El Senador Nacional Pablo Daniel Blanco mantuvo ayer por la mañana una reunión con José Luís Iglesias y Gabriel Clementino, autoridades de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande, donde conversaron sobre la reactivación del comercio en este contexto de gradual salida de la cuarentena.
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Lo afirmó la consejera Maia Gessaga, quien presentó un pedido de informes y además hizo reserva de accionar penalmente contra el rector Juan José Castelucci. Recordó que el órgano rector de la casa de estudios es el Consejo Superior y, para suspender las elecciones debe ser convocado previamente. Afirmó que ni la junta electoral ni el rector de por sí están facultados para tomar esta decisión y acusó a Castelucci de “esconder el protocolo” que le había sido entregado y no girarlo a la junta, que se basó en la falta de esta documentación para plantear que no están dadas las condiciones para los comicios.
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Desde la Unión Empleados de Justicia de la Nación destacaron la tarea que vienen desempeñando los trabajadores y las trabajadoras del sector en el marco de la pandemia. Mencionaron que durante la feria extraordinaria “sufrimos el desprestigio y la queja de muchos abogados, también de otros sectores”. Pero dicen que en la actualidad “nada se dice del servicio de justicia y la labor judicial de los empleados, funcionarios y magistrados, que desde hace cuarenta y cinco días, cumplimos funciones de manera presencial y remota”.
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Para cuando se vuelva a la actividad regular, la aerolínea de bandera en fusión con Austral, se preparan para el mantenimiento de este tipo de transporte. En el caso de Río Grande, la iniciativa está sujeta a la decisión tomada por el grupo empresarial Mirgor de contratar vuelos chárteres para la exportación al continente de teléfonos celulares y respiradores. Ahora analizan extender los vuelos de cargas hacia otros sectores del polo industrial fueguino.
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Ayer se destrabó definitivamente el conflicto instalado en las dos sucursales de Diarco de la provincia. Desde el Sindicato de Camioneros confirmaron que, como resultado de las negociaciones, “la empresa Diarco se compromete a registrar a choferes y peones que estaban tercerizados para ese servicio, bajo el convenio colectivo de trabajo”. Adelantaron estrictos controles por el trabajo no regulado y violaciones al convenio.
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La audiencia se realizó este martes y se transmitió a través de la red social Facebook. El Fiscal Mayor Guillermo Quadrini realizó su alegato ante el Tribunal de Juicio, y solicitó una pena de 9 años de prisión para Gerardo Núñez acusado de incendiado la casa de sus ex parejas e hijas, en un hecho ocurrido el año pasado.
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