El economista Juan Pablo Deluca encendió un alerta adicional que se desprende de la letra del decreto 111/2025, porque no solamente se incorpora al Estado nacional como uno de los actores que pueden hacer uso del FAMP. La norma habla de la distribución de los “fondos percibidos” y no los acumulados, que se conforman con los intereses devengados por las colocaciones financieras de los recursos que se recaudan. Por cada cien pesos, a lo largo de un año se sumarían otros treinta en concepto de intereses, y ese dinero podría ser utilizado discrecionalmente por la gestión Milei. “El decreto abre la puerta a reducir a la mitad todo el fondo”, afirmó.
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