es plata que pertenece a los municipios”
Uno de los cuestionamientos más contundentes de Lapadula estuvo dirigido a la manera en que el Ministerio de Economía presentó las transferencias de coparticipación municipal durante la exposición presupuestaria.
El legislador relató que “en uno de los cuadros utilizados para explicar los gastos provinciales, los fondos destinados a los municipios aparecían identificados como una erogación del Gobierno”.
Esa clasificación motivó una intervención directa de su parte, al considerar que “refleja una concepción equivocada sobre la naturaleza jurídica de esos recursos, cuando vos considerás que es un gasto del Gobierno, entendés por qué hacen lo que quieren y transfieren cuando quieren”, cuestionó.
Aclaró que, más allá de los criterios técnicos de registración contable, la “coparticipación municipal no constituye un recurso del cual el Ejecutivo pueda disponer discrecionalmente, esas transferencias son por ley y por la Constitución de la Provincia, y son fondos que les pertenecen a los municipios”, enfatizó.
Para Lapadula, presentar esos recursos como un gasto ordinario de la administración provincial contribuye a explicar por qué los gobiernos locales terminan dependiendo de las decisiones financieras del Ejecutivo.
Advirtió que “si esa situación continúa, los municipios permanecerán condicionados por las prioridades del Gobierno provincial y por su disponibilidad de fondos”.
En ese contexto, consideró que “posiblemente deban impulsarse otras medidas institucionales para garantizar que las transferencias se realicen de manera regular, más allá de las prioridades, lo que hay que hacer primero es cumplir la Constitución y la ley”, sentenció.
Los municipios sufren una doble pérdida de recursos
Lapadula también rechazó los argumentos oficiales que justifican los atrasos en las transferencias municipales a partir de la caída de los recursos provenientes de Nación.
Reconoció que “la disminución de la coparticipación federal afecta las finanzas provinciales, pero advirtió que ese mismo fenómeno repercute directamente sobre los municipios”.
Explicó que “los gobiernos locales no reclaman recibir montos equivalentes a los de períodos anteriores, sino que se les transfiera el porcentaje legal correspondiente a los ingresos efectivamente percibidos”.
Para ilustrarlo, utilizó un ejemplo: si anteriormente la Provincia recibía 100 pesos y ahora recibe 90, los municipios deben percibir el porcentaje que les corresponde sobre esos 90 pesos.
El problema, según denunció, es que “el Ejecutivo provincial tampoco está transfiriendo íntegramente esa proporción, los municipios se ven doblemente afectados en sus recursos, no solo porque la Nación manda menos y la coparticipación federal cae, sino porque además de esa coparticipación federal que cayó, el Gobierno no les manda ni siquiera lo que por ley les corresponde”, explicó.
El legislador remarcó que “la crisis financiera obliga a todas las administraciones a adecuar sus gastos, pero no habilita a utilizar recursos ajenos para cubrir desequilibrios propios, hay que adecuarse a los recursos que le pertenecen a cada uno y no financiarte con los que no son tuyos”, afirmó.
Buscará acuerdos para aprobar el Presupuesto 2027
Finalmente, el legislador confirmó que “continuará participando de las reuniones de la Comisión de Economía y Presupuesto, en las que expondrán las distintas áreas del Ejecutivo provincial”.
Indicó que “el cronograma contempla encuentros durante los martes, miércoles y jueves de las próximas semanas, con la participación de funcionarios responsables de explicar las previsiones de ingresos y gastos de sus respectivas dependencias”.
Entre las exposiciones previstas mencionó a la Secretaría de Malvinas y al organismo provincial de vivienda, además de otras áreas gubernamentales.
Lapadula manifestó que “su intención es avanzar en una discusión seria con el Ministerio de Economía, revisar las partidas y modificaciones tributarias propuestas y construir los acuerdos necesarios para emitir un dictamen”.
“La voluntad, por lo menos mía y de varios de los legisladores que conformamos la Comisión de Presupuesto, es sacar un dictamen, darle tratamiento y aprobar un presupuesto para el año que viene”, sostuvo.
De esta manera, dejó planteada una posición que combina la necesidad de garantizar el funcionamiento institucional de la Provincia con el reclamo de mayor transparencia sobre la utilización de los fondos públicos, la protección de los contribuyentes y el respeto a los recursos municipales.
El legislador insistió en que “el financiamiento educativo debe discutirse dentro de ese marco general y no mediante iniciativas aisladas que, a su entender, no resuelven los problemas estructurales”.
