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El secretario de Hidrocarburos Alejandro Aguirre destacó los beneficios de la obra adjudicada a la empresa CONINSA, que prevé la unión de los gasoductos Fueguino y San Martín. Afirmó que traerá réditos sociales y económicos, porque va acompañada de una inversión privada en una planta de GLP que evitará la adquisición a Bahía Blanca, además aumentará las regalías y dará previsibilidad para satisfacer la demanda de gas natural. Recordó que hoy el Estado sostiene el subsidio de gas envasado a 8 mil familias y se debe adquirir fuera de la provincia el 50% del volumen necesario para la demanda que existe.

El secretario general del sindicato del Petróleo y Gas Privado Luís Alberto Sosa fue crítico de la petrolera de bandera ante los reiterados problemas por derrames de hidrocarburos. Aseguró que desde el gremio informan a la secretaría, porque no lo hace la empresa, y cuestionó que no se la toque “ni con una caña” porque pertenece al Estado. Respecto de la presentación de ROCH en concurso de acreedores, pidió a los trabajadores que estén tranquilos y afirmó que seguirán cobrando sus salarios. Lo que se busca es salvar a la empresa, que “tiene que hacer unos pozos, hay buenos proyectos y esperemos que esta situación les cambie el panorama en cuanto a la inversión que tienen que hacer”, dijo.

Hoy pasarán por las comisiones la Secretaria de Planificación, la de Desarrollo Social y el Secretario de Gestión Ciudadana. El presidente del Concejo Deliberante dijo que hay expectativas por conocer la ejecución de este año durante la pandemia además de las proyecciones para 2021. Destacó la importante inversión social y en salud, además de la obra pública, que gran parte se realizará por iniciativa privada. También informó sobre la puesta en marcha del programa Transparentar, por el cual se puede acceder a la información del Concejo a través de la web oficial. Además planteó la necesidad de contar con un edificio propio, y espera que, una vez regularizado el terreno del Concejo, se pueda hacer un canje por la edificación.

El secretario general Julio Ramírez cuestionó la demora en el inicio de la obra pública por falta de pago de las deudas que mantiene el gobierno con varias empresas. Aseguró que en el ministerio a cargo de Gabriela Castillo “no mueven los papeles” y la hizo responsable de la situación crítica de los trabajadores. Le recomendó que, si su personal no le responde, lo cambie, y advirtió que la temporada es muy corta para seguir esperando. Aseguró que mantiene diálogo con el gobernador Melella pero “hace un año” viene prometiendo que las obras van a comenzar. De parte de las empresas la respuesta es la misma: nadie quiere empezar porque no cobran.

Se trata de una inversión público-privada, que apunta a la consolidación del laboratorio de genética largamente anunciado, con fines de exportación. El subsecretario de Producción Emiliano Olmedo destacó la alianza estratégica entre el sector público, los productores, el asesoramiento del INTA y el SENASA, para lograr el objetivo de diversificar la matriz productiva. El montaje del centro demandará una suma que ronda entre los 20 y los 30 millones de pesos y estaría en funcionamiento a partir de diciembre del año próximo.